"GAUCHO" O "HUMMER" (LIBERACIÓN O DEPENDENCIA) y OTRAS CUESTIONES

Esta nota también podría titularse: «NARCOS, el nuevo brulote yanky para someter a Latinoamérica».

El giro de la política argentina sobre la participación del Ejército en tareas de "combatir a los narcos" (como quieren los U.S.A.) o "enfrentar el problema mundial de las drogas" (UNASUR) es complejo y contradictorio, pero pareciera que en ésta van a ganar los malos...


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Reflexiona el especialista Norberto Emmerich:

«La presión del Departamento de Estado, la DEA y la prensa mundial se tropieza con la realidad pero se lleva muy bien con los giros de la política del gobierno argentino.

»Cuando la presidente argentina ordena al Ejército que se haga cargo de los patrullajes en la frontera norte del país, tarea para la cual busca la ayuda de Estados Unidos, construye al mismo tiempo la tríada Estados Unidos-narcotráfico-Fuerzas Armadas, el clásico patrón de militarización de nuestras sociedades latinoamericanas.

»Los debates en curso sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico cumplen con la función de hacer viable la política mediante un lenguaje que lo haga posible, volviendo aceptables determinadas prácticas políticas que escaparán de la normalidad democrática para instaurar una instancia de “excepcionalidad”. Habitualmente se sostiene que las ideas son tributarias de una triple dicotomía entre los hechos, los acontecimientos y las representaciones que de ellos se hacen los actores o los espectadores. Pero la energía del lenguaje indica que las prácticas “excepcionales” son posibles porque se han vuelto aceptables mediante lenguajes aceptables. Las repetidas imágenes que muestran a un presunto “enemigo” permiten prescindir de la democracia con el consentimiento de la misma democracia, puesto que la modernidad se ha asentado en determinadas formas militares de autolegitimación política. Como dice Ülrich Beck [1]: “en consecuencia, milicia, caso de guerra, etc., no son sólo términos geoestratégicos y de política exterior, buscan también una forma de organización de la sociedad en el interior, no militar pero conforme a lo militar”.

»Y ese “nuevo” lenguaje tiene una doble semántica: en primer lugar habla de “lucha” contra el narcotráfico y en segundo lugar propone la participación de las Fuerzas Armadas. Una se articula con la otra: si la política sobre el narcotráfico es de “lucha”, el actor es el Ejército. No es un debate democrático, es una lógica de construcción política mediante el discurso. No importa quien está a favor o quién está en contra, lo importante es que el tema deja de ser insólito para ser “debatible”. Que el gobierno se manifieste en oposición a la participación de los militares en la “lucha” contra el narcotráfico es un detalle, lo importante es que la política sobre el narcotráfico quede definida como una “lucha”, eso implica que tarde o temprano la batalla comenzará.

»Para ello fue necesario olvidar la orientación pautada por la Unasur, que habla de “problema de drogas” en lugar de la expresión “lucha contra el narcotráfico”. El artículo 1° del Estatuto define al Consejo como una “instancia permanente de la Unasur de consulta, cooperación y coordinación para enfrentar el problema mundial de las drogas”...»

El texto precedente ha sido tomado de la Agencia Paco Urondo: La derecha mundial quiere al Ejército combatiendo al narcotráfico


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Leemos en La Nación: Narcotráfico: el Ejército busca apoyo de EE.UU

«Decidido a dar sus primeros pasos en la lucha contra las drogas, el Ejército busca el apoyo de los Estados Unidos para combatir a los narcos. Luego de la orden inicial de la Presidenta para desplegar unidades militares en la frontera norte, el recientemente ascendido teniente general César Milani procura la asistencia tecnológica del Comando Sur norteamericano para fortalecer los patrullajes terrestres. Y está cerca de conseguir 35 vehículos blindados Hummer para exploración, varios de los cuales serán asignados a perseguir el tráfico de drogas».

«... la presidenta Cristina Kirchner prorrogó la participación militar en la lucha contra las drogas hasta diciembre de 2014. En el llamado operativo Fortín II, el Ejército participa con elementos de las Brigadas de Monte III y XII y la Brigada de Montaña V. Además, se abrió en Tartagal una sección de inteligencia dedicada sólo a conseguir información sobre grupos narco.

»Pero el operativo colisiona con un serio tropiezo: las leyes de seguridad interior y de defensa prohíben a los militares participar en acciones policiales, como es la lucha contra el narcotráfico...»


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El ministro de Defensa Agustín Rossi salió a contestarle a La Nación: Defensa negó que la compra de vehículos a EEUU esté relacionada con el Operativo Fortín II...

En referencia a una nota publicada este martes por el diario La Nación, titulada "Narcotráfico: El ejército busca apoyo de EE.UU.", Defensa explicó que "los vehículos Hummer están destinados a otras áreas del Ejército Argentino, como la Unidad de Caballería y Exploración (Misiones) y Unidades de Inteligencia que se encuentran en el centro y sur del país".

"La compra de los vehículos se inició a principios del año 2013, antes de que comenzara el patrullaje de las fronteras terrestres y fluviales, en el norte de nuestro país por parte del Ejército Argentino", detallaron desde esa cartera a través de un comunicado.

Asimismo, señalan que "la adquisición se realizó bajo el Sistema Foreing Military Sales (FMS) y no tiene relación con el Comando Sur", ya que "el método FMS permite la obtención de unidades usadas, reacondicionadas, a los EEUU, a un valor inferior con respecto a las nuevas".

Desde el Ministerio que conduce Rossi manifiestan que "el Ejército tiene 34 Hummer distribuidos en Arana (La Plata) y en Río Gallegos (provincia de Santa Cruz).En tanto la Fuerza Aérea cuenta con 30 unidades y la Armada con 12".

Además, el Ministerio desmintió que "haya un intento de cambio de las normas de Seguridad Interior, la cual impide expresamente la participación de las Fuerzas Armadas" y sostuvo que el Operativo Fortín II "se realiza cumpliendo estrictamente lo que prescriben las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia".


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¿Por qué la Argentina le compra unidades usadas, reacondicionadas, a los EEUU, a un valor inferior con respecto a las nuevas?

¿Qué fue del tan mentado vehículo GAUCHO que vimos en Tecnópolis, en 2011?

El Ejercito Argentino y el Ejercito de la República Federativa del Brasil a partir del año 2004 diseñaron, desarrollaron y construyeron en forma conjunta un vehículo 4x4 liviano de empleo general aerotransportable para dotar a los elementos ligeros de ambos ejércitos. Las metas propuestas del proyecto son

☼ Fomentar la industria autopartista local.

☼ Introducir al vehículo en el mercado civil.

☼ Fortalecer los lazos de integración y cooperación entre ambos ejércitos y países.

☼ Aumentar los recursos del Estado Nacional para defensa y apoyo a la sociedad.

Se fabricaron 2 prototipos, los cuales fueron probados en forma exhaustiva, con resultados favorables en ambos países.

¿Y ahora, qué pasa?


El "GAUCHO" tiene las características de un automotor liviano, de aptitudes todo terreno, que le permite cumplir misiones de exploración, asalto aéreo, puesto de comando y control, transporte de material y evacuación de heridos.

El proyecto se inició en abril de 2004, EN Río de Janeiro, cuando ingenieros de los ejércitos argentino y brasileño definieron las características a las que debería responder el vehículo, incluyendo versatilidad, sencillez constructiva, que sea apilable para poder ser transportado en un número de seis unidades en un Hércules C-130 o avión carguero semejante, y, sobre todo, una alta integración regional de sus autopartes, a fin de reducir los costos de producción y mantenimiento.

¿Y qué fue del muy argentino vehículo SALTADUNA que vimos en Tecnópolis, en 2011?

Si podemos hacerlo nosotros ¿para qué comprarle usados a los gringos?

¿hay un giro a la derecha?


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El GAUCHO en acción...




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Leemos en el excelente libro de investigación de Telma Luzzani «Territorios Vigilados»

«En los últimos años, cada vez menos gobiernos sudamericanos adoptan sin cuestionar el plan de lucha antinarco que llega de Washington. Hay todavía paísesen los que las élites dirigentes, las fuerzas militares y policiales cierran con el Pentágono o con la embajada acuerdos para ceder una base, comprar equipos o aceptar entrenamiento y asistencia militar, o con la DEA (Drug Enforcement Administration) a espaldas del control legislativo y del debate público. Pero en muchos otros, EE UU encuentra fuerte resistencia. En ese caso se pone en marcha una poderosa estructura política, económica, diplomática y militar de presión.»  (Territorios Vigilados, Debate, agosto 2012, página 206)

«Argentina, desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, ha sido muy clara en cuáles son las funciones de las FF AA en relación al combate contra la droga. "Hay conciencia de que nuestras FF AA no deben involucrarse en la represión del narcotráfico. Países donde la situación del narcotráfico es muy desarrollada y grave muchas veces tienen que pedir auxilio a los militares. En Argentina, en cambio, hay fuerzas especialmente entrenadas como Gendarmería y Prefectura para afrontar situaciones de delito incluso mñás graves", dijo la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, en febrero de 2010, al informar cuáles eran las hipótesis estratégicas que las FF AA habían adoptado en Argentina.» (Territorios Vigilados, Debate, agosto 2012, página 207)


Pero el tiempo pasa, y las cosas pueden cambiar...











nota...

[1] BECK Ülrich, 2000. La democracia y sus enemigos. Textos escogidos, Editorial Paidós, Barcelona, pág. 159.

Daniel
Mancuso

ASCENSO CONTRA NATURA

¿Habrá un hilo conductor entre la votación en Diputados del resarcimiento para las familias de los muertos en la toma del Regimiento de Infantería de Monte 29 en Formosa, en 1975, y el ascenso de Milani?

Los organismos de derechos humanos no se ponen de acuerdo en las explicaciones; militantes de toda la vida no salen de su estupor; "fuentes oficiosas que pidieron no ser reveladas" (léase compañeros laburando adentro del Proyecto) cuentan que un sector del oficialismo hace tiempo ha pegado el volantazo, que quiere terminar con los juicios, y a otra cosa. Tampoco se sabe por qué en el portal de la Televisión Pública no está la entrevista de Hebe con Milani (http://www.youtube.com/user/TVPublicaArgentina/search?query=milani).

Horacio Verbitsky expone uno de las mejores análisis sobre el polémico ascenso del jefe del Ejército, César Milani, como teniente general...



El ascenso del ahora teniente general César Milani es un grave error político. Pero afirmar que ello invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado. No por casualidad, esa pretensión no proviene de quienes han luchado por la memoria, la verdad y la justicia, sino de aquellos que siempre se opusieron o al menos fueron indiferentes a todo avance en esa dirección. El debate en el Senado no contribuyó a clarificar lo que estaba en juego. La oposición descalificó a Milani como represor o genocida, dio por sentado que se había enriquecido en forma ilícita, que realizaba tareas prohibidas de inteligencia interior y que politizaba al Ejército al alinearlo con el gobierno. El oficialismo se limitó a señalar que le cabía la presunción de inocencia, ya que no había sido condenado ni imputado por la Justicia. Estas dos equivocaciones simétricas obedecen a la confusión entre un juicio penal y un trámite administrativo y político. 

Ya en marzo de 1986, Emilio Mignone le escribía a la Comisión de Acuerdos del Senado que “no existe en nuestro ordenamiento jurídico el derecho al ascenso, ni esa expectativa puede constituir nunca un derecho adquirido, del cual sólo se puede ser privado en virtud de sentencia judicial”. Para el presidente fundador del CELS, el ascenso “implica un reconocimiento a sus virtudes, un premio por su desempeño y una prueba de confianza administrativa. Cuando el ascendido es un oficial superior de las Fuerzas Armadas, esa confianza administrativa lo es también política, no en el sentido partidario pero sí en el sentido institucional, por cuanto es en aquellos hombres en quienes se depositan las armas de la República y, con ello, la suerte de la vida y la libertad de los argentinos”.

Lo que Milani haya hecho como subteniente es objeto de procesos judiciales, que determinarán si le corresponde una condena, a lo que nadie debe adelantarse. Lo que se debate desde que su pliego ingresó al Senado es su idoneidad como general y su apego a los principios democráticos imprescindibles para ocupar la jefatura de Estado Mayor del Ejército. Por eso, cuando Milani pidió formular su descargo, el CELS no lo interrogó sobre las causas penales sino respecto del contexto en que los hechos sucedieron y las valoraciones que hoy le merecen. Por propia voluntad agregó respuestas a preguntas que el CELS no le hizo.

- Milani dijo que en La Rioja la represión fue pasiva y de baja intensidad. Esto no es cierto. Mientras él estuvo allí fueron asesinados por militares y policías el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera.

- Como era muy joven y lo condicionaba la formación militar, “no tuve conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos”. Esta afirmación es inverosímil en un hombre de familia política, con militancia en el justicialismo, que fue la primera fuerza en denunciar el carácter terrorista de la represión estatal. En esa unidad, en la que Milani comía y dormía, sólo revistaban 30 oficiales, lo cual descalifica su pretendida ignorancia.

- Desconoce la existencia de un Centro Clandestino de Detención en el Batallón 141 de Ingenieros. Nunca vio civiles detenidos en la unidad y sólo realizaba trabajo de ingeniería militar en construcciones. Los comunicados del jefe de Milani, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia, que el CELS aportó al Senado, invitaban a denunciar en el Batallón a los denominados subversivos y las causas judiciales falladas en el último año prueban que también allí iban a reclamar noticias los familiares de los secuestrados. Ningún oficial de la unidad podía desconocerlo.

- Sólo trasladó detenidos de la cárcel legal al juzgado legal. En esa cárcel funcionaba un Centro Clandestino donde la Justicia probó que se torturaba a los detenidos. Y el juzgado también cumplía una función en el circuito represivo, blanqueando el costado clandestino e ilegal, por lo cual hoy está detenido el entonces juez Roberto Catalán.

- Milani no conocía a quienes trasladaba ni qué se les reprochaba, ya que todo el trámite estaba a cargo de la policía. El sólo acompañaba al patrullero en una función técnica. Esta afirmación contradice la normativa vigente entonces, por la cual el Batallón 141 era el asiento del Area de Seguridad 314, que encabezaba la represión en La Rioja y que conducía operacionalmente a las demás fuerzas, provinciales y nacionales, como la Fuerza Aérea y las policías.

- El acta de deserción del soldado Alberto Agapito Ledo fue un procedimiento administrativo formal que le encargaron por ser el oficial de menor graduación en una subunidad distinta a la del conscripto. Sólo debía contener una sintética y clara descripción de la forma y circunstancia en la que se produjo el hecho. Pero según el Código de Justicia Militar y el reglamento que regían entonces, debía practicar todas aquellas diligencias que “mejor convengan al esclarecimiento de los hechos que se investigan y de sus circunstancias”. Esto incluía, por ejemplo, entrevistar a otros conscriptos, comunicarse con la familia de Ledo, o, al menos, dar cuenta de las posibles razones de la deserción. Lo confirmó el procesado oficial Esteban Sanguinetti en su declaración indagatoria, cuando dijo que había encargado a Milani “la investigación profunda del caso”.

En 1984, el cantinero del Batallón, Bartolomé Juan Mario Bonissone, declaró ante la Comisión Riojana de Derechos Humanos que en la unidad se comentaba que un soldado fue llevado a Tucumán y asesinado “por usar la bazuca a lo extremista”. 

En su exhaustiva investigación “El Escuadrón Perdido”, sobre los 129 soldados secuestrados y desaparecidos, el capitán José Luis D’Andrea Mohr sólo consigna el caso de un conscripto riojano, Alberto Agapito Ledo. Si el concesionario civil de la cantina sabía lo sucedido, ¿quién puede creer que lo desconociera el oficial que llevó a Ledo en comisión a Tucumán y que luego instruyó el acta falsa sobre su deserción? Por último, el 8 de julio de 1976, Pérez Battaglia exhortó a la ciudadanía a “combatir al delincuente que disfrazado de soldado destruye la vida de los defensores de nuestra nacionalidad”. El presunto candor de las respuestas del general Milani queda al desnudo a la luz de estas palabras, pronunciadas diez días después de que el subteniente Milani firmara el documento falso que encubrió la desaparición del único soldado riojano al que cuadraba la definición brutal de Pérez Battaglia.

Frente a la andanada de puteadas de los compañeros absolutamente convencidos de que todo lo que hace Cristina está bien, vienen a la memoria las palabras del compañero Dardo Cabo...

"Quienes desde la lealtad se atreven a pensar y disentir, se diferencian en mucho de aquellos que ocultan con la obsecuencia la traición, y también de aquellos que con el cuento de la verticalidad ocultan tanto el oportunismo para sacar tajada personal como la mediocridad mental del que no se atreve a pensar".




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Mancuso