UN AÑO Y LO QUE FALTA

Hace un año, el domingo 23 de octubre, nuestra Presidenta era reelecta con el 54% de los votos. Esa noche, la Plaza se lleno de alegrías cuando Evita nos cantaba al oído VOLVERÉ Y SERÉ 12 MILLONES.

Hermes Binner venía muy atrás, con 16,81%; después venía Ricardo Alfonsín con 11,14 %; y cuarto salió Alberto Rodriguez Saá con 7, 96 % de los votos. Así que, los que no votaron a Cristina, o no están de acuerdo con este gobierno, no son el 46 %, a lo sumo son el 16, el 11, o el 7 por ciento, pero no mientan más, no son el 46 %.

Sin embargo fue un año duro, con innumerables conflictos, y muchas sorpresas. Se cayeron muchas caretas: Hugo Moyano se dio vuelta como una media olorosa y sucia, porque quiere jugar a la política opositora. Para lograr sus anhelos se juntó con lo peor del sindicalismo menemista: Gerónimo momo Venegas,  Luís Barrionuevo,  y otros impresentables. También conquetea con el intendente ineficiente que quiere ser Presidente. En definitiva: LAS HECES DE LA DERECHA CONFLUYEN.

Otro que se dio vuelta como una media hedionda es el HIJO de PUTA. Sí, adivinaron, es él. No es un insulto a Jorge sino una descripción sobre el periodista más ambiguo y abyecto de quien se tenga memoria. El tipo viajó a las antípodas de su propio pensamiento más rápido que un cometa en el firmamento, miente mucho, BOLUDO, y ahora es una estrella fugaz en el cielo de Clarín y su monopolio apropiador.

Tambien aparecieron los , una compleja mezcla de tilingos, golpistas, gorilas, idiotas, y otras rémoras de la sociedad argentina que milita en la .

Pero esos no son problemas graves. La Justicia sí es un problema a resolver, porque aún es antidemocrática, porque tiene jueces corruptos y serviles al poder mediático y económico. Ahí adentro hay jueces muy peligrosos como Ricardo Recondo. Y juntos, estos personajes fatigan en la SAGA del 7D, O CÓMO BURLAR las LEYES, y elaboran las TRAMPAS en el Consejo de la Magistratura.


Mientras, la artillería mediática bombardea el presente o azuza fantasmas del pasado, poniendo en riesgo la DEMOCRACIA, con gendarmes y prefectos. En las redacciones multimediáticas nunca es tarde para intentar un golpe blando.





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A pesar de todo lo hecho desde 2003, el pasado se no viene encima: la deuda externa, los fondos buitres, los bonos y la lucha por nuestra soberanía. Si queremos profundizar esta democracia, debemos evaluar ¿Cuánto hacen nuestros enemigos y cuánto hacemos nosotros para que estos conflictos perduren? No sólo de afuera vienen las zancadillas, también vienen desde adentro, con acciones y funcionarios que juegan en contra.

Aunque la Presidenta fue clara cuando dijo: «mientras yo sea Presidenta, se podrán quedar con la Fragata, pero con la libertad, la soberanía y la dignidad de este país, no se va a quedar ningún fondo buitre ni nadie», la legislación vigente y ciertas decisiones no ayudan a ese cometido...

«El embargo de la fragata libertad por parte del fondo de inversión NML, uno de los tantos buitres que compraron bonos de la deuda externa, demuestra la torpeza de los funcionarios ministeriales que no previeron la posibilidad de esa medida preventiva, sabiendo que todavía hay más de 11.000 millones de dólares de bonos en default, y que cualquier tenedor puede afectar bienes de la Argentina que se encuentran en el exterior, ya que el gobierno nacional se ha negado reiteradamente a auditar la deuda pública e impugnar los créditos fraudulentos, limitándose a acciones defensivas inoficiosas.

»La discusión sobre la procedencia del embargo o su supuesta ilegalidad está ceñida a diversas disposiciones del derecho internacional, muchas de las cuales pueden ser materia de diversas interpretaciones a favor o en contra de la medida cautelar.

»La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece en su artículo 95 la inmunidad de los buques de guerra que se encuentren en alta mar, y genéricamente el artículo 32 de la misma determina la inmunidad de los buques, lo que una mirada superficial mostraría como una norma relevante para que la fragata Libertad sea desafectada y pueda continuar con su navegación. Pero ocurre que en esta cuestión de las inmunidades no existe una norma de derecho internacional explicita que proteja estas embarcaciones si el propio Estado no se ocupa de su salvaguarda, o si renuncia a las inmunidades que podrían protegerla.

»Los bonos que ejecutaron los fondos buitres y que fueran emitidos a partir del Plan Brady, en 1992 y durante la década del ’90, tienen una cláusula explicita de renuncia del gobierno argentino a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino es total, y solo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central, los activos existentes en la Argentina y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial. En ningún caso se excluyó a los buques comerciales o de guerra de esa renuncia a la inmunidad. Además y como una evidencia más del sometimiento a los bancos extranjeros, el Estado se sometió a la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos y a la Ley de Inmunidad de Estado de Gran Bretaña de 1978, que admite la procedencia de cualquier país de ser juzgado en esos territorios si declara que los actos celebrados no son actos soberanos, sino comerciales y sujetos al derecho privado. Además, el Estado pactó que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana era irrevocable no solo en el momento de la emisión de los títulos, sino que continuaría vigente, aunque alguna norma posterior así lo determinara.

»Toda la estructura del Plan Brady que fue impuesta en los países latinoamericanos, para producir una descomunal transferencia de recursos públicos, contaron con todas estas cláusulas de renuncia y los gobiernos las aceptaron, sin que nadie realizara objeción alguna, ni aún los abogados del Estado. La única excepción que conozco fue la del procurador del Estado de Ecuador, Dr. Bertini Arbelaitz, que se negó a convalidar la renegociación de la deuda, por la existencia de estas cláusulas que contrariaban el interés nacional.

»Estos criterios lesivos para la Nación continuaron invariablemente y fue así que cuando Néstor Kirchner emitió el primer decreto de restructuración de la deuda pública en marzo de 2004, también renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre “bienes del Estado Nacional” (Artículo 8 del Decreto 319). En una norma posterior, el Decreto 1735 del 9 de diciembre, resolvió excluir de la renuncia a la inmunidad a los bienes asignados al uso militar. Cabe agregar que las renuncias a la inmunidad de nuestra soberanía contaron invariablemente con la conformidad de los distintos procuradores del Tesoro, que en sus dictámenes estimaron procedente la misma, llegándose al extremo, en el caso de los Bonos Brady, de que el dictamen firmado por el procurador le fue redactado íntegramente por los abogados de los bancos acreedores (J.P. Morgan y Citibank).

»Como en la Argentina siempre se omite consignar los nombres de los responsables, es bueno recordar que desde la dictadura para acá los que autorizaron estas renuncias y prórrogas fueron Videla, Viola, Galtieri, Martínez de Hoz, Klein, Menem, Cavallo, Daniel Marx, Roque Fernández, De la Rúa, Kirchner, Lavagna, entre otros que participaron de esos gobiernos.

»Es bien sabido que para la legislación anglosajona (Ghana es miembro de la Commonwealth) los pactos entre partes están por encima de la ley y deben cumplirse, de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad. En el caso de la deuda externa argentina, hay una continuidad estructural en la renuncia a la inmunidad, ya que todos los títulos emitidos a partir de 1976 tienen esa cláusula, que además se repite en toda la instrumentación de las operaciones y está autorizada por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional.

»La renuncia a la soberanía en todas las emisiones de bonos públicos de la deuda externa se completó con el sometimiento sistemático a la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Londres y de Nueva York, desconociendo la tradicional doctrina argentina de que las controversias debían sustanciarse ante nuestros tribunales. Esa lamentable declinación de nuestra potestad jurisdiccional arrancó con la Ley 20.548, promulgada por el presidente Perón en noviembre de 1973, y se explicitó definitivamente cuando la dictadura cívico-militar modificó el artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual se permitió la prórroga de la jurisdicción. A partir de allí siempre quedamos a merced de los jueces extranjeros que invariablemente fallaron contra los derechos del país, como ocurriera en el conocido caso Weltover en 1992.

»Si no se abandonan estos criterios de sometimiento, los mercados financieros, los fondos buitres y todos los especuladores de deuda soberana continuarán haciendo de las suyas. Los amparan títulos de deuda y decretos de gobiernos que, en esta política de negociar el endeudamiento, no vacilaron en comprometer la soberanía de la República».

Alejandro Olmos Gaona
La deuda externa y la abdicación de la soberanía

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No nos olvidamos ninguno de los temas pendientes que son esperados por la ciudadanía desde hace décadas. Los que apoyamos y creemos en este proyecto político, que algunos denominan kirchnerismo ─pero que no se detiene en denominaciones porque es la continuidad histórica de las luchas populares de San Martín, Belgrano, los caudillos federales, Yrigoyen, Perón y Néstor Kirchner, entre otros patriotas─ no somos sujetos pasivos, ni chupamedias, ni obsecuentes. Creemos en nuestra Presidenta y en las políticas que lleva adelante su gobierno. No lo hacemos por una mística ciega que nos imbuye «el populismo clientelar», sino por la certeza de las realizaciones de los mejores 3 gobiernos democráticos de los últimos 60 años.

Pero la construcción de lo que falta no se logra cantando consignas, ni durmiendo en los laureles, sino ampliando los márgenes de adhesión social a este proyecto que no tiene vuelta atrás. Para eso hay que ser serios y comprometidos en la gestión, el diseño y los proyectos que se vienen. Hasta ahora, si hubo algún escollo o retroceso fue más por nuestros errores que por el talento de los opositores y desestabilizadores. La sintonía fina también significa ganarnos a los compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, amigos y familiares con verdades irrefutables. Ese es el desafío más difícil, la batalla cultural que debemos ganar.

Daniel
Mancuso