REYNALDO BIGNONE

Cuando estaba en la secundaria, mi profesora de Historia decía que Juan Domingo Perón había sido un dictador, un tirano prófugo, y jamás nos contó nada sobre la REVOLUCIÓN FUSILADORA.

Durante años, la historia oficial quiso imponer una falacia inicua: « La culpa de todos los males argentinos la tiene Perón » .

Vino el neoliberalismo y el pensamiento único de mercado. Se rompieron los lazos sociales y se lavaron las conciencias. Segun la clase media tilinga, cada cosa que sucede en el país es culpa de la Presidenta. Una salidera bancaria, el aumento de la nafta, el granizo que te rompe el auto, el paro de pilotos de aerolíneas, los 5 goles que se comió tu equipo favorito...

Los medios masivos de confusión se encargan de propalar esas "verdades" para que todos los papagayos lo anden repitiendo por ahí.

Y la vida sigue, como si nada. Hay noticias que vos ni te enterás, hay análisis que no se hacen e injusticias que se esconden...


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Cuando el periodista Jorge Lanata, mascarón de proa del progresismo vernáculo, dijo que estaba cansado de hablar de los 70, del pasado, de la dictadura... cometió varios errores. La dictadura está presente entre nosotros, es hoy una vigencia palpable, no una recordación masoquista. Sólo una minoría de los represores y asesinos de la dictadura está siendo juzgada o presa. Hay 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados, nietos de las abuelas de Plaza de Mayo que desconocen su identidad y viven en la mentira. Y hay en el Poder Judial, una de las 3 patas de la República, una enorme deuda de aire fresco y democrático. Todavía existen sucios personajes en la familia judicial que vienen desde los tiempos negros de la tragedia genocida.


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En noviembre 2009, el general retirado Reynaldo Benito Antonio Bignone, de 81 años, último dictador argentino entre 1982 y 1983, se sentó en el banquillo de los acusados de un tribunal, al iniciarse un juicio oral contra él por crímenes de lesa humanidad en la dictadura.

Reynaldo Bignone cumple arresto domiciliario, y está acusado de los delitos de secuestro y torturas contra 56 víctimas, ocurridos en los centros clandestinos de detención conocidos como ‘La casita’ y ‘El campito’ que funcionaron en el cuartel militar de Campo de Mayo, en la periferia oeste de Buenos Aires.

Para los que quieran saber acerca de las atrocidades cometidas en los chupaderos de Campo de Mayo, hay un buen libro, EL CASO LANUSCOU, que investiga sobre el accionar asesino de las patotas y los desaparecidos de la zona Norte del Gran Buenos Aires.


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El periodista Raúl Kollmann, cuenta en Página 12, las idas y venidas de la novela macabra que se desarrolla en Tribunales, intitulada: Privilegio de dictador...

La jueza federal de primera instancia de la Seguridad Social, Alicia Braghini, ordenó a la Anses que le pague la jubilación como ex presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último dictador del Proceso.

En su momento, los fiscales Guillermo Marijuan y Guillermo Montenegro denunciaron que no correspondía que Bignone se llevara al bolsillo los 15 mil pesos que cobraba en 2006 ya que no fue presidente elegido democráticamente, sino de facto. Y el régimen de esas pensiones constituía un reconocimiento, algo incompatible con quien llegó a la Casa Rosada a la cabeza de una dictadura y, además, terminó condenado en abril de 2010, a 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y torturas cometidas en Campo de Mayo.


La trama del expediente 34391/2009 es asombrosa e incluye al camarista Bernabé Lino Chirinos, con quien la jueza compartió cátedra en la Universidad de Morón y, además, fue prosecretaria en su sala de la Cámara. Chirinos fue ratificado durante el gobierno de Isabel Perón, ejerció su cargo durante la dictadura y hoy sigue en su puesto en la Cámara de la Seguridad Social.

Con fecha 13 de septiembre, la jueza Alicia Braghini dispuso que “se intime nuevamente y por última vez a la Anses para que por quien corresponda, en el plazo de 10 días cumpla con la medida cautelar decretada y restablezca el pago de la prestación al acto, Bignone, Reynaldo Benito Antonio”. Es más, la magistrada establece una multa de 50 pesos diarios para el caso de que la Anses incumpla la orden.

En 2006, Página/12 reveló que el fiscal federal Guillermo Marijuan había recibido una denuncia anónima sobre los 15 mil pesos que cobraba Bignone como ex presidente. Se trataba de una pensión graciable que, según dictaminó el fiscal, sólo correspondía a presidentes constitucionales por cuanto el objetivo era otorgar un reconocimiento a quienes habían pasado por la Casa Rosada. Marijuan presentó una denuncia penal, con el respaldo del entonces titular de la Anses, Sergio Massa, que luego fue tramitada por Guillermo Montenegro, fiscal en aquel momento.

Sobre la base de una ley del también dictador Juan Carlos Onganía, Bignone tramitó la pensión destinada “a los presidentes y vicepresidentes de la Nación cuyo haber, para los primeros, equivale a la suma total de lo percibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizándoseles los derechos hereditarios a las viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo” (sic).

En 2009, el Congreso sancionó la Ley 26.475 que les quita los beneficios “a todos los funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983, declarándose extinguidos los beneficios dispuestos en reconocimientos por los cargos o funciones ejercidos”. La ley vino a refrendar los dictámenes de Marijuan y Montenegro.



El expediente 34.391 –denominado Bignone Reynaldo Benito Antonio c/Anses s/inconstitucionalidades varias– recayó en manos de la jueza Alicia Braghini, que fue prosecretaria de la sala en que revista Bernabé Lino Chirinos con quien, además, compartía cátedra en la Universidad de Morón.

Llamativamente, el hermano del camarista, Eduardo Chirinos, es secretario de la Cámara, es decir que justo por sus manos pasan los sorteos por los cuales se asigna el juez a cada causa.

Lo asombroso es que Bignone cobraría su jubilación de privilegio después de haber sido condenado a 25 años de prisión por 44 secuestros, 38 casos de tormentos, 11 allanamientos ilegales y seis robos.

El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dictó la condena en abril, dispuso también que cumpla la condena en una cárcel común, revocando la prisión domiciliaria. Por otra parte, el ex dictador también aparece involucrado en el proceso en el que figura Luis Abelardo Patti como principal imputado y en el que se investigan asesinatos y secuestros en la zona de Escobar, Zárate y San Nicolás.

Después de la debacle de Malvinas, Bignone terminó poniéndole la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 y se le adjudica la responsabilidad en el quemado de los archivos de las Fuerzas Armadas, precisamente para borrar las pruebas de la represión.

No faltan quienes en Tribunales consideran que la eventual restitución de la jubilación como presidente a Bignone constituye un antecedente para que otros dictadores pretendan el mismo beneficio. Frente a la consideración de que la pensión es un derecho adquirido se opuso el criterio de que esos beneficios fueron mal adjudicados, porque no puede haber reconocimiento alguno a quienes irrumpieron en la Casa Rosada en forma ilegal.

Cualquier parecido con las argucias legales y tramoyas de este caso con lo que hicieron los abogados de Hernestina Herrera de Noble con la complicidad de jueces canallas, no es coincidencia. Es la misma política de ocultamiento que sostiene el statu quo.

La corporación judicial, la oposición política de derecha, los medios concentrados, todos huelen a dictadura. ERNESTINA y sus 34 años de IMPUNIDAD es un ejemplo.

Daniel Mancuso