El modus operandi era siempre el mismo: palizas, picana, una lapicera y una invitación a rezar al que se negara a empuñarla para firmar una declaración que no podía leer porque estaba con una capucha. Romano y Miret dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones obtenidas bajo tormentos, pese a las constancias médicas que obraban en las distintas causas, y no procedieron a denunciar ni investigar a quienes los aplicaron...
El Consejo de la Magistratura concretó ayer una decisión que venía madurando desde hace un año, incluso con su formación anterior: la suspensión en el cargo y el envío a juicio político del camarista federal mendocino Otilio Romano, sobre quien pesa la sospecha de tolerancia (cuanto menos) o complicidad con la banda de ultraderecha Triple A y la dictadura.
Superados los recursos y chicanas con los que Romano había conseguido estirar los tiempos y demorar la resolución de su situación, el Plenario del Consejo aprobó el dictamen 100/2011, más de 300 páginas elaboradas por el consejero representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, que describen los casos en los que, al igual que otros miembros de la justicia mendocina, tuvo por lo menos una mirada complaciente con las torturas, desapariciones, robos y asesinatos que se convirtieron en emblemas del régimen que sojuzgó a la Argentina desde mediados de los ’70.
Los consejeros Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes (juez cordobés sobre quien organismos defensores de Derechos Humanos también tienen puesta la lupa por su pasado), Ordiales, Carlos Moreno, Mario Cimadevilla, Daniel Ostropolsky, Oscar Aguad, Marcelo Fuentes, Manuel Urriza, Ada Iturrez de Capellini y Alejandro Fargosi firmaron el dictamen que suspendió ayer mismo a Romano como juez y lanzó la cuenta regresiva de seis meses para que un Jury resuelva su suerte.
No estuvieron presentes en la reunión la diputada justicialista tucumana Stella Maris Córdoba y el ex titular de la influyente Asociación de Magistrados, el camarista en lo Civil y Comercial federal Ricardo Recondo.
La situación de Romano, tal y como quedó, no difiere de la que atravesó su colega Luis Francisco Miret, destituido el 11 de marzo pasado en la misma instancia que ahora afrontará Romano.
Suspendido en sus funciones y camino a una eventual destitución, el futuro del juez podría ser más negro aun: Romano está procesado por 93 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en prácticamente todas las modalidades conocidas, y se avizora en su horizonte un juicio oral en el que podría ser condenado a prisión perpetua.
“Presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal”, reza la imputación en su contra.
Ayer, el Consejo de la Magistratura puso fin a su parte del proceso de destitución. La situación de Romano se venía demorando desde que el 3 de junio pasado fue citado a declarar en el marco del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. El artículo en cuestión es al juicio político lo que la declaración indagatoria al juicio penal: la oportunidad para que el imputado formule su descargo. Romano optó por enviar un escrito al Consejo negando las imputaciones en su contra y denunciando una suerte de persecución de matriz pretendidamente ideológica.
Entre las imputaciones en su contra figuran la aplicación de torturas a los presos políticos Luz Faingold, Ana Aramburu, Roberto Azcárate, David Blanco, Carlos Cangemi, Pedro Coria y Justo Corvalán, y la desaparición de Rolando Berohiza.
La situación de Romano no figuraba en el orden del día del plenario de la víspera. Sin embargo, los consejeros habían consensuado realizar temprano una reunión extraordinaria de la Comisión de Disciplina y Acusación para aprobar el dictamen acusatorio y empujar su inclusión entre los temas a tratar en el acuerdo. El representante del gobierno en el Consejo, Hernán Ordiales, y el diputado nacional oficialista Carlos “Cuto” Moreno serán los encargados de sostener la acusación en el Jury.
Según la legislación vigente, desde ayer corre un plazo de 6 meses calendario para que se lleve a cabo el proceso. Si se superara ese lapso sin una resolución, Romano sería automáticamente repuesto en su cargo. Pero en la historia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, pese a la declamada “lentitud de la justicia”, no hay ningún antecedente de esa naturaleza.
Superados los recursos y chicanas con los que Romano había conseguido estirar los tiempos y demorar la resolución de su situación, el Plenario del Consejo aprobó el dictamen 100/2011, más de 300 páginas elaboradas por el consejero representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, que describen los casos en los que, al igual que otros miembros de la justicia mendocina, tuvo por lo menos una mirada complaciente con las torturas, desapariciones, robos y asesinatos que se convirtieron en emblemas del régimen que sojuzgó a la Argentina desde mediados de los ’70.
Los consejeros Mario Fera, Alejandro Sánchez Freytes (juez cordobés sobre quien organismos defensores de Derechos Humanos también tienen puesta la lupa por su pasado), Ordiales, Carlos Moreno, Mario Cimadevilla, Daniel Ostropolsky, Oscar Aguad, Marcelo Fuentes, Manuel Urriza, Ada Iturrez de Capellini y Alejandro Fargosi firmaron el dictamen que suspendió ayer mismo a Romano como juez y lanzó la cuenta regresiva de seis meses para que un Jury resuelva su suerte.
No estuvieron presentes en la reunión la diputada justicialista tucumana Stella Maris Córdoba y el ex titular de la influyente Asociación de Magistrados, el camarista en lo Civil y Comercial federal Ricardo Recondo.
La situación de Romano, tal y como quedó, no difiere de la que atravesó su colega Luis Francisco Miret, destituido el 11 de marzo pasado en la misma instancia que ahora afrontará Romano.
Suspendido en sus funciones y camino a una eventual destitución, el futuro del juez podría ser más negro aun: Romano está procesado por 93 casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en prácticamente todas las modalidades conocidas, y se avizora en su horizonte un juicio oral en el que podría ser condenado a prisión perpetua.
“Presunta omisión sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y represión de los delitos que habría tomado conocimiento durante su desempeño como fiscal federal”, reza la imputación en su contra.
Ayer, el Consejo de la Magistratura puso fin a su parte del proceso de destitución. La situación de Romano se venía demorando desde que el 3 de junio pasado fue citado a declarar en el marco del artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. El artículo en cuestión es al juicio político lo que la declaración indagatoria al juicio penal: la oportunidad para que el imputado formule su descargo. Romano optó por enviar un escrito al Consejo negando las imputaciones en su contra y denunciando una suerte de persecución de matriz pretendidamente ideológica.
Entre las imputaciones en su contra figuran la aplicación de torturas a los presos políticos Luz Faingold, Ana Aramburu, Roberto Azcárate, David Blanco, Carlos Cangemi, Pedro Coria y Justo Corvalán, y la desaparición de Rolando Berohiza.
La situación de Romano no figuraba en el orden del día del plenario de la víspera. Sin embargo, los consejeros habían consensuado realizar temprano una reunión extraordinaria de la Comisión de Disciplina y Acusación para aprobar el dictamen acusatorio y empujar su inclusión entre los temas a tratar en el acuerdo. El representante del gobierno en el Consejo, Hernán Ordiales, y el diputado nacional oficialista Carlos “Cuto” Moreno serán los encargados de sostener la acusación en el Jury.
Según la legislación vigente, desde ayer corre un plazo de 6 meses calendario para que se lleve a cabo el proceso. Si se superara ese lapso sin una resolución, Romano sería automáticamente repuesto en su cargo. Pero en la historia del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, pese a la declamada “lentitud de la justicia”, no hay ningún antecedente de esa naturaleza.
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Horacio Verbitsky explica en Página 12, el mundo al revés...
La declaración del camarista mendocino Otilio Romano de que se siente amenazado por los organismos de derechos humanos, que lo habrían presionado con denuncias en su contra para que falle a favor de la ley de servicios audiovisuales, invierte la secuencia real de los hechos. Fue Romano, y su compañero en la Cámara Federal de Mendoza, Luis Francisco Miret, quien intentó negociar su posición en una causa que interesaba al Poder Ejecutivo Nacional, a cambio de que no prosperara el juicio político en su contra por complicidad con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar.
- La misma táctica había seguido la jueza María José Sarmiento, cuando atribuyó a represalias oficiales por su fallo sobre las reservas del Banco Central la orden de detención de su padre, el coronel torturador Luis Alberto Sarmiento. La denuncia de los organismos de derechos humanos contra Romano fue presentada al Consejo de la Magistratura el 22 de diciembre de 2009, último día hábil de ese organismo en el año, y la apelación oficial al fallo de la jueza Olga Pura Arrabal que suspendió la ley de medios ingresó a la cámara mendocina una semana después, el 28 de diciembre, lo cual derrumba sin apelaciones la insólita pretensión del juez...
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Esto es apenas una muestra de la cantidad de basura que todavía subsiste en los tribunales argentinos.
El modus operandi era siempre el mismo: palizas, picana, una lapicera y una invitación a rezar al que se negara a empuñarla para firmar una declaración que no podía leer porque estaba con una capucha. Romano y Miret dictaron prisiones preventivas sobre la base de esas declaraciones obtenidas bajo tormentos, pese a las constancias médicas que obraban en las distintas causas, y no procedieron a denunciar ni investigar a quienes los aplicaron...
Así nos cuenta Horacio Verbitsky pedazos del horror que vivieron miles de argentinos en aquellos años, y cuyos responsables todavía pasean por las calles de la democracia.
A por ellos.
post scriptum
El juez OTILIO ROMANO tras la sombra de PINOCHET
Romano dejará de cobrar su salario
Daniel
Mancuso
Mancuso
1 comentario:
Otro más, pero faltan muchos, muchisimos y tambien los hay más jovencitos, hay que encontrar y castigar a todos.
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