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jueves, 8 de septiembre de 2011

EN "LA NACIÓN" SON DERECHOS Y HUMANOS








El diario La Nación siempre ha estado cerca, al lado, sobre, con, desde, en... los problemas y penurias que sufrió el pueblo argentino a lo largo de su historia. Ante cada crisis, cada golpe de Estado, cada política neoliberal, cada injusticia, cada impunidad, cada mentira, el diario de Bartolomé Mitre dijo presente y apretó el gatillo.

«Es necesario diseñar un plan integral de reconciliación sin exclusiones, como antes lo hubo de muerte y terror»

Así conmina un editorial sin dueño, sin rostro, sin valor para afrontar la responsabilidad de decir canalladas oligárquicas.

El atentado sucedió el sábado 30 de julio de 2011.

En sintonía con el mejor Hugo Biolcati ─ideólogo y poeta de anoranzas de Primer Centenario─, los patrones de Beatriz Sarlo, Carlos Pagni, Mariano Grondona y Joaquín Morales Solá, con una prosa filosa y sin cortapisas, rememoran desenbozadamente el espíritu y la letra del Acta para el Proceso de Reorganización Nacional...


Vamos por partes, dijo Jack...


Arranca LA NACIÓN...

    Desde su irrupción en el escenario nacional, el Frente para la Victoria ha pretendido adueñarse de la bandera de los derechos humanos en la Argentina. En parte movilizados por su absoluta inacción durante el prolongado ejercicio del poder en la provincia de Santa Cruz, donde hicieron muy buenas migas con los militares allí destacados, sus principales figuras han sobreactuado en los últimos ocho años de manera de imponer una única y maniquea visión sobre el complejo problema de nuestra historia reciente.

    El giro se produjo al llegar a la Casa Rosada. Incluso después de haber resultado elegido, Néstor Kirchner dio marchas y contramarchas en la cuestión militar, según hay testimonios de su propio entorno inicial. Desde entonces, el kirchnerismo ha asumido una postura grandilocuente y grotesca, que ha impedido crear el terreno de mínima tolerancia y respeto a fin de que se genere el escenario superador del drama de hace más de treinta años. Así está envilecida la Nación, con los derechos humanos usufructuados para la facturación política y para facturaciones más subalternas, pero igualmente industriosas.


Respondemos NOSOTROS:

Esa calumnia infundada, la retrucamos con un video ad hoc (irrefutable)...





LA NACIÓN...

    La falta de consideración con la tarea realizada en la materia por el ex presidente Raúl Alfonsín con inigualable coraje cívico y abriendo una experiencia de enjuiciamiento a militares desconocida hasta entonces en el mundo, y los agravios a notorios luchadores por los derechos humanos, como la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú o el ex fiscal Julio César Strassera, han sido indicativos de la falsedad del relato oficial de los hechos de aquella época y del armado a medida de los intereses de poder de la versión ahora oficial. La manipulación de las cifras del Indec ha sido la coronación de una obstinada vocación por distorsionar la realidad y la historia.


NOSOTROS:

Sobre Magdalena Ruiz Guiñazú y Héctor D'Amico (Secretario General de Redacción del diario La Nación) tenemos otro videíto ...




NOSOTROS:

Sobre el ex fiscal Julio César Strassera ,tenemos una nota: JULIO CESAR STRASSERA DERECHO Y HUMANO.



LA NACIÓN...

    Ha habido en estos años actos de provocación asombrosa, hasta sin la debida consideración del entonces presidente Kirchner con el jefe del Ejército designado por él mismo, a quien colocó en la situación de bajar de una pared del Colegio Militar el cuadro del presidente de facto ante el que se había cuadrado como oficial en actividad. Situaciones de esa naturaleza anticiparon las mañas que habría para avivar el rencor y, allí donde anidara, los deseos de revancha por los años de dictadura, pero también para obstaculizar el sendero de la paz y unión permanente de los argentinos.

    La caducidad de las leyes de obediencia debida y punto final, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 después de más de una década de sancionada, tampoco contribuyó a la pacificación nacional. A partir de esa interpretación, los tribunales inferiores han impedido el juzgamiento de la otra parte esencial del conflicto de los setenta: los guerrilleros que mataron a mansalva a cientos y cientos de argentinos, muchos de ellos civiles y ajenos por completo a la confrontación librada.

    Alguien que en modo alguno podría ser catalogada como complaciente con los militares actuantes en la represión antiterrorista puso de relieve en el seno mismo del más alto tribunal del país lo controvertible de aquella decisión judicial. La doctora Carmen Argibay, incorporada a la Corte Suprema por iniciativa del presidente Kirchner, votó en contra de la inconstitucionalidad de los indultos. Se fundó para ello en la doctrina sentada por la Corte Suprema en 1990 que había alegado en la cuestión la existencia del principio superior de la "cosa juzgada". Y así, Argibay sostuvo en su voto que, "habiendo sido respaldado el indulto hace 17 años, ya no puede revisarse su legitimidad".

    Tampoco es cierto que el carácter de lesa humanidad de tales crímenes, del que deviene su imprescriptibilidad, sea atribuible sólo a los delitos cometidos por militares. A ello se ha opuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo en la causa Almonacid, de septiembre de 2006, en la que sostuvo que deben ser penados los asesinatos ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil realizados tanto por el Estado como por una organización terrorista.


NOSOTROS:

No hubo plan generalizado de ataque a grupos civiles de parte de las organizaciones armadas. Hubo resistencia a una dictadura cívico militar genocida (de la que La Nación fue parte integrante) y está probado ampliamente luego de 30.000 desaparecidos, muertos, fusilados, vuelos de la muerte, torturados, exiliados...

Desde las desapariciones forzadas de personas hasta la apropiación de hijos de las detenidas, se ha establecido que fueron parte de un plan sistemático pergeñado desde el poder militar con asistencia civil.


LA JUSTICIA:

En el terreno judicial argentino, la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó que los crímenes atribuidos a organizaciones armadas durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad y por ende se encuentran prescriptos. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo se pronunciaron en el expediente por el atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido 3 meses después del último golpe de Estado.

Los magistrados rechazaron la aplicación de la categoría de lesa humanidad al hecho. Para que una conducta sea calificada como de lesa humanidad, el acto debe haber ocurrido en el marco de un ataque generalizado o sistemático a una población civil. Esto es lo que se conoce como ‘elemento de contexto’, apuntó Madueño.

Enumeró cinco “elementos esenciales”: la existencia de un ataque; que se encuentre dirigido contra una Población civil; que sea generalizado o sistemático; que la conducta del infractor forme parte del ataque, y que el autor sepa que su conducta forma parte de ese ataque. Los jueces citaron como antecedente el fallo “René Derecho” de la Corte Suprema de Justicia, en el cual estableció que “lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad radica en que son atrocidades cometidas por los gobiernos u organizaciones cuasi gubernamentales en contra de grupos civiles que están bajo su jurisdicción y control”.

Ante los delitos comunes, como la autoría no proviene de una estructura estatal o análoga, la víctima cuenta con la protección de la organización política que integra (en tal caso el Estado), que cuenta con medios para investigar y condenar a los culpables.

En cambio, en los crímenes de lesa humanidad “las víctimas se encuentran absolutamente desamparadas porque la agresión proviene, por hipótesis, precisamente de la organización política que debe protegerla y defenderla, a lo que se suma la posibilidad de destruir pruebas y garantizar la clandestinidad por parte de quienes deberían investigar los delitos”.



LA NACIÓN...

    Ese mismo criterio ha sido sostenido por la Corte Penal Internacional en pronunciamientos recientes. Es oportuno señalar que dichos tribunales, como las convenciones y demás instrumentos internacionales a los que la Argentina se ha adherido libremente, tienen jerarquía constitucional en nuestro país, de conformidad con la reforma de 1994.

    Estamos, pues, en medio de un escenario político montado por unos en detrimento de otros, con pingües ganancias para los pescadores de río revuelto. No es equitativo que algunas de las víctimas merezcan todo tipo de reconocimientos públicos y sus familiares sean adjudicatarios de costosas indemnizaciones para el erario nacional, mientras que otras sean consideradas por el Estado innombrables y reciban un desprecio que, por procedimientos inadmisibles, se pretende transmitir a parientes y extenderlos de generación en generación. Es la saña ejercida contra jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas -algunos de ellos con carreras profesionales brillantes- que han debido pasar a retiro sólo por el apellido que llevan.


LA JUSTICIA:

El titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, en el mismo diario La Nación les contesto, el martes 6 de septiembre pasado...

«Los juicios por crímenes de lesa humanidad son una conquista de la sociedad en su conjunto», y destacó su importancia al advertir que «no dependen de la coyuntura sino que son parte de un proceso histórico».

En declaraciones a radio Continental, el magistrado aseveró que la voluntad de avanzar en esta cuestión es inherente al «contrato social de todos los argentinos».

«Estamos todos de acuerdo, hoy no hay disidencia de los partidos políticos, o en el conjunto de la mayoría de la sociedad», subrayó el presidente del máximo tribunal de justicia del país.

El magistrado se explayó así sobre el libro "Derechos humanos: justicia y reparación", que escribió junto a Alfredo Kraut, también funcionario de la Corte Suprema.

Lorenzetti señaló que la obra subraya como uno de los ejes fundamentales que los juicios por crímenes de lesa humanidad son
«una conquista de la sociedad en su conjunto, que luego se traslada a las instituciones y los tres poderes del Estado reconocen que hay que realizarlos».

«Esto es un proceso que nace en la lucha de muchísima gente, comenzó con el Juicio a las Juntas»...



LA NACIÓN...

    El cumplimiento de penas de prisión perpetua en cárceles comunes por parte de los militares condenados seguirá siendo una expresión de enorme injusticia histórica si no es compartida por todos los protagonistas directos de los hechos de barbarie ocurridos hace tres décadas. Entiéndase bien: no puede haber juzgamiento, condena y demonización para unos, cuando ni siquiera hay un tibio reproche o una autocrítica respecto de los crímenes cometidos por los que originaron con su delirio la cruel e ilegal represión militar.


NOSOTROS:

El diario de Bartolomé Mitre vuelve a la carga con una falacia que ya quedó pisoteada en el barro de la historia argentina, LOS 2 DEMONIOS y LOS FANTASMAS.

Alli decíamos: No inventan nada nuevo, no analizan, sólo repiten la visión alfonsinista de la historia negra argentina, la cual propone que un grupo de loquitos y unos militares irresponsables se pelearon entre ellos involucrando a toda una sociedad inocente en un conflicto ajeno a su voluntad.

¿Y los empresarios, el capital finaciero, Martinez de Hoz, la embajada de Estados Unidos, Henry Kissinger, etc... etc...? Eso no cuenta para la intelligentzia cipaya.

No explican la verdadera trama de violencia política que impusieron los militares (y los civiles cómplices) a través del Terrorismo de Estado. Tampoco analizan el plan continental diseñado desde Estados Unidos que llevó a tener más de 20 dictaduras en los paises sudamericanos para garantizar que las corporaciones empresariales consolidaran el neoliberalismo en América latina.

(vea toda la saga en Los dueños del mundo)



LA NACIÓN...

    Así las cosas, es necesario diseñar un plan integral de reconciliación, como antes lo hubo de muerte y terror. Es menester convocar a las partes involucradas en forma directa, en primer lugar. Pero también a políticos, legisladores, intelectuales, hombres de la Iglesia y a todos aquellos ciudadanos destacados que sean capaces de contribuir con aportes para cerrar una penosa época de la Argentina.

    Ninguna diatriba, ninguna amenaza debe arredrarnos de la voluntad de estimular ese espíritu.



La violencia armada de los años 70
editorial de La Nacion, sin firma.



NOSOTROS:

No estamos para nada de acuerdo con Eduardo Duhalde, ni nos reconciliamos con asesinos seriales, ni aceptamos la impunidad de los empresarios apropiadores de Papel Prensa.





LA NACIÓN (aunque usted no lo crea)...

Lorenzetti dio precisiones sobre el término "lesa humanidad" que para la Corte, dijo, tiene una "concepción muy estricta".

Un delito de lesa humanidad, precisó, «es cuando el Estado actúa en contra de sus propios ciudadanos y los persigue masivamente. Es un ataque masivo contra la población civil hecha desde el propio Estado».

«Esta concepción es muy estricta porque los juicios de lesa humanidad son una excepción a la regla: la regla es que hay prescripción, y acá no la hay; la regla es que los delitos se pueden perdonar y pueden ser amnistiados y acá no hay amnistía ni perdón».




NOSOTROS:

¡¡¡ Marchen varios volúmenes del libro "Derechos humanos: justicia y reparación" para la redacción de La Nación !!!


Daniel Mancuso

2 comentarios:

Sujeto dijo...

Querido Daniel: excelente !
Te mando un gran abrazo

Daniel Mancuso dijo...

grazie caro Sujeto, altro grande abraccio per tè

aguantan

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