EL DOMINIO DE LA TIERRA NUESTRA

La presidenta Cristina Fernández anunció, en un discurso por cadena nacional desde Casa de Gobierno, el envío al parlamento de un proyecto para "la protección del dominio nacional de las tierras rurales" y destacó que esta iniciativa es "una demanda de fuerte contenido nacional, porque es la protección de un recurso no renovable".

La ley anunciada Cristina, si bien no vuelve sobre las tierras ya vendidas a extranjeros, sí pone un límite de 1.000 hectáreas por extranjero, lo cual hubiera evitado años atrás el desborde actual de extranjerización de la tierra.

Así, los titulares de otra nacionalidad no podrán tener más del 20 % del total de tierras rurales a nivel nacional. Según datos del Ministerio de Agricultura, esa proporción representa hoy 40 millones de hectáreas. De este total, los dueños de una misma nacionalidad no podrán tener más del 30 %. Además, se establece que una persona física o jurídica no podrá adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones del país. La iniciativa también prevé la creación de un registro nacional de propietarios.

De todos modos, habría que discutir qué se hace con la tierra, porque si bien los extranjeros no podrían comprar más tierras que 1.000 hectáreas, las pueden arrendar y seguir plantando soja, por ejemplo, entonces el problema es qué se hace y cómo se hace lo que se hace en el territorio nacional, a nivel productivo. Este es un primer paso, importante, pero insuficiente todavía.

• El proyecto que el gobierno nacional enviará al Congreso para controlar la extranjerización de tierras llega a poner coto a un fenómeno de entrega de recursos naturales que lleva décadas, pero habrá que tener cuidado en diversos aspector para que el capital especulativo no siga haciendo desastres en nuestros campos, o aprovechando los vacíos legales que les regalamos.

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La mayoría de los nuevos terratenientes internacionales compró tierras al por mayor. En los últimos tiempos, uno de los casos más emblemáticos y escandalosos de entrega de tierras es el de las 14.000 hectáreas compradas por el inglés Joe Lewis (dueño de las marcas Puma, Vans, Café Aroma, Hard Rock Café) en la zona de Lago Escondido, en El Bolsón, Río Negro. Allí, con la anuencia de los gobiernos radicales, pagó en 1998, sólo U$S 3,5 millones por el área, con el lago adentro, estableciendo así su paraíso privado cerrado al público. Según tasadores, esas tierras costaban más de U$S 10 millones.






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El caso insignia en la extranjerización es el de los hermanos Benetton. Los productores textiles italianos llegaron en 2007 a la Patagonia y hoy ostentan casi un millón de hectáreas, lo cual los convierte en los mayores terratenientes extranjeros en la Argentina.

En la nota LOS MAPUCHES Y LA LEY WINCA analizamos la saga de impunidades cometidas por los Benetton en la patagonia...

La ley 26160 de Emergencia de Propiedad Comunitaria fue sancionada en 2006, y prorrogada hasta 2013. Ordena realizar un catastro de las tierras que ocupan los pueblos originarios y prohíbe los desalojos de comunidades indígenas en todo el país. El 20 de febrero último, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia relevaron, en cumplimiento de la ley, a la comunidad Santa Rosa Leleque, en Chubut. Sólo 10 días después, el juez Omar Magallanes ordenó el desalojo de la comunidad y favoreció a la multinacional Benetton, que posee un millón de hectáreas en la Patagonia. Los abogados de la comunidad advirtieron que se “omitió groseramente” la legislación indígena y anunciaron que apelarán la medida.



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Existen alrededor de 174 millones de hectáreas productivas, 18 millones están en manos de extranjeros, lo cual representa el 10% del total de la superficie habilitada para la cosecha.

Se calcula que las tierras en propiedad extranjera es más, considerando que muchos de los millonarios extranjeros que llegaron al país –Benetton, Joe Lewis, Ted Turner y Douglas Tompkins, entre otros– adquirieron terrenos en zonas puramente turísticas, sobre todo en la Patagonia.

La Federación Agraria Argentina (FAA) estima que si este año no se sanciona una ley para detener la extranjerización, en 2013 habrá entre 25 y 26 millones de hectáreas en propiedad de extranjeros, lo que supone un crecimiento del 45% en dos años de penetración de capitales foráneos en tierra argentina.

Si bien no hay un registro nacional de la propiedad privada –algo que impone la nueva ley a debatir–, en el año 2002, FAA hizo un intento de elaborar un mapa de las tierras extranjerizadas, que detallaba entre las zonas más calientes a las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y Corrientes.

“La mayor entrega estuvo siempre en la zona cordillerana, donde nadie controla y hay, muchas veces, complicidad política en las ventas”, dijo a Tiempo Argentino Omar Príncipe, secretario gremial de FAA.


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Un eje fuerte de la normativa es que define que la comercialización de este recurso (la tierra) no puede ser considerada una inversión privada, por ser un recurso no renovable. De esta manera, la tierra quedará comprendida bajo el dominio público, con el objetivo de evitar cualquier conflicto ante el Ciadi o con los tratados bilaterales de inversión.

“Las decisiones nacionales sobre la titularidad, tenencia y uso de las tierras rurales se inscriben dentro del derecho a la libre determinación de los pueblos, así como su derecho a la independencia económica y a la fijación de las formas de explotación y distribución de lo producido con sus riquezas y recursos naturales, tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, puede leerse en los fundamentos del proyecto, que ingresó ayer por la noche en la Cámara de Diputados.

Incluso se aclara que la tierra no puede ser considerada una inversión, porque es “el recurso que aporta el país que recibe la inversión”. Así quedaría fuera del alcance del Ciadi.

“Esta definición que damos es la primera batalla legal contra los tratados de inversión, que seguramente se extenderán a otras áreas. Es una de las cosas más novedosas de este trabajo. Esta ley afirma que no puede ser considerada inversión la compra de un bien escaso y no renovable. Inversión es cuando alguien trae tecnología, no cuando compra un campo”, explicó a Página/12 Eduardo Barcesat, uno de los juristas que trabajó en la letra chica del proyecto desde noviembre del año pasado. El otro especialista que hizo aportes fue el abogado Aldo Casella, un hombre cercano a la Federación Agraria.


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El objetivo inicial del grupo de juristas que estuvo involucrado en la realización del proyecto era armar una ley federal de tierras rurales, donde quedaran contemplados todos los tipos de propiedad, incluidos los pueblos originarios y la propiedad cooperativa. Sin embargo, una vez que la iniciativa llegó a manos de la Presidenta se decidió acotar el proyecto, con la intención de que pudiera ser tratado en el Congreso.

“Nos dijo que debíamos copiar lo que hicieron otros países para cuidar este recurso natural”, dijo Barcesat. En los fundamentos del proyecto se incluye un capítulo dedicado a la legislación comparada que se utilizó para formular la iniciativa. Allí se mencionan las leyes de Francia, Italia, Canadá, Brasil, Australia y Bolivia.

Aún queda entonces, buscar soluciones para la propiedad de la tierra de los pueblos originarios, que día a día son expulsados de sus lugares, sus comunidades centenarias, por la frontera agropecuaria de los señores feudales que los reprimen y persiguen, todavía.

Daniel Mancuso

POST SCRIPTUM:

USO Y TENENCIA DE LA TIERRA EN LA ARGENTINA

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