La ministra de Seguridad, Nilda Garré lanzó el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, durante un acto multitudinario que se hizo en la explanada de la Biblioteca Nacional.
El Estado nacional se compromete a “promover y consolidar políticas donde la participación comunitaria oficie de sostén activo al sistema de seguridad”.
La meta es que “en el mediano y largo plazo, los hechos de violencia y los delitos se conviertan en la excepción y no en la regla”.
También impulsó políticas de inclusión “sociales, culturales, laborales y deportivas” para construir “nuevas formas de reconocimiento y significación cultural, sobre todo para nuestros jóvenes”. Luego insistió en la necesidad de que haya una “evaluación comunitaria” del rol de la policía, cuya “credibilidad y prestigio” no será posible “si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto” que conduce “a la impunidad”.
- “Es necesario recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad”.
Garré propició un plan de trabajo que tiene por objetivo “la construcción de una política de seguridad en consonancia con el proceso de consolidación de la democracia y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía en el ámbito de las políticas de seguridad”.
- “Con este plan, la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y no con una retórica pretendidamente inclusiva que luego no hace otra cosa que banalizar el rol de la comunidad”.
Lo que se intenta conseguir es que la afectación de derechos “por distintas formas de violencia, entre las que se encuentran los delitos, se conviertan en el mediano y largo plazo en la excepción y no la regla. Para lograrlo, la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad tiene mucho trabajo por delante”.
La ministra aclaró que no basta con convocar a la ciudadanía, sino que hay que “articular con áreas como los ministerios de Trabajo y Acción Social, para responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad”. Habló de políticas “con perspectiva democrática que plantean un compromiso con la construcción de ciudadanía, con la reafirmación de la ley y con el Estado de derecho como herramientas de inclusión”.
- “La idea principal es promover una mayor seguridad de los derechos de todos y todas, dando así menos chances al enraizamiento de una cultura violenta... En los últimos 8 años se ha conseguido la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, laboral, económica y cultural en el que la igualdad y la dignidad de hombres y mujeres resultan imperativos éticos respaldados con acciones de gobierno cotidianas”.
Garré dijo que el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad es “un punto de partida de un proceso de participación popular progresivo para todo el país, en el cual será central la participación de las provincias y los municipios”.
“Hay que dejar de tirar la pelota a otro lado y gestionar con responsabilidad una política de reducción de la violencia y del delito”.
Garré aclaró el rol del ministerio a su cargo: “será especialmente pertinente la adopción de medidas que se deriven de la evaluación comunitaria respecto del desempeño policial y la calidad del servicio policial, procurando celeridad en los cambios que eso demande, así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad”.
Lo que se busca es “recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo”. Esto “no será posible si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto. La mayor transparencia permitirá que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible”.
Nilda Garré concluyó su mensaje con un párrafo destinado al interior de la fuerza policial:
- “El principal enemigo de los miles de mujeres y hombres honrados que hacen su trabajo, arriesgan sus vidas y se encuentran envueltos injustamente en la sospecha y la desconfianza no es el pueblo, sino la falta de transparencia que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa de sus compañeros y de la institución”.
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Ayer, luego del acto de lanzamiento, se hicieron los primeros talleres para fijar un cronograma de trabajo en los barrios del sur de la Capital Federal, aunque con posterioridad se extenderán al conurbano bonaerense y al resto del país, en coordinación con los gobiernos provinciales y las intendencias.
Se conformarán “escuelas de participación comunitaria en seguridad, con vecinos, funcionarios y con el aporte de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo”.
En el marco del plan se elaborarán “verdaderas cartografías de prevención que den relevancia a la capacidad de diagnóstico que tiene la comunidad en relación con la violencia y el delito. No se trata un mapa virtual que no conduce más que a colorear un espacio cibernético del que nadie se hace cargo. Queremos mapear para transformar y para corregir, o si llega el caso para reafirmar, en aquellos lugares donde las cosas se estén haciendo bien”, dijo la ministra.
Los cientos de personas que participaron en los primeros 3 talleres convocados en el marco del
Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad analizaron 3 temas:
- Formación Ciudadana en Políticas Públicas de Participación Comunitaria en Seguridad. Estas “escuelas” servirán para capacitar a los participantes, desde funcionarios a vecinos. Ayer, los representantes del Ministerio de Seguridad admitieron que había vecinos que tienen “mucho conocimiento en el tema y pueden darle cátedra a más de uno”.
- Prevención y Control Comunitario. Se intentará dotar de herramientas metodológicas sistematizando la información ciudadana, dando participación a vecinos y vecinas en la confección de planes locales de seguridad. Del mismo modo, se buscará instalar un mecanismo de control y evaluación comunitaria del servicio que presta la policía.
- Prevención Comunitaria de la Violencia. Se busca promover escenarios multiactorales para la coordinación de los programas sociales del Estado y organizaciones no gubernamentales, con el fin de atacar los focos de violencia derivados de la compleja realidad social en los distintos barrios de la Capital Federal, primera etapa del plan.
En principio, se realizarían reuniones en los barrios cada 15 días, para luego, cada bimestre, realizar un plenario general a fin de empezar a acordar las políticas que deberían aplicarse en cada lugar.
La ministra Garré fue clarísima: "Hay que dejar de tirar la pelota a otro lado".
¿Escuchaste Mauricio?
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Horacio Rodríguez Larreta se excusa nuevamente frente a un problema que se presenta en la ciudad, y justifica la inacción de la Policía Metropolitana. Le hecha la culpa al retiro de la Policia Federal por la inseguridad ciudadana y otra vez se victimiza frente a los "ataques" del gobierno.
Un caradura importante, cínico e inescrupuloso. Un tipo PRO.
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El secretario de Planeamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gustavo Sibilla, anunció que el desplazamiento de los efectivos de la Policía federal que custodiaban edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires se efectivizará en un plazo de 30 días.
“La intención del Poder Ejecutivo Nacional es rescindir el convenio del año 2006, algo que está previsto en la cláusula 17. Esto fue notificado ayer, y hay 30 días para que la ciudad pueda reconfigurarlo”.
En ese período de tiempo, la administración porteña podrá desplegar una nueva estrategia de seguridad, ya sea con agentes de la Metropolitana o con agentes privados.
- “Esto fue anticipado a través de un encuentro oficial de la ministra de Seguridad con Guillermo Montenegro hace aproximadamente 40 días”.
El secretario Sibilla explicó:
“Queremos llevar tranquilidad a la población, porque no es que va a haber un policía menos en la calle: en todo caso, lo que va a haber es un desplazamiento. El gobierno de la Ciudad quiere generar pánico y decir que no va a haber oficiales en las escuelas: hasta este momento, sólo cuatro escuelas tenían presencia policial”.
“La Ciudad contrataba 40.000 módulos de 4 horas por 76 pesos. Esa misma suba se le va a pagar al personal que ahora va a hacer tareas en la calle”... “En este momento hay una suspensión de servicio por mora, porque el gobierno de la Ciudad nos debe 27 millones de pesos”.
Daniel Mancuso
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