El ex vicepresidente de Papel Prensa y poseedor de acciones de David Graiver, Rafael Ianover, declaró en la Justicia, esta mañana.
- “Desconocía el importe por el que se vendía, así como las condiciones de venta”, y manifestó que no recibió una copia del convenio. Además, confesó “que el temor y el terror que vivía” no le permitieron leer el documento. “Era voz corriente en ese momento que había detenidos desaparecidos” y que quería protegerse y proteger a su familia, como dijo a los fiscales.
En la audiencia participaron los fiscales
Marcelo Molina,
Carlos Dulau Dumm y
Hernán Schapiro y los abogados de los diarios Clarín y La Nación, quienes por primera vez realizaron preguntas.
Rafael Ianover expresó que “sólo se limitó a firmar” y que “una de las condiciones del contrato era que la firma
FAPEL podía transferir a otros compradores, lo cual no es normal en este tipo de transacciones”.
El testimonio del ex vicepresidente de Papel Prensa es contundente: los fiscales le preguntaron si “tuvo temor” luego de firmar la venta de las acciones el 2 de noviembre de 1976. Ianover respondió que sí y que lo “llamó un asesor del directorio de la compañía, el día antes de que lo detuvieran, quien le dijo que iba a hablar con (el ex dictador Roberto) Viola, quien nunca lo llamó”. Al día siguiente lo detuvieron. Frente a los fiscales, Ianover atribuyó su detención a su cargo dentro de Papel Prensa. “La presión que existía en esos meses era tremenda, y sabían que los iban a detener”, afirmó.
- “Insistió en que firmó algo que no pudo leer ni conocer las cláusulas, que fue detenido, sus bienes interdictados, sometido a la CONAREPA, que lo echaron de la bolsa de cereales y que perdió su empresa”, explicó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, a la salida de los Tribunales Federales de La Plata, donde el ex vicepresidente de Papel Prensa declaró durante casi tres horas y media.
Pasadas las 10 de la mañana,
Rafael Ianover llegó al edificio de la calle 8 de la capital provincial donde lo esperaban los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos como querellantes en la causa que investiga los presuntos
delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1977, cuando Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de las acciones de Papel Prensa. Cerca de las 11:30 comenzó la audiencia, que finalizó minutos después de las 15:30.
Los abogados de La Nación, Alfredo Gascón y Alejandro Pérez Chada, y el abogado de
Clarín, Hugo Wortman Jofré, participaron como letrados de la defensa de los empresarios de los diarios. Es la primera audiencia en la que los “grandes diarios” fueron representados, luego de que el lunes 6 de septiembre se presentaran ante los fiscales que tienen delegada la instrucción de la causa por decisión del juez Arnaldo Corazza, y se autoimputaran para tener el beneficio de acceder al expediente y a las declaraciones.
Más allá de cuestiones formales, los abogados de la defensa pidieron que Ianover ratifique si había o no estado en la
Escribanía Poggi, donde los diarios depositaron parte del dinero de la operación de “venta”.
Rafael Ianover dijo que no conoció el lugar e insistió en que firmó los documentos de venta sin poder leerlos y que nunca “cobró un peso”.
Los representantes de los diarios pidieron a los fiscales que Ianover conteste si conocía las presiones de
Montoneros a la familia Graiver. El ex vicepresidente de Papel Prensa respondió que desconocía esas amenazas y consideró la hipótesis como un
“artilugio de FAPEL y las Fuerzas Armadas”. Y agregó: “Es inaudito vender un patrimonio de esa naturaleza sin saber de forma racional quién era el verdadero comprador.”
- Las preguntas de los abogados de Clarín y La Nación marcan una línea de defensa que considera que los Graiver vendieron presionados, pero no por los militares y los diarios, sino por Montoneros. La estrategia empresarial es intentar descartar así la acusación de “asociación ilícita” de la querella. Sin embargo, se exponen a quedar presos de su propio juego: una conclusión posible en maniobra es que los empresarios se aprovecharon de la situación de riesgos del Grupo Graiver, lo que tampoco los dejaría sin responsabilidades.
“Seguramente, vamos a presentar más documentación próximamente”, anticipó luego de la audiencia,
Luis Alén, quien el martes presentó junto al secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde, un pedido de indagatoria y eventual procesamiento de
Bartolomé Mitre (de La Nación) y Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble (de Clarín) por delitos de lesa humanidad como extorsión, secuestros y torturas.
Los fiscales advirtieron que estudiarán las 27 mil fojas digitalizadas que entregó el organismo dependiente del Ministerio de Justicia que son la base documental del
informe Papel Prensa - La Verdad presentado el 24 de agosto por la presidenta en Casa Rosada.
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