¡Buenas noticias! Una garrapata menos, residuo judicial de la dictadura genocida, disfrazado de Camarista, ¿Podés creerlo?
La sanguijuela leguleya fue aplastada por la memoria y la justicia de la democracia.
El Consejo de la Magistratura destituyó hoy al camarista mendocino Luis Francisco Miret, al término de un jury de enjuiciamiento donde se lo encontró culpable de "mal desempeño" y posible comisión de delitos.
Con esta decisión, Miret perdió su jubilación, sus prerrogativas como magistrado nacional y quedará ahora sujeto a la causa penal que se sigue en su contra en Mendoza por delitos relativos a presunto encubrimiento o falta de investigación de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
El camarista había sido acusado de mal desempeño de sus funciones en cinco causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Los casos son previos al golpe de Estado y posteriores a 1983.
Se lo responsabilizó de inacción a la hora de investigar denuncias por tortura y vejaciones en la D2 mendocina, y de haber cerrado en 1987 una causa por robo de bebés de desaparecidos aplicando la ley de Punto Final, cuando la norma no amnistiaba ese delito. Y, además, de haber investigado en 2007 una denuncia contra el jefe de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza, Juan Pablo Saá, de quien era amigo.
- Luis Miret estuvo suspendido desde septiembre y había pedido su renuncia al Poder Ejecutivo, quien había postergado su intervención por el jury iniciado por el Consejo de la Magistratura. Lo intentó, pero no pudo evitar la destitución.
El jury entendió que Miret como juez subrogante tuvo "noticia verosímil y directa de delitos cometidos contra varios detenidos puestos a su disposición a manos de integrantes de grupos de tareas de la policía mendocina".
"Puede concluirse sin hesitación que el magistrado debió haber actuado conforme lo establecía la legislación vigente, identificar a los responsables de vejaciones, torturas y robos de los que tuvo conocimiento y sin embargo, omitió toda diligencia procesal en ese aspecto", afirmó el fallo.
La referencia es a un grupo de militantes y delegados sindicales detenidos por la policía mendocina en febrero de 1976 y llevados al D2 de Mendoza donde -según relataron en el jury- fueron sometidos a violaciones reiteradas, torturas y otros delitos...
El testimonio de ex detenidos que pasaron por el llamado “D2” de Mendoza en febrero de 1976, es muy claro sobre las torturas, violaciones y condiciones inhumanas de detención.
“Puedo decir con total seguridad y total responsabilidad republicana que ninguno de los jueces del momento, de los defensores públicos ni nadie se acercó a mí ni hizo nada”, dijo Silvia Susana Ontivero, quien era delegada de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) al ser detenida en febrero de 1976.
Fue durante la primera audiencia dedicada a escuchar testimonios. El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura se inició así, en un proceso en el cual Miret, acusado por delitos cometidos en la última dictadura, encaró su propia defensa y se encargó de preguntar a los testigos en su contra.
“Éramos todos los delegados de ATE que fuimos detenidos y llevados al D2, que se conocía como el palacio de las torturas de Mendoza”, explicó Ontivero, licenciada en administración de empresas que pasó allí 18 días hasta que fue puesta a disposición del PEN y trasladada a la cárcel de Devoto, donde estuvo 6 años más.
“Yo fui salvajemente torturada, salvajemente violada, perdí la cuenta de los hombres que me violaron, a veces hasta 4 veces al día”.
Un día todos los secuestrados fueron llevados a una dependencia policial. “Nos dicen que estamos frente a un juez, después supe que era uno llamado Carrizo, yo le denuncio todo y él me dice, después de verme entre dos policías que me llevaban porque no podía caminar, me pregunta si me había caído”, dijo Ontivero.
El propio Miret, al preguntarle en la audiencia, explicó que por esa época era defensor oficial de Mendoza, no juez.
“Con todo respeto, no pongo en duda las vejaciones, violaciones y torturas de las que fue víctima, pero yo no era juez, el juez era Carrizo, por qué me vincula a mí con todas sus desgracias y se hace denunciante del doctor Miret”, dijo Miret refiriéndose a sí mismo en tercera persona.
“Me hubiera gustado mucho tener un defensor oficial, doctor Miret”, respondió la testigo mirándolo a los ojos.“Nunca tuve defensor, no nos dejaron nombrar uno particular y me abrieron 3 causas que luego fueron anuladas”, agregó.
“He escuchado que hasta los jueces estuvieron también con las manos atadas, pero nunca supe desde que empezó la democracia que ninguno haya dicho desde entonces: voy a contar lo que me pasó como juez, fiscal o defensor oficial, que me llegaba gente lastimada, torturada y no pude hacer nada”, señaló Ontiveros.
Otro testigo, Fernando Roulet, también militante de organismos de derechos humanos y secuestrado junto a Ontivero, aseguró que “Miret fue particularmente activo a la hora de avalar lo que hacía la Policía de Mendoza de manera previa y durante la dictadura cívico-militar”.
El actual inspector de la Orquesta Filarmónica de Mendoza fue secuestrado del 9 al 26 de febrero de 1976, con el grupo de gremialistas, antes del golpe de Estado.
Miret debió, "ineludiblemente" como juez de instrucción, formar la correspondiente investigación y al no hacerlo "mostró una conducta incompatible con el ejercicio de la magistratura en un acto de mal desempeño y que podría eventualmente constituir la comisión de un delito", algo que es materia de investigación en la justicia federal de Mendoza.
El jury advirtió que si bien Miret era juez subrogante -su cargo efectivo era defensor oficial- tenía las mismas obligaciones que los magistrados designados en su cargo y "tenía que actuar de acuerdo a la normativa vigente y que establecía la obligación de investigar delitos de su competencia y denunciar aquellos de los que tomara conocimiento". No hizo nada.
Miret "dejó librados a su suerte a los detenidos imputados entonces por delitos de subversión soslayando el drama del D2 y sin asumir mayores responsabilidades cuando era su deber ineludible hacerlo", consignó el veredicto del jury.
Por voto mayoritario y disidencia de dos consejeros, el senador Eric Calcagno y el diputado Jorge Landau, se descartaron los cargos que enfrentaba por cerrar una pesquisa relativa a una beba robada en la dictadura y que recuperó su identidad 30 años después, y por lo ocurrido a Luz Faingold, detenida a los 17 años en febrero de 1976, violada y enviada luego a un instituto de menores por Miret.
El cuerpo estuvo presidido por el juez Carlos Bossi e integrado por su colega Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.
Los consejeros remarcaron que ya en democracia, cuando el Senado aprobó el pliego de Miret para camarista, se desconocía aún lo acontecido en febrero de 1976 con un grupo de detenidos en el departamento de policía de Mendoza, sometidos a torturas, vejaciones y condiciones inhumanas de cautiverio.
Incluso, se hizo hincapié en que pasaron varios gobiernos constitucionales y "él nunca intentó remediar esa grave falta denunciando los hechos que había conocido sin hacer nada al respecto".
Uno menos. Pero falta mucho para limpiar los Tribunales de tantas lagartijas y vívoras que se esconden tras los expedientes...
A las 21:25 del viernes (11/3/11), Clarín no publicó nada sobre Miret. Raro, muy raro...
Daniel Mancuso
1 comentario:
Era hora! que lamentable que también no se haya tenido en cuenta su participación en el robo de bebés. Abrazos
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