¿JUSTICIA? ¡LAS PELOTAS! Y CINISMO DESTITUYENTE

Dentro de 100 años, los historiadores tratarán de analizar, de explicar, de comprender, este momento maravilloso en que la soberanía popular, la democracia, los derechos y la inclusión social se dan de bruces con los estertores corporativos que con la complicidad de la partidocracia neoliberal, los jueces subordinados y mucho terrorismo mediático intentan frenar el avance del proceso transformador que comenzó en la Argentina desde el 2003. ¿Podrán desentrañar tanto cinismo institucionalizado que envenenó los tribunales, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las empresas y cámaras empresarias, las mentes de los consumidores cautivos de los medio de confusión?

Si es tan compleja la trama de intereses corporativos que se resisten a que la luz democrática ilumine los negociados y las impunidades que confunde hasta al más lúcido ciudadano de a pie, parece difícil aceptar que pasados los años, las décadas, alguien pueda entender que es lo que realmente pasó en la Argentina cuando un gobierno votado masivamente por su pueblo se enfrentó con oscuros socios de un sistema económico político sindical y eclesiástico que minaba todos los caminos que conducían a la justicia social y la reparación de derechos históricamente secuuestrados.


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Un ejemplo, todos los ejemplos. La Presidenta Cristina Fernández acaba de enviar al Congreso de la Nación un paquete de proyectos de leyes para democratizar la Justicia, el único poder del Estado que todavía conserva muchas taras desde la dictadura genocida. Los dirigentes de la oposición, sin conocer los proyectos, sin haberlos leído, faltaron a su trabajo, no fueron a las comisiones del Senado y de Diputados donde se debe buscar el tan mentado consenso, donde se discute y se legisla, y emitieron un documento en el que se pronunciaron en contra de la reforma judicial anunciada y enviada al Congreso días atrás por la presidenta...

DECLARACION DE LA OPOSICIÓN UNIDA SOBRE LA POLITIZACION DE LA JUSTICIA.

Ciudadanas y ciudadanos, dirigentes políticos de todo el arco opositor, intelectuales, empresarios, líderes sociales, dirigentes sindicales y organizaciones no gubernamentales, firmamos esta Declaración de Rechazo al intento de control de la Justicia por parte del Gobierno Nacional.

Detrás del título meramente retórico de “democratizar la justicia” se esconde un intento de suprimir la independencia de los jueces, modificando el régimen republicano que establece la Constitución, en perjuicio de las libertades y derechos de todos los ciudadanos argentinos.

Cuando la Presidenta decía: “Vamos por todo”, no mentía. Le toca ahora el turno al último resguardo de los derechos y garantías; la justicia. Los cambios propuestos en el Consejo de la Magistratura transforman a este organismo en dependiente de mayorías circunstanciales, y persiguen la finalidad de que el gobierno pueda designar y remover a los jueces que desee, además de quitarle los recursos a la Corte Suprema de Justicia para controlarlos por otra vía.

Respecto de las cautelares, los ciudadanos quedan indefensos frente a los abusos de poder del Estado. Ello soslaya la asimetría de poder entre administración y administrado.

Con relación a las Cámaras de Casación se agrega una instancia judicial más alargando los procesos en perjuicio de los ciudadanos. El ejemplo más palpable se da en los juicios de los jubilados que ya sufren por años la injusticia de demorar sus reclamos.

Al mismo tiempo, resulta paradójico que el oficialismo hable de “democratización de la Justicia” y apruebe los proyectos sin debate democrático en el Congreso.

Es que esta reforma no es para que haya una Justicia mejor, rápida y cercana a la gente, sino para ocuparla con jueces adeptos al Gobierno y preparar el terreno para la impunidad.

Es hora de actuar todos juntos con grandeza y generosidad, ya que se encuentra en juego la República y la Constitución. Cuando no hay justicia independiente no hay Constitución, no hay libertad ni hay derechos para los ciudadanos. No permitamos este atropello.

Los diputados Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, Gabriela Michetti y Gustavo Ferrari, entre otros legisladores, trabajaron en el documento común que firmó todo el arco opositor y que anticipa la exposición que los máximos referentes de cada partido, Mauricio Macri por el PRO, Hermes Binner por el Frente Amplio Progresista, Mario Barletta por la UCR y Francisco De Narváez por el PJ disidente, harán el martes próximo frente al Palacio de Tribunales junto a dirigentes y legisladores opositores.

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El martes 9 de abril, en una asamblea realizada en la capital santafesina (la sexta del año, en el marco de las reuniones que la Mesa de Enclace viene desarrollando en el interior del país para unificar reclamos y definir una propuesta de lucha conjunta), productores rurales pidieron "echar a la porquería que está gobernando", llamaron a no pagar impuestos "para que se caíga el gobierno" y advirtieron que una reforma constitucional traería el ingreso del "marxismo y el chavismo" a la Argentina.

Ante los miembros de la Mesa de Enlace, en Santa Fe, los productores lanzaron consignas contra el Gobierno, de neto tinte destituyente. En el encuentro que duró algo más de 3 horas, un productor agropecuario, que se identificó como Daniel, oriundo de la localidad santafecina de Avellaneda, dijo que "el gobierno no le va a dar nada al campo, y por eso se tiene que ir".


"¿Nos vamos a ir nosotros? No, los que se van a ir son ellos".


Ante la atenta mirada de Eduardo Buzzi, de Federación Agraria, Carlos Garetto, de CONINAGRO, Luis Etchevre, de la Sociedad Rural, y Rubén Ferrero, de CRA, el mismo productor sostuvo que "hay muchos métodos psiclógicos y de acción directa que se pueden implementar para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente".


En la misma línea, otro productor que dijo llamarse Raúl, oriundo de la localidad santafecina de Malabrigo, advirtió que a su criterio el Gobierno "va a ir por mucho más para destruir al país".


"Lo más peligroso es el tema judicial y la reforma de la constitución, esta gente no quiere la reelección, sino cambiarle el espíritu para que entre el chavismo, el marxismo y ese maldito progresismo que no se sabe qué es", agregó el productor.


Una productora propuso "no pagar ningún impuesto hasta junio para que el gobierno no pueda pagar los aguinaldos y se vaya de una buena vez".

Sin embargo, no alcanzaron a elaborar un documento con estas propuestas ante la imposibilidad de lograr un acuerdo entre los puntos planteados por la Federación Agraria y la Sociedad Rural y CRA.









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Lo dicen abiertamente, sin pudor.

Elisa Carrió, pregonera antipolítica premium, equiparó el proyecto de reforma judicial con el golpe de Estado del ’76. Al reiterar sus críticas a las iniciativas que la Presidenta mandó al Congreso Nacional, la diputada de la Coalición Cívica las consideró como un acto de “golpismo que lleva adelante el Gobierno con la intención de suprimir las instituciones, en la misma línea que el golpe de 1976”.

El dueño de La Nación, Bartolomé Mitre, repudió a la dictadura de votos.

El dueño de Clarín, Héctor Magnetto, afirmó que la justicia está siendo atropellada escandalosamente, por el gobierno.


Los sindicalistas panqueques, ora de izquierda, ora de derecha, mentira va, mentira viene, están jugando al truco para los golpistas.

Para esta gente que siempre gozó de privilegios, la democracia populista que se enfrenta a las rémoras neoliberales es cosa fea. Los votos no sirven para nada. ¿Cómo se les va a ocurrir democratizar a la justicia? Hay que respetar a los poderosos o te volteamos, dicen que dicen. Además, lo tenemos a Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El tipo va a dejar hacer, que avancen los proyectos, que se discuta en el Congreso, que salga la ley, que se promulgue... total, después declaramos la inconstitucionalidad y nos cagamos en los millones de votos que quieren un país inclusivo y más justo.

¡Justicia, las pelotas!


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Daniel
Mancuso