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lunes, 12 de septiembre de 2011

MEZQUINOS MEDIOCRES MISERABLES




De niños, en la escuela, imaginábamos a los patriotas, con sus conquistas, sus sacrificios y batallas. Siempre en alto la nobleza, la honradez, la humildad, el sentido del deber. Esa noción del patriotismo iluminó las sendas de la historia, y flota en el inconciente colectivo, es el ejemplo a imitar para el resto de las generaciones.

Sin embargo, a medida que fuimos creciendo, el descubriento de la dimensión humana y sus contradicciones, las trampas y defecciones de personajes que tuvieron enormes responsabilidades de gobierno, las mentiras y estafas a la confianza pública, fueron alimentado nuestra decepción y escepticismo sobre los alcances del patriotismo real. Pero, si algunos dirigentes políticos no han estado (ni están) a la altura de sus cargos, sus deberes y sus responsabilidades, ni ética ni intelectualmente, debemos inferir que sí hubo quienes cumplieron (cumplen) con el mandato popular, y por ello, el país, la patria, siguió adelante.


Un ejemplo. El tratamiento del proyecto de ley de PROTECCIÓN AL DOMINIO NACIONAL SOBRE LA PROPIEDAD, POSESIÓN O TENENCIA DE LAS TIERRAS RURALES fue presentado por la Presidenta de la Nación, el 27 de abril.


    «... Es una ley sencilla, que además obviamente es perfectible, discutible como toda ley para mejorarla, no estamos cerrados a ella, con una limitante de 1.000 hectáreas para la tenencia extrajera, que luego habrá también que adecuarla de acuerdo a las zonas, porque estamos hablando de 1.000 hectáreas y no es lo mismo la región núcleo Pampa Húmeda que en el Sur o la Patagonia. Pero en definitiva también, y debemos decirlo, tenemos un déficit los argentinos, un profundo déficit de información acerca de cuál es el estado dominial de nuestras tierras rurales. En principio porque como todos ustedes saben los registros de propiedad son de carácter provincial, y por lo tanto también esta ley crea la necesidad de un Registro Único Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia para precisamente poder tener un cuadro de situación acerca de todo esto, porque el límite del dominio extranjero es del 20 por ciento de lo que puede ser la totalidad de las tierras rurales. No sabemos si esto ya está cumplimentado o si todavía hay excedente que pueda objeto, por ejemplo, de compra venta con sujetos extranjeros. Esto, en el siglo XXI, siendo el octavo país del mundo y teniendo a la producción agrícola-ganadera como uno de nuestros puntales en materia económica, los argentinos todavía no lo sabemos...»



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En los últimos días, Cristina volvió a pedir el tratamiento del proyecto en el Congreso, pero se frenó el miércoles 7 de septiembre, en la Cámara de Diputados. Los legisladores de la oposición que presiden las comisiones encargadas de abordar la iniciativa, mostraron sospechoso desacuerdo en avanzar. Con el argumento falaz de la inconstitucionalidad, lo que buscan estos diputados opositores es intentar ganar tiempo, para evitar que la Presidenta Cristina Fernández y su gobierno se lleven un triunfo con la sanción de la Ley.

Por pura mezquindad política: la dirigencia opositora busca dilatar la discusión, para que pasen las elecciones de octubre y después se verá. Sucedió con el proyecto de la Ley de Medios, que fue votada por amplia mayoría en ambas cámaras. Durante años contó con amplio apoyo de todas las fuerzas políticas, pero cuando fue sancionada, la empezaron a criticar.

Los mismos que durante años clamaron por la Asignación Universal por Hijo, quienes reclamaban una norma para los sectores más vulnerables, cuando fue implementada por la Presidenta se pusieron en contra de la misma. (vea SENADOR ERNESTO SANZ)

Todo el fenómeno opositor protagonizado por las huestes de los partidos políticos enfermos de neoliberalismo, azuzados por los medios de desinformación, para beneplácito de las corporaciones y miembros del establishment económico y financiero, ha sido analizado largamente en este blog, en notas como NEOLIBERALISMO: POLÍTICA y MEDIOS.


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Las comisiones de Asuntos Constitucionales () y de Agricultura (Juan Casañas), presididas por diputados de la oposición, resolvieron no concurrir a la reunión conjunta que convocó la Comisión de Legislación General (Vilma Ibarra) para apurar un dictamen sobre la iniciativa.


Tras una prolongada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la duhaldista , señaló que le solicitará a la presidenta de Legislación General, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro) "más tiempo para analizar el proyecto que impulsa el Gobierno ya que no pasaría el test de constitucionalidad".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, el radical Juan Casañas, confirmó que tampoco será parte por ahora de ningún plenario para tratar el tema.

Vilma Ibarra, promotora de la iniciativa oficialista, resolvió frente a la resistencia de sus colegas, citar para el jueves para considerar el tema tierras. Pero la UCR frenó nuevamente la discusión del proyecto de ley. Bajo el argumento de que el oficialismo “no quiere dar el debate”, la Comisión de Agricultura, presidida por el radical Juan Casañas, decidió no asistir a un plenario pautado para hoy, donde se analizaría el proyecto. Tras la decisión del tucumano, la titular de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, también se plegó a la estrategia opositora, a pesar de que había expresado su compromiso de asistir.




Ricardo Gil Lavedra, titular del bloque radical, manifestó que la posición de la bancada es que el proyecto del Gobierno es "groseramente inconstitucional", y criticó que, además, "desconoce el derecho de las provincias y es de imposible cumplimiento porque desconoce los sistemas registrales de cada provincia". Lo que no dice el diputado es que el radicalismo tiene 3 proyectos diferentes que no ha podido unificar dentro de su propia bancada.



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Leemos en Miradas al Sur, la investigación de Gabriel Bencivengo , Ley de Tierras: un freno a la especulación en el agro...

    Más allá de las modificaciones que se introduzcan en el proyecto a partir del debate legislativo, ninguna alterará un punto fundamental de la iniciativa del Ejecutivo Nacional: la definición de la tierra como un recurso no renovable. El punto es central. En el Ministerio de Agricultura señalan que el crecimiento demográfico proyectado a nivel mundial ubicará a nuestro país en un lugar de vanguardia en materia alimentaria hacia el año 2050 y, en consecuencia, las tierras cultivables en un bocado cada vez más apetecible para los países que buscan garantizar su seguridad agroalimentaria, pero también para los fondos de inversión y las multinacionales agroalimentarias que procuran incrementar sus ganancias.

    En este contexto, la Ley de Tierras apunta a regular la tendencia al incremento de la propiedad extranjera, pero también busca límitar la concentración de grandes extensiones en poder de capitales financieros. Sobre este punto, los actores involucrados en el diseño subrayan que la exclusión de las tierras rurales como recurso estratégico susceptible de ser aplicado como inversión colocará a las operaciones de compra y venta fuera del alcance de los Tratados Bilaterales de Inversión y se evitará posibles reclamos ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial donde suelen acudir las multinacionales.

    Los protagonistas.

    Para algunos, son casi 6 millones las hectáreas en manos extranjeras. Para la Federación Agraria Argentina, la superficie asciende a 17 millones. Algunos casos son muy conocidos. Luciano Benetton, con 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia, concentra la atención de los medios, seguido por el multimillonario norteamericano Douglas Tompkins, con 300 mil hectáreas en los Esteros del Iberá y otras 50 mil repartidas entre Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego. Un podio de celebrities que incluye al financista británico Joe Lewis, propietario de 18 mil hectáreas en la zona rionegrina de Lago Escondido, y que cierra el estadounidense Ted Turner, con 5 mil hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego.

    Sin embargo, no son los únicos ni los más importantes actores de la trasnacionalización que comenzó en los ’80 y se acentuó cuando las multinacionales agroalimentarias y los fondos de inversión se lanzaron a la búsqueda de nuevos territorios. Calyx Agro Ltd. es un caso que sirve para ilustrar el proceso. La firma, creada por la cerealera multinacional Louis Dreyfus Commodities en 2007, se dedica a identificar, adquirir, convertir y vender tierras en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, mediante contratos de aparcería, opera y administra propiedades y commodities. Otra que revista en la misma categoría es Cresud. Controlada por Consultores Asset Management –Irsa, Alto Palermo, BrasilAgro, etc.–, es propietaria de medio millón de hectáreas y controla otras tantas en distintas áreas del Mercosur. Adecoagro, con sede en Luxemburgo, es un ejemplo de trasnacionalización. Originariamente de la familia Pérez Companc –a través de Pecom Agropecuaria S.A.–, en la actualidad está controlada por George Soros mediante Pampas Húmedas LLC –subsidiaria de Soros Fund Management LLC–, armado financiero que el húngaro comparte con Qatar Holding LLC, fondo soberano de las autoridades qataríes.

    Otro actor destacado es el magnate australiano John Kahlbetzer, dueño de Liag Argentina, un pool de campos de 110 mil hectáreas repartidas entre San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Formosa –donde compró 40 mil hectáreas de tierras fiscales–. Emblemático del desembarco de capitales financieros es la compra que concretó The Capital Group del 40 por ciento de El Tejar por 150 millones de dólares. La empresa arrancó en 1987 en la Cuenca del Río Salado. Hoy, abarca gran parte de la Pampa Húmeda y del noreste argentino, además de distintas regiones de Uruguay, Bolivia y Brasil.

    Dos estrategias.

    Según consigna el economista Rolando Astarita en Economía política de la dependencia y el subdesarrollo, “la mundialización del capital agrario no obedece a una ofensiva circunstancial, sino al impulso del capital” y se verifica en un contexto donde “el 90 por ciento de los alimentos del mundo se deriva de sólo 15 cultivos y 8 especies de animales”. Concentración económica y productiva que comenzó con la “revolución verde” que expandió las fronteras y que aceleró la introducción de las variedades de alto rendimiento sustentadas en la genética.

    En ese contexto, hay dos procesos paralelos. “Por un lado, los fondos de inversión que buscan rentabilidad y que entienden las materias primas como activos financieros. Por el otro, están las inversiones que, como en el caso de China, primero buscan asegurarse grandes extensiones para, en una segunda fase, pasar a la producción orientada a la exportación”, señala Carlos Bianco, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentina (Cenda).

    Según Bianco, hasta el momento, el proceso de extranjerización está más asociado a la comercialización de granos y oleaginosas que a la producción. “En ese sector sí hay un muy fuerte presencia extranjera. Se trata del eslabón de la cadena de valor que se queda con la mayor tajada. Allí revistan multinacionales como Bunge, ADM, Dreyfus y Cargill. Además de algunas nacionales, como Molinos Ríos de La Plata. Bianco, sin embargo, al igual que otros economistas, advierte que “existe una creciente presión sobre la propiedad de la tierra”.

    Un ejemplo es la estatal china Heliongjiang, que podrá explotar 330.000 hectáreas en los valles de Río Negro para la producción de granos y frutas, o cualquier otro cultivo, a cambio de inversiones en riego, caminos y energía. “En el caso de los chinos, tratan de asegurarse tanto materias primas como recursos naturales, por ejemplo en el campo de la minería, para su posterior industrialización", explica el especialista.


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Sospechosamente, el diputado radical y dirigente de la Federación Agraria Argentina, Ulises Forte ─tuvo destacada presencia en los cortes de rutas contra la Resolución125─ decía en 2010 que era urgente el tratamiento de una ley de Tierras; ahora dijo: “no están dadas las condiciones para tratar el proyecto”...






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En abril, publicamos EL DOMINIO DE LA TIERRA NUESTRA. Allí analizábamos el proyecto que el gobierno nacional enviaba al Congreso para controlar la extranjerización de tierras, y así poner coto a un fenómeno de entrega de recursos naturales que lleva décadas, y acotar diversos aspectos por los que el capital especulativo hace desastres en nuestros campos, aprovechando los vacíos legales que les regalamos.




Daniel Mancuso


jueves, 28 de abril de 2011

EL DOMINIO DE LA TIERRA NUESTRA





La presidenta Cristina Fernández anunció, en un discurso por cadena nacional desde Casa de Gobierno, el envío al parlamento de un proyecto para "la protección del dominio nacional de las tierras rurales" y destacó que esta iniciativa es "una demanda de fuerte contenido nacional, porque es la protección de un recurso no renovable".

La ley anunciada Cristina, si bien no vuelve sobre las tierras ya vendidas a extranjeros, sí pone un límite de 1.000 hectáreas por extranjero, lo cual hubiera evitado años atrás el desborde actual de extranjerización de la tierra.

Así, los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 % del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 %. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.

De todos modos, habría que discutir qué se hace con la tierra, porque si bien los extranjeros no podrían comprar más tierras que 1.000 hectáreas, las pueden arrendar y seguir plantando soja, por ejemplo, entonces el problema es qué se hace y cómo se hace lo que se hace en el territorio nacional, a nivel productivo. Este es un primer paso, importante, pero insuficiente todavía.

  • El proyecto que el gobierno nacional enviará al Congreso para controlar la extranjerización de tierras llega a poner coto a un fenómeno de entrega de recursos naturales que lleva décadas, pero habrá que tener cuidado en diversos aspector para que el capital especulativo no siga haciendo desastres en nuestros campos, o aprovechando los vacíos legales que les regalamos.



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La mayoría de los nuevos terratenientes internacionales compró tierras al por mayor. En los últimos tiempos, uno de los casos más emblemáticos y escandalosos de entrega de tierras es el de las 14.000 hectáreas compradas por el inglés Joe Lewis (dueño de las marcas Puma, Vans, Café Aroma, Hard Rock Café) en la zona de Lago Escondido, en El Bolsón, Río Negro. Allí, con la anuencia de los gobiernos radicales, pagó en 1998, sólo U$S 3,5 millones por el área, con el lago adentro, estableciendo así su paraíso privado cerrado al público. Según tasadores, esas tierras costaban más de U$S 10 millones.






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El caso insignia en la extranjerización es el de los hermanos Benetton. Los productores textiles italianos llegaron en 2007 a la Patagonia y hoy ostentan casi un millón de hectáreas, lo cual los convierte en los mayores terratenientes extranjeros en la Argentina.

En la nota LOS MAPUCHES Y LA LEY WINCA analizamos la saga de impunidades cometidas por los Benetton en la patagonia...

La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006, y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo 10 días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.



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Existen alrededor de 174 millones de hectáreas productivas, 18 millones están en manos de extranjeros, lo cual representa el 10% del total de la superficie habilitada para la cosecha.

Se calcula que las tierras en propiedad extranjera es más, considerando que muchos de los millonarios extranjeros que llegaron al país Benetton, Joe Lewis, Ted Turner y Douglas Tompkins, entre otros– adquirieron terrenos en zonas puramente turísticas, sobre todo en la Patagonia.

La Federación Agraria Argentina (FAA) estima que si este año no se sanciona una ley para detener la extranjerización, en 2013 habrá entre 25 y 26 millones de hectáreas en propiedad de extranjeros, lo que supone un crecimiento del 45% en dos años de penetración de capitales foráneos en tierra argentina.

Si bien no hay un registro nacional de la propiedad privada –algo que impone la nueva ley a debatir–, en el año 2002, FAA hizo un intento de elaborar un mapa de las tierras extranjerizadas, que detallaba entre las zonas más calientes a las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y Corrientes.

“La mayor entrega estuvo siempre en la zona cordillerana, donde nadie controla y hay, muchas veces, complicidad política en las ventas”, dijo a Tiempo Argentino Omar Príncipe, secretario gremial de FAA.


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Un eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso (la tierra) no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.

“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados.

Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.

“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.


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El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.

“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, dijo Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.

Aún queda entonces, buscar soluciones para la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, que día a día son expulsados de sus lugares, sus comunidades centenarias, por la frontera agropecuaria de los señores feudales que los reprimen y persiguen, todavía.


Daniel Mancuso




POST SCRIPTUM:

USO Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ARGENTINA

EN EL BLOG EL PATRIOTA DE CORDOBA


miércoles, 9 de marzo de 2011

LOS MAPUCHES Y LA LEY WINCA




“Ellos insisten en que tienen un papel, escritura le llaman, con eso dicen ser dueños. Nosotros mostramos nuestra sangre originaria, ancestral poseedora del lugar, ésa es nuestra prueba de posesión”



La Justicia de Neuquén acaba de fallar contra la empresa petrolera Piedra del Aguila que pretendía impedir los reclamos de la comunidad mapuche Wentru Trawel Leufu (Hombres de Río Reunidos), afectada por la invasión de su territorio ancestral.

La sentencia es la primera de su tipo en Neuquén y será precedente para otras causas del país. En ella se afirma que se transgredió la ley al no haber informado y obtenido el visto bueno de la comunidad para explotar los recursos naturales, remarca la obligatoriedad de respetar la frondosa legislación (nacional e internacional) que protege los derechos indígenas, y apunta también al rol de otros poderes: “Todo gobierno que desatienda (la leyes citadas) debe ser considerado como discriminador de los pueblos indígenas”.


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En enero de 2007, el gobierno neuquino otorgó a la petrolera Piedra del Aguila la concesión de 3800 hectáreas, en la región del Picún Leufú, en el centro de la provincia. En el lugar vive desde mediados del siglo pasado la comunidad Wentru Trawel Leufu. A fines de 2007, la empresa llegó hasta el lugar y reclamó derechos sobre la tierra, pero la comunidad le prohibió el ingreso. En julio de 2008 volvieron con nueva estrategia: ofrecieron dinero para obtener permisos de exploración y extracción. “La actividad petrolera es opuesta a nuestra forma de vida. No autorizamos”, fue la respuesta unánime.

La petrolera ingresó por la fuerza a territorio mapuche, atacó a miembros de la comunidad y contrató a 40 personas que, bajo el supuesto rótulo de desocupados a la espera de un trabajo, reprimieron a las familias indígenas, mataron casi un centenar de animales, incendiaron dos viviendas y un vehículo, y sostuvieron un proceso de desgaste para expulsar a la comunidad de su tierra.

    La comunidad mapuce Wentru Trawel Lewfu ubicada a 10 km de Picun Leufu en el paraje Cerro León manifiesta su total repudio ante los hechos de violencia de los cuales integrantes de la comunidad han sido victimas en el marco de la lucha por la defensa de sus derechos desde hace ya varios meses.

    El dia domingo 09/12/07 pasada las 04:00 de la mañana la comunidad sufrió un atentado incendiario en el domicilio de la Inan Logko Teresa Curruhuinca, ubicado en un barrio de Picun Leufu. El vehiculo de la hija de la autoridad originaria que estaba estacionado en el patio de la casa fue incendiado poniendo en peligro la vida de la familia mapuce y sus vecinos. Días antes de este lamentable hecho hubo disparos en el lugar donde la comunidad sostiene una acción directa en defensa de su territorio.

    Responsabilizamos a la Empresa Piedra del Águila S.A y al gobierno provincial por el ataque incendiario y por todo lo que pueda suceder sino interviene dando solución y respuestas a nuestras demandas.

    En lo inmediato exigimos el desarme del grupo parapolicial que la empresa Piedra del Águila S.A tiene a su servicio en nuestro territorio comunitario. Exigimos respuesta a nuestras demandas y respeto a los derechos consagrados en la constitución provincial, nacional y en convenios internacionales


Comenzaba una fuerte campaña local y provincial para responsabilizar a los mapuches por trabar supuestas inversiones petroleras, que –según solicitadas de la compañía– implicarían beneficios para el pueblo y puestos de trabajo. Página 12 dio cuenta de esos episodios en la edición del 10 de febrero de 2008.






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BENETTON


La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006, y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país.

El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut.

Sólo 10 días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.



“A pesar del fallo seguimos reafirmando nuestra existencia y compromiso con esta pequeña porción de la mapu (tierra). Seguimos con la convicción de reescribir nuestra historia como pueblo mapuche tehuelche y revertir la historia de despojo, humillación y saqueo”, afirmó la comunidad Santa Rosa, desde su humilde vivienda a la vera de la ruta 40, a mitad de camino entre Esquel y El Bolsón...

Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir, en agosto de 2002, se instalaron en Santa Rosa. Pero sin querer, se enfrentaron a un imperio que posee comercios en 120 países y una facturación anual de 2000 millones de euros. En octubre del mismo año sufrieron un desalojo violento.

El conflicto llegó a tribunales. Dos juicios, uno penal y otro civil. En el primero fueron absueltos, el segundo decidió que las 535 hectáreas le pertenecían a la empresa Benetton. El sustento del fallo, un título de donación de 1896, en el que entonces presidente José Evaristo Uriburu cedió 900 mil hectáreas a diez estancieros ingleses.



Por pedido de Luciano Benetton, en 2004, Rosa y Atilio viajaron a Roma. Luego de horas de discusión, Benetton prometió donar al Estado argentino 2500 hectáreas para que éste restituyera a la comunidad la tierra donde vivir. “Primero habló de donación de tierras. Le aclaramos que así no era. Que nadie puede donar lo que no es de él. Que tenía que ser restitución o devolución. Entonces propuso que donaría al Estado argentino y que éste podría restituir las tierras”, explicaba Atilio Curiñanco a la vuelta del viaje.

En 2005, la provincia de Chubut dictaminó que las 2500 hectáreas cedidas por Benetton eran improductivas y rechazó la donación. “Lo de Benetton fue una trampa”, había afirmado Atilio. Al mismo tiempo, advertían que en esas tierras ya vivían comunidades ancestrales y campesinos. Benetton nunca volvió a hablar del tema...


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Hoy en día, por canal 11 (Telefe) se está emitiendo una tira que trajo de regreso a Pablo Echarri a la tele. Todo transcurre en un muy caro estudio de abogados, signado por el mito de “los pecados capitales”, donde cada uno de los protagonistas encarna uno de los siete pecados y las personalidades de todos se rigen por estos vicios.

En medio de la trama de El Elegido, surge la historia de un pueblo ancestral que pelea por los derechos de sus tierras, mientras los abogados defienden intereses oscuros que pretenden arrebatarles la posesión de las mismas.

No obstante, la realidad supera a la ficción.


Daniel Mancuso

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