El Estado, la Anses y el circuito productivo

Aun cuando en la elección del 28 de junio se definirá en los hechos un modelo donde el Estado ocupa un lugar central, en los discursos de campaña esto parece no estar en juego. Fuera de las reiteradas alusiones a “la caja” y a su supuesto uso inescrupuloso por parte del Gobierno, desde la oposición nadie se atreve a proponer abiertamente una vuelta al modelo neoliberal de achicamiento estatal de los ’90 ni a poner en tela de juicio el papel del Estado como regulador de la economía. Existe –aun entre los candidatos que pretenden precisamente lo contrario– una percepción clara de que la mayoría de los votantes, incluida la voluble clase media argentina, nada quiere saber de un retorno al vale todo del mercado que llevó a la crisis local de 2001 y que hoy se replica en el planeta. Eso, en la campaña, no se discute: los discursos opositores eluden hablar de los resultados del modelo; en cambio, ponen la mira en el estilo del Gobierno.

Se diga hoy o no, la Argentina no hubiera salido de la crisis casi terminal de 2001 sin una fuerte presencia del Estado en todos los ámbitos.

“En un país que ha pasado por la crisis del año 2001 y 2002, el principal rol del Estado es garantizar las condiciones para que se pueda trabajar y producir, para que todos sus habitantes gocen de libertades y derechos, así como el de que se generen las condiciones para mejorar el nivel de vida de la población y que se tenga un futuro sustentable. A este objetivo se deben subordinar las prestaciones de los servicios públicos (salud, educación, seguridad, asistencia social, etc.). En ese marco, desde el punto de vista económico, el Estado debe asegurar las condiciones macroeconómicas básicas que, en un país como el nuestro, significa combinar solvencia fiscal con equilibrios entre el capital y el trabajo”, dice el economista Horacio Rovelli, docente de la UBA.

Los resultados del modelo de intervención estatal, palpables en la vida cotidiana de los argentinos, son claramente mensurables. Por ejemplo, en el plano de la inversión pública. Según datos de la Dirección Nacional de Inversión Pública, en 1996 –cuando promediaba el modelo rentístico financiero aplicado por el menemismo– fue de 3.138 millones de pesos (equivalente al 1,22% del PBI) y se redujo a 1.722 millones (0,73% del PBI) en 2002. A partir de 2003 mostró un crecimiento sostenido, que llegó a los 15.592 millones de pesos (4,06% del PBI) en 2008.

“Y seguramente va a ser mayor este año, ante la aplicación del llamado Plan Argentina de Inversión Pública en construcción de soluciones habitacionales, obras en servicios de prestación de agua potable y cloacas, construcción de escuelas y hospitales, la ampliación y el mantenimiento de la red vial nacional pavimentada, la generación de energía eléctrica y la distribución del gas entre otros rubros”, señala Rovelli.

Entre 2003 y lo que corre de 2009 se construyeron 651 escuelas en todo el país, y se espera llegar a 710 antes de fin de año. De acuerdo con el Ministerio de Planificación, durante a lo largo de 2009 habrá una inversión de 110.000 millones de pesos en obras públicas, de los cuales 71.000 millones ya tienen estructura de financiamiento.

Paralelamente, la desocupación pasó –según datos de la Consultora Equis, de Artemio López– de un catastrófico 20,4% de la población económicamente activa en 2003 a un 8% en la última medición de este año. “A la obra pública y su efecto multiplicador de la inversión y de la demanda de insumos y de trabajo deben sumarse las medidas estatales de apuntalar el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones; y el Programa de Recuperación Productiva (Repro) del Ministerio de Trabajo de la Nación que subsidia a las empresas para preservar el empleo, que en los primeros cuatro meses del año 2009 asistió a 65.000 trabajadores de 1.200 empresas en todo el país”, agrega Rovelli.

En los últimos seis años las jubilaciones aumentaron 13 veces, y el salario mínimo vital y móvil pasó de 360 a 1.240 pesos.

Al mismo tiempo se reparó parcialmente la pérdida patrimonial que significaron las privatizaciones de empresas públicas de los ’90. Así, el Estado reestatizó el Correo Argentino, Tandanor, la Ex área Material Córdoba y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, recuperó el control del espacio radioeléctrico (de manos de Thales Spectrum) y el 30% de Aeropuertos Argentina 2000. También creó una nueva empresa estatal de energía, Enarsa, y rescindió el contrato de Aguas Argentinas, reemplazándola por otra empresa del Estado, Aysa.

El Estado, la Anses y el circuito productivo. Mediante la eliminación del régimen de capitalización (AFJP) y la reunificación del sistema previsional en un régimen público único, financiado a través de un sistema solidario de reparto, puso fin a una de las mayores estafas de las que fue víctima la sociedad argentina en toda su existencia. El titular de la Anses, Amado Boudou, anunció que el organismo administra actualmente un fondo de 101.900 millones de pesos (antes en manos de las administradoras privadas), parte del cual se volcará en el circuito productivo.

“Nuestro objetivo principal es fondear obras de infraestructura porque tiene que ver con la retribución que tiene la Anses con la generación de empleo, pero también con decisiones estratégicas de largo plazo para la Argentina”, dijo Boudou.

Para Rovelli, “la estatización de las AFJP le permite a la Anses administrar títulos de deuda pública por 59.700 millones de pesos, más la posibilidad de nombrar representantes por el Estado en 22 empresas de primera línea, y también la repatriación del equivalente a 1.200 millones de pesos que las Afjp tenían en el exterior. Así vemos que, a la vez que se terminó con el negocio ‘noventista’ de la administración privada, se emplean los recursos en el apuntalamiento de la actividad económica”.

Hoy, en un contexto de crisis financiera internacional, los resultados del modelo productivo con fuerte intervención del Estado que se viene implementando desde 2003 permiten que la Argentina pueda enfrentar la situación sin demasiadas angustias –y sin realizar “ajustes” de altísimo costo social–, a pesar de la inevitablemente desaceleración de un crecimiento que en los últimos 5 años se mantuvo en un promedio superior al 8,5% anual.

En los tiempos que vienen, el papel del Estado seguirá siendo fundamental. “Hoy, la política económica enfrenta el desafío de sostener la producción y el empleo. Cuanto más sólidos sean los equilibrios macroeconómicos, mayor será la capacidad de maniobra de la Argentina.

"Los principales instrumentos de que dispone el Estado para enfrentar la crisis son tres: el gasto público, el tipo de cambio y la movilización del crédito interno. En resumen, la adecuada regulación de los mercados financieros locales, el control de los capitales especulativos, paridades según el tipo de cambio de equilibrio desarrollista (Tced) y sólidos equilibrios macroeconómicos son las condiciones necesarias para desplegar políticas para enfrentar la crisis mundial y seguir creciendo”, dice el economista Aldo Ferrer, integrante del Plan Fénix.

Algo imposible de hacer con el modelo rentístico financiero de los ’90. Algo de esto –aun en medio de los sordos ruidos de la campaña electoral– parece percibir gran parte de la sociedad argentina.

Daniel Cecchini

Informe: Graciela Pérez