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miércoles, 29 de julio de 2009

MONTENEGRO



Macrí dice a todo que sí, pero el que pone la cabeza para articular políticas represivas en la CABA es el ex juez y actual ministro de Justicia y Seguridad porteño...

Guillermo Tristán Montenegro egresó del Liceo Naval, comenzó a desempeñarse en el fuero penal de instrucción, ingresó a Tribunales y se rodeó durante su carrera de personas como los ex jueces de la dictadura Lucio Somoza, Norberto Giletta, Nicasio José Dibur, Siro de Martini y Guillermo Rivarola, quienes alababan a los militares en la lucha contra el enemigo marxista, como solían llamarlo.

Hay algunos que recuerdan algunas reuniones en la Base Naval de Puerto General Belgrano, donde el ex Juez, en charlas informales, proporcionaba nombres de Funcionarios de la Justicia a los que tildaba como zurdos que había que sacarse de encima...

  • “Sí o sí hay que poner orden”.
  • “la nueva Policía Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública”.
  • “hacer cesar la infracción, como corresponde, liberando la vía que está ocupada”.
  • “Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. No es que la policía va a reprimir, pero hay una ley que dice que las calles tienen que estar liberadas”. GM

Según Montenegro, la nueva fuerza policial estará en operaciones en octubre. El objetivo del PRO es aplicar La vieja receta contra la protesta.

No se trata de una política nueva de PRO: la avanzada sobre las manifestaciones públicas comenzó en septiembre de 2004, cuando el bloque macrista consiguió aprobar un código de contravenciones que endurecía las penas contra los que cortan calles.

Ese día, Maurici Macri festejó el “enorme avance para cuidar el espacio público y que no se invada el derecho de los demás”.

Al asumir Macri como jefe de Gobierno, el encargado de implementar esa política fue el fiscal general Germán Garavano, que desplegó una ofensiva judicial contra los cortes.

En febrero de 2008 se registró el desalojo violento de los cartoneros que acampaban en Barrancas de Belgrano por el cierre del Tren Blanco...

La Guardia de Infantería puso la basura social Bajo la alfombra. Los echó por la fuerza, sin orden judicial, a los puntapiés y bastonazos. Hubo detenidos y heridos. Los empleados del gobierno porteño tomaron las sucias pertenencias y las arrojaron a los camiones compactadores de basura, que las trituraron frente a los ojos de sus dueños impotentes.

La gestión PRO no volvió a contar con la colaboración de la Federal cuando quiso desalojar las carpas K que se instalaron frente al Congreso durante el conflicto con las entidades rurales.

Inventaron una fuerza de choque parapolicial, las Tres A macristas: la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), sobre la que existen diversas denuncias en la Defensoría del Pueblo porteña por desalojos violentos a personas sin techo.














A esta política, se sumará en octubre la Policía Metropolitana, cuyo flamante jefe, Jorge “Fino” Palacios, viene siendo cuestionado por familiares de víctimas de la AMIA, de la represión del 20 de diciembre y organismos de derechos humanos.

Las fuerzas democráticas de oposición a la política represiva porteña, en manos del PRO, salió a cuestionar las declaraciones del ministro y lo acusó de criminalizar la protesta social...


“Generamos una policía para combatir el delito, no para reprimir la protesta social ni para que sea el último guardián de tipos que no tienen que tener ninguna relación con el Estado, como el Fino Palacios”, dijo el legislador porteño Diego Kravetz.

“Quieren convertir a la Metropolitana en una guardia de apoyo a la Federal. La policía no puede ser la demostración de la ineficacia para prever del Gobierno porteño, que más que tener una fuerza de represión, tendría que tener una mesa de conversación. Tuvieron conflictos hasta en la campaña con la carpa de Pino, lo que implica que no tienen un sistema de alerta temprana”, dijo el legislador de la CTA, Martín Hourest.

“Cuando uno recuerda lo que ocurrió cuando asumió De la Rúa o lo de Kosteki y Santillán, llega a la conclusión de que ningún paso de un vehículo vale una vida humana”, remarcó el senador nacional Daniel Filmus. “Hace 6 años que se trabaja para resolver los piquetes a través del diálogo, incluso con la 125. Educar a la nueva policía en que la forma de resolver los conflictos es la represión va a generar peores condiciones para la seguridad”.


Estamos en el horno, si no viene La patota del desalojo, viene la policia del Fino Palacios. Se están juntando 100.000 firmas para echarlo al hombre... No quieren que la calle sea nuestra.

Debemos movilizarnos contra los DERECHAZOS de Macri.


Daniel Mancuso


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