Estimados lectores, no os equivoqueis, esta editorial que presentaremos a continuación no fue escrita en 1976.
El texto no habla de desaparecedores impunes, torturadores sádicos, ni secuestradores de niños. No critica la venta del patrimonio nacional y la epidemia de hambre y desocupación que padecieron millones de compatriotas.
No habla, no refiere, no asume culpas, porque el autor de la nota fue socio de todos los susodichos criminales.
La editorial ha sido pensada hoy, para un gobierno democrático que obtuvo el 45.29 % de los votos en la elección del 28 de octubre de 2007: la cantidad de 8.651.066 argentinos bancando este proyecto popular y nacional hasta 2011.
No tiene firma porque nadie asumiría el escarnio de suscribir semejante mamarracho, pero todos sabemos que el autor intelectual de tan desvergonzada falta de respeto al pueblo y su Presidenta no es otro que el contador Héctor Magnetto, CEO del monopolio Clarín, quién tiene arrodillada a sus pies a toda la oposición, lista para servir al amo corporativo.
El siguiente libelo, es un conjunto de adjetivos descalificativos e insultos adornando una retahíla de justificaciones y distorciones de la historia argentina y la realidad política actual. Quienes se asociaron a la dictadura genocida para hacer negocios millonarios y esconder la masacre de sangre y muerte que bañó a nuestro pueblo, no pueden hablarnos de democracia e instituciones, porque nunca las respetaron, porque siempre se burlaron de la Ley...
El Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa
22/08/10
Después de su derrota en las elecciones legislativas del año pasado, el Gobierno nacional desestimó todo cauce autocrítico. En cambio, se abroqueló en la errática convicción de que su descrédito ante la ciudadanía, expresado con elocuencia en las urnas, se basó en una presunta influencia negativa de los medios. Y en base a esa conclusión de escasa raigambre republicana, emparentada con modos y acciones propias de los regímenes opresivos más intensos, pasó a desarrollar una estrategia de hostilidad y persecución de aquellas voces periodísticas críticas de la gestión gubernamental.
El mentor de ese plan fue y es Néstor Kirchner, con sus máximos consejeros, entre ellos el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Y el objetivo, nunca tan bien aplicado el término de reminiscencias militaristas y bélicas, ha sido y es, principalmente, el Grupo Clarín y sus medios de comunicación.
Así, se fueron sucediendo acciones combinadas, en un operativo de pinzas inédito e incesante, de los cuales fueron puntos centrales la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy impugnada ante la Justicia; la persecución y ensañamiento contra Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de la directora de Clarín; la hostilidad planificada y gradual hacia la fusión de Multicanal y Cablevisión, contraria a las decisiones del primer gobierno de Néstor Kirchner, hasta llegar a la reciente y burda maniobra de despojar a la empresa de la provisión de su servicio de Internet a través de Fibertel. Más el trofeo mayor: el apoderamiento, por cualquier medio y contra todo principio de legalidad constitucional, de los activos de Papel Prensa mediante la construcción de un relato falso de toda falsedad, faccioso y propio de una organización paragubernamental. Con el agravante de que para ello se puso en marcha todo el poder del Estado, médula de la sociedad.
El control absoluto de Papel Prensa, de la cual se viene anunciando un “informe final”, es una decisión ya tomada: el Gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para la impresión de diarios y someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder. Un esquema que hunde sus raíces en las formas más arcaicas de la política.
¿Por qué Papel Prensa es tan codiciada por un Gobierno que hace del poder una ostentación continua e ilimitada de la mera fuerza por sobre el llano Derecho? Hagamos un rápido repaso. Papel Prensa nació como respuesta a la necesidad de que el país contara con una industria nacional de fabricación de papel para diarios, el insumo básico de la prensa escrita. Los principales accionistas de la compañía son Clarín (49%), La Nación (22,49%) y el Estado nacional (27,46% directo y 0,62% de propiedad de la agencia oficial de noticias Télam). Papel Prensa es el principal proveedor de papel de diario del país y abastece el 75% del consumo nacional. El restante 25% del papel se importa sin ningún tipo de aranceles o impuestos, lo que pone a la empresa en una situación competitiva que ninguna otra industria enfrenta en el país: la de competir con los productos importados sin ningún tipo de protección.
Hasta el nacimiento de la empresa, el papel en el que se imprimían los diarios en la Argentina era importado. Los editores periodísticos dependían de importadores de papel, de las fluctuaciones del dólar y, en especial, de las restricciones a la importación que los gobiernos de turno aplicaban para controlar, presionar y en algunos casos someter a los medios escritos.
Con esa percepción de control sobre los criterios editoriales independientes de la prensa gráfica, es que hoy el Gobierno pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa y controlar a su antojo la empresa, como parte de su obsesión por la domesticación de las voces periodísticas que no consigue avasallar o al menos estandarizar a medida de sus intereses y necesidades.
Estas, y no otras, son las razones por las que la empresa es blanco desde hace tiempo de una escalada de violencia y de intimidaciones contra sus directivos, de igual o mayor dimensión e intensidad que las amenazas y hostigamientos que sufren en el país los medios de comunicación y los periodistas en general. Es necesario remarcar que la verdadera ambición del Gobierno es manejar el abastecimiento local de papel para diarios, el cual combinado con el control de las importaciones, pondría en sus manos un decisivo poder de presión sobre los medios gráficos.
Eso explica la escalada contra Papel Prensa y sus accionistas privados, sometidos a las arbitrariedades, insultos y ramplonas prepotencias de un funcionario de rango menor como el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, apenas un vocero obediente y acrítico, la cara más grotesca del poder político. Sus conocidas y patéticas bravatas escaso favor le hacen a la cultura democrática argentina y alimentan un clima de depredación y desmerecimiento sistemático de la función de medios y periodistas, en extraña interpretación oficial de una libertad de prensa sólo entendida cuando se piensa como quieren y disponen los habitantes transitorios de la Casa Rosada.
Así, la puesta en marcha de la embestida contra Papel Prensa se sustentó en la primera acusación a la empresa de desórdenes administrativos, que nunca se pudieron demostrar. Simplemente porque no existieron ni existen. Hoy, la línea argumental más insistente del Gobierno pretende vincular la compra de las acciones de Papel Prensa con un delito de lesa humanidad. Ese falso argumento, reforzado por una inusitada campaña de agravios y falsedades, afirma que las acciones fueron compradas a la familia Graiver, dueños originarios, cuando sus integrantes estaban secuestrados y torturados por la dictadura militar de entonces.
Para construir su propio “relato”, acompañado del incesante bombardeo propagandístico con múltiples medios y periodistas afines, tanto en la esfera pública como en la privada, el Gobierno tergiversa los hechos, altera su cronología y no duda en bastardear una causa noble y de principios éticos universales como la de los derechos humanos, consustanciada definitivamente en la conciencia popular de los argentinos y no por obra de este Gobierno, sino por un largo proceso de construcción política que incluyó la inmensa tragedia cívica de la dictadura.
La verdad histórica es que las acciones fueron compradas al Grupo Graiver en noviembre de 1976 por los diarios Clarín, La Nación y La Razón, cuando dicho Grupo enfrentaba problemas financieros y societarios, con la quiebra de al menos dos de sus bancos en el exterior, y cuando el Grupo no podía continuar con el proyecto de construcción de la planta. En ese momento todos sus integrantes estaban en libertad y no se encontraban bajo amenaza de la dictadura. Además, en el momento de la transferencia accionaria, no se conocía la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros del Grupo Graiver por la administración militar.
Así sucedieron los hechos. Los miembros de la familia Graiver fueron ilegalmente detenidos más de cinco meses después de la venta del paquete accionario de Papel Prensa, cuando salió a la luz la relación financiera de David Graiver con Montoneros. David Graiver era acusado de haber recibido una suma millonaria del grupo armado Montoneros para administrarla e invertirla.
Anteriormente al traspaso accionario, los diarios Clarín, La Nación y La Razón ya habían elaborado un proyecto que consideraban estratégico para la prensa argentina. Por entonces los tres diarios manejaban ese proyecto propio de construir una planta de papel, al que dejaron de lado para la compra de Papel Prensa.
Una vez reestablecida la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín, los integrantes de la familia Graiver supieron entonces honrar la verdad, la misma que hoy los hermanos Papaleo, que nunca tuvieron acciones de Papel Prensa degradan, en un viraje conceptual de difícil explicación. Cuando Lidia Papaleo testimonió ante la Justicia sobre los hechos que rodearon aquella venta, nunca hizo referencia a que se hubiera realizado mientras estaba detenida ilegalmente o bajo amenazas de la dictadura militar.
De la lectura de sus afirmaciones judiciales surge claramente que cuando se vendió el paquete accionario de Papel Prensa, los miembros del Grupo Graiver estaban libres. La Justicia estableció como fechas de sus detenciones ilegales las que ellos mismos declararon, y encontró que la causa de los secuestros fue la vinculación de David Graiver con los Montoneros.
Esa vinculación financiera de Graiver con Montoneros fue investigada dos veces por la Justicia en la democracia, durando esta causa diez años. En 1986, la Cámara Federal dio por probado que David Graiver, efectivamente, había recibido ese dinero de parte del grupo Montoneros.
Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo, de militancia justicialista ortodoxa, vienen contradiciendo en los últimos meses, en abierta, inesperada y sugestiva sintonía con el kirchnerismo, una posición que no es la que declararon a la Justicia en tiempos de la recuperada democracia. En sus conciencias, más que en la verdad histórica, habrá que rastrear alguna huella que justifique un giro tan abrupto.
La apropiación de Papel Prensa, aunque se disfrace con el ropaje de los derechos humanos, sólo procura la subordinación incondicional de la palabra escrita, como parte central de un proceso de dominación social impropio de los sistemas democráticos. Néstor Kirchner y su esposa, la Presidenta, después de garantizarse una ley que regula con marcada influencia del estado los medios audiovisuales y de avanzar arbitrariamente sobre la libre elección de los usuarios de Internet, ahora apresuran el paso para controlar el flujo de la información a través de la palabra impresa. Por eso le apuntan al insumo básico de la misma: el papel. Sin papel no hay diarios. Y sin diarios, aun en tiempos del auge de Internet y sus redes sociales, la palabra impresa, que sigue resumiendo la versión más perdurable del sentido de la libertad y de la crítica, se empobrece y vacía de sentido. Hasta desfallecer. O hasta resistir y honrar su digna historia.
(Contador HÉTOR MAGNETTO, en las sombras)
3 comentarios:
ahhhhhhhhhhhh...viste? defienden la libertad de prensa...que payaso.
todos los que sabemos como actua el grupo, además de leer y ver otros medios y saber la verdad y propagarla deberíamos darnos de baja del servicio de cablevisión y fibertel en masa.
Casi me hace llorar...
Abrazo
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