El gobierno ya lo sabía y la trama de medios oficialistas también. Y desde hace varios días se usaron estos trascendidos sobre la autopsia para sostener una campaña agresiva de difamación contra los organismos de derechos humanos, contra la familia Maldonado y contra los pocos medios que fueron sensibles a sus reclamos desde el mismo momento en que Santiago desapareció en el contexto de una violenta represión ordenada por el gobierno contra una protesta social.
El resultado de la autopsia dice que Santiago murió ahogado en el río y que su cuerpo permaneció en el agua por al menos 60 días. Desde el oficialismo se festeja como un triunfo sobre los organismos de derechos humanos, sobre la familia Maldonado y sobre medios como Página 12, como si la sensibilidad por la suerte de Santiago hubiera sido un simulacro perverso para una campaña política contra el gobierno. Circuló profusamente estos días en las redes una imagen muy producida con todas las tapas que Página 12 le dedicó a la desaparición de Santiago Maldonado. Demasiada producción para ser espontánea. Y cada quien le agregaba una frase, la mayoría con una carga de triunfalismo para demostrar así el mensaje “engañoso” de este diario. Varios exigían un pedido de disculpas. En el caso de Página 12, estos ataques “coincidían” con la ofensiva del gobierno contra el diario entre presiones y retiro de pauta publicitaria.
No importa el resultado. No hay nada para festejar en una autopsia. Y aún con ese resultado, será imposible evitar las profundas sospechas que genera el hecho admitido de que el cuerpo permaneció sin que nadie lo advirtiera a 400 metros de donde se había producido la brutal represión a los mapuches entre los cuales se encontraba Maldonado. Un lugar donde el río tiene poco más de un metro de profundidad, que no tiene pozos, y que fue rastrillado en numerosas oportunidades. Y no lo pudieron encontrar los mismos gendarmes, que serían supuestamente los más interesados en hacerlo justamente para desalentar las sospechas que recaían sobre ellos. Es un lugar transitado además por los mapuches, que lo usan para aprovisionarse de agua. Y nadie vio nada en 90 días. No se trata de forzar ni una coma, no se trata de una puja entre partidos políticos y mucho menos de ver quién tiene la razón, pero en todo el proceso que se inicia con la represión a los mapuches del Pu lof en Resistencia Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado y el hallazgo de su cuerpo sin vida 90 días después, se produjeron infinidad de situaciones, desde presiones al juez, trabas a las medidas de prueba en Gendarmería, mentiras infinitas en los medios, muchas de ellas como trascendidos semioficiales que ocuparon la tapa de los diarios Clarín y La Nación y la defensa corporativa del gobierno, en este caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, opuesta a cualquier posible investigación a las fuerzas de seguridad.
No hay ningún motivo para pedir disculpas. La campañita en las redes, en las que aparecía firmando mensajitos algún director de cine famoso que no vale la pena mencionar porque las redes también suelen ser muy engañosas, no se diferencia en nada de la mecánica de las campañas del oficialismo que convierten a las víctimas, en este caso la familia de Santiago Maldonado, en victimarios, y a uno de los pocos que decían la verdad, en este caso Página 12, en los mentirosos. El diario nunca dijo que Santiago Maldonado estaba vivo y paseando por el país, nunca dijo que se lo había visto en Entre Ríos, o que era correo de una guerrilla mapuche entrenada por kurdos, iraníes y etarras, financiada por un banco de Londres. Nunca dijo que los servicios de inteligencia lo habían detectado en Chile, o que lo habían visto haciendo dedo en el sur, o que había muerto varias semanas antes en un ataque a un puestero de la estancia de Benetton que se había defendido a cuchilladas.
Resulta que Página 12 es el que tiene que pedir disculpas, cuando fue uno de los pocos medios que no respaldó ninguna de esas mentiras que hacían circular los servicios de inteligencia. Tampoco es cuestión de pedir disculpas a nadie, porque cada quien es responsable de lo que publica. Pero siempre quedará la pregunta de cuál era el propósito para que los servicios de inteligencia hicieran difundir entre sus periodistas una sarta de mentiras tan burdas y que esos periodistas las reprodujeran sin la más mínima vergüenza. Uno se pregunta porqué dijeron tantas mentiras si tenían la consciencia limpia.
Cuando Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por efectivos policiales en el 2002, en el marco de una represión violenta ordenada por el gobierno de ese momento contra una protesta social, las reacciones fueron similares y trataron de hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento entre piqueteros. Hasta se habló de células de Sendero Luminoso. Y hubiera quedado así si un fotógrafo no recogía las imágenes del crimen y si Página 12 no las publicaba en su tapa. Hay comportamientos que son modélicos, los gobiernos represivos tienden a reaccionar de esa forma, de la misma forma en que reaccionó el gobierno de Mauricio Macri en el caso de Santiago Maldonado.
Las víctimas fueron Santiago Maldonado y su familia. Pero por obra y gracia de esa campaña, pasó de ser el pibe solidario con la lucha de sus amigos mapuches, a ser un terrorista de la rama argentina de la ¿RAM? que había atacado a un peón puestero.
La familia fue maltratada desde el principio, incluso cuando se tenían algunas expectativas por la actuación del juez Guido Otranto, a pesar de que había sido el mismo que había autorizado la represión en Cushamen. Las presiones del gobierno sobre el juez fueron tan fuertes y hasta públicas, que obligaron a su reemplazo por otro magistrado. Nadie que tenga la conciencia limpia necesita presionar al juez y menos con un despliegue tan evidente que arriesgaba un costo político. Funcionarios de alto nivel del ministerio de Seguridad llegaron a la zona para controlar las investigaciones, a los movimientos de los organismos de derechos humanos, de los mapuches, de la familia, del nuevo juez y de la fiscal.
Otro mecanismo típico de los gobiernos represivos es la defensa corporativa de las fuerzas encargadas de la represión como ocurrió con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es un comportamiento opuesto al de los gobiernos democráticos que entienden que las instituciones públicas no pueden tener una reacción corporativa ante la justicia, porque están al servicio de la sociedad. Se les cede el monopolio del uso de la fuerza, pero en contrapartida deben estar sometidas en forma permanente al control de la sociedad. La actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cerrada, corporativa y obstaculizó cualquier procedimiento de la investigación que afectara a la Gendarmería. Y no lo hubiera podido hacer si no habría contado con todo el respaldo de Mauricio Macri. Esa reacción, también modélica, es más explicable, porque busca proyectar un mensaje claramente disciplinador hacia la sociedad.
El resultado de la autopsia que se hizo público oficialmente ayer no aclara ninguna de estas situaciones que motivaron gran parte de las tapas de Página 12. Por el contrario, podría decirse que las oscurece, porque pareciera que el gobierno hubiera enloquecido sin razón. Situaciones y actitudes que la autopsia no aclara y que reaniman la ronda de sospechas. Hay una responsabilidad que está en la esencia de un gobierno represivo: si hubiera optado por la negociación, por la resolución política y pacífica de las reivindicaciones de los mapuches, no se hubieran generado las condiciones que produjeron la muerte de Santiago Maldonado. Cada vez que se ordena un acto represivo y que al mismo tiempo se le inculca a las fuerzas represivas un sentimiento de impunidad, se está ante la posibilidad de víctimas fatales. Eso lo sabe cualquier político. El gobierno tomó una decisión en ese sentido y tiene una responsabilidad por esa decisión. Sin embargo oculta esa responsabilidad en la acusación a los organismos de derechos humanos, a los medios críticos y a la familia Maldonado. Hasta ahora, en la política le ha dado resultado dar vuelta las cosas, y hacer recaer la responsabilidad en la pesada herencia. En vez de asumir esa responsabilidad obliga a que la familia repita hasta el infinito que no tiene filiación política. El gobierno crea un escenario donde todos tienen que dar explicaciones y excusarse, menos el gobierno que es el principal responsable por la muerte de Santiago Maldonado.
► La Verdad Forzada
Ya está, se ahogó, dicen y seguirán diciendo quienes creen que el resultado de la autopsia cierra el “Caso Maldonado”.
Los mismos que salen, una vez más, a cruzar a la familia e insisten en dejar de hablar de “desaparición forzada”, omiten preguntarse qué hubiera pasado si Gendarmería se limitaba a cumplir la orden judicial de liberar la ruta 40.
La respuesta es: Santiago estaría vivo.
Pero el “pecado” del Brujo fue solidarizarse con el pueblo mapuche, para quien el Gobierno tiene un plan sistemático de persecución política, judicial, represiva y mediática.
¿Quién, sino, ordenó que la Gendarmería viole todos los protocolos e ingrese ilegalmente al Pu Lof?
¿Quién, sino el Ministerio de Seguridad, le tomó las primeras declaraciones a los gendarmes y contó con material fílmico y fotográfico que primero negó tener y luego tardó semanas en presentar -y de manera incompleta- a la Justicia?
¿Quién, sino Patricia Bullrich, negó la responsabilidad de Gendarmería cuando ya sabía que esa fuerza había ingresado ilegalmente y que varios de los gendarmes habían disparado y tirado piedras?
¿Quién, sino el Estado argentino, no sólo no hizo esfuerzos por encontrar a una persona desaparecida sino que hasta “plantó” en la causa y en los medios que Santiago no había estado ese día o que había muerto antes del 1 de agosto?
La pericia determinó que Santiago murió ahogado, y eso pareciera terminar con todas esas preguntas que nunca se hicieron los periodistas que “más conocen” la causa:
¿Por qué no dejaron ingresar a los organismos de Derechos Humanos que se acercaron al lugar cuando todavía se llevaba adelante el operativo?
¿Por qué se mintió respecto a la cantidad de vehículos que ingresaron al territorio?
¿Por qué hay tantas contradicciones entre los testimonios de los gendarmes?
¿Por qué faltan en el expediente videos y fotos que sacó la Gendarmería, justo en la zona donde se lo vio a Santiago por última vez?
¿Por qué el comandante Juan Pablo Escola negó lo que después se comprobó: gendarmes en la orilla del río?
¿Por qué el destrato del juez Guido Otranto con la familia Maldonado, la comunidad y otros testigos?
¿Por qué se tardó tanto en separar a la Gendarmería, que permaneció durante varios días apostada a metros de la Lof?
¿Por qué demoraron semanas en hacerse las pericias a los celulares?
¿Por qué nunca se peritó el teléfono de Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que pasó “a saludar” y que el día anterior se había reunido con funcionarios y jefes de fuerzas provinciales y federales?
¿Por qué se tardó tanto en allanar los destacamentos y antes de hacerlo se le avisó a Gendarmería?
¿Por qué se hicieron rastrillajes sin dejar participar a las partes, de manera violenta y hasta dejando horas precintados a los propios testigos de la causa?
¿Por qué Gonzalo Cané, del Ministerio de Seguridad, introdujo en la causa la hipótesis del puestero, operó para que no se aparte a Gendarmería y hasta participó en uno de los rastrillajes?
¿Por qué el Gobierno negó la ayuda de organismos internacionales y desoyó sus recomendaciones?
Porque hay un plan. Un plan que no se detuvo con la desaparición forzada de Santiago. Un plan que va a continuar y que está orquestado por multinacionales, la Sociedad Rural y gobiernos y empresas con intereses mineros, sojeros, hidroeléctricos.
Hay un plan extractivista dispuesto a extraer las vidas que sean necesarias en pos de su negocio.
Y todo aquél que se ponga en su camino, será considerado terrorista. Así ocurrió con Santiago. Así ocurre con las comunidades mapuche. Así ocurrirá con tantas y tantos. Con todos los que no estemos dispuestos a bajar la cabeza y aceptar la verdad que nos quieren vender. La realidad forzada que se empeñan en instalar a base de mentiras y represión.
► Represión violenta a mapuches en Bariloche: detuvieron a 5 menores de edad
Jueves 23 de noviembre 2017. A las 5:30 de la mañana, un importante operativo comandado por Policía Federal ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, ubicado a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. La orden fue dictada por el juez Gustavo Villanueva y del operativo participan, además de Policía Federal, miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura.
► Bariloche Militarizada, cientos de policias federales, carros hidrantes, helicópteros, todo para detener a 4 mujeres y 8 niños y secuestrar un osito de peluche (arma Mortal si las hay...) nunca vi algo así en esta Ciudad. (Sonny Martínez)
► Rafael Nahuel, asesinado
Rafael Nahuel, un joven de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo. Fue en el marco de un reclamo de la comunidad mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi, de donde habían sido violentamente desalojados el jueves 23-11. Otros dos indígenas fueron heridos.
El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería a los mapuches en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió cerca de Bariloche. Rafael Nahuel fue baleado el sábado 25 por fuerzas de seguridad federales, dependientes del ministerio que conduce Patricia Bullrich, que lo perseguían en una zona de donde habían sido desalojados el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y la represión desatada en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció antes de llegar al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad, adonde fueron trasladados también dos integrantes de esa comunidad, una mujer llamada Johana Colhuan y un hombre, ambos heridos con balas de plomo.
► Susana Yappert periodista a cargo del área de Comunicación Institucional de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, señaló en diálogo con Radio AM750 que las fuerzas de seguridad están generando acciones para crear la idea de un enemigo interno. En relación al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, cerca de Bariloche, la funcionaria afirmó que "los medios hegemónicos no cuentan lo que sucede. Necesitamos hacer como hace 40 años, saltar el cerco de la censura para poder contar lo que esta pasando".
Antes, durante y después del operativo en que murió Rafael Nahuel, en la periferia de la ciudad los retenes de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 (llamada Juan Marcos Herman, en homenaje al único desaparecido en Bariloche durante la última dictadura) y dejaron incomunicados los accesos desde Bariloche hasta la zona del Parque Nahuel Huapi donde el jueves ocurrió la represión. Todo la Represión fue concretada a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.
► PODER ASESINO...
Objetivamente...
¿Tiene aspecto de terrorista el pibe de la foto?
El poder corporativo que controla el gobierno en Argentina insiste en instalar la idea de una región acechada por grupos violentos.
"Resistencia Ancestral Mapuche", indígenas radicalizados que buscan subvertir el orden en la zona.
Las fuerzas de seguridad están llamadas a despejar territorio en Neuquén y Río Negro.
Están autorizadas a matar.
Terratenientes e inversores preparados para el saqueo gasífero y petrolero así lo exigen.
Rafael Nahuel, 22 años, tuvo una corta vida de sufrimientos y esperanzas.
Su última esperanza se alimentaba en la justa, sencilla y elemental causa del pueblo mapuche. Contar con un pedazo de tierra para vivir con dignidad.
Ayer lo mató la Prefectura de un tiro por la espalda. Fue en Villa Mascardi, a menos de 500 kilómetros de Vaca Muerta.
El resultado de la autopsia dice que Santiago murió ahogado en el río y que su cuerpo permaneció en el agua por al menos 60 días. Desde el oficialismo se festeja como un triunfo sobre los organismos de derechos humanos, sobre la familia Maldonado y sobre medios como Página 12, como si la sensibilidad por la suerte de Santiago hubiera sido un simulacro perverso para una campaña política contra el gobierno. Circuló profusamente estos días en las redes una imagen muy producida con todas las tapas que Página 12 le dedicó a la desaparición de Santiago Maldonado. Demasiada producción para ser espontánea. Y cada quien le agregaba una frase, la mayoría con una carga de triunfalismo para demostrar así el mensaje “engañoso” de este diario. Varios exigían un pedido de disculpas. En el caso de Página 12, estos ataques “coincidían” con la ofensiva del gobierno contra el diario entre presiones y retiro de pauta publicitaria.
No importa el resultado. No hay nada para festejar en una autopsia. Y aún con ese resultado, será imposible evitar las profundas sospechas que genera el hecho admitido de que el cuerpo permaneció sin que nadie lo advirtiera a 400 metros de donde se había producido la brutal represión a los mapuches entre los cuales se encontraba Maldonado. Un lugar donde el río tiene poco más de un metro de profundidad, que no tiene pozos, y que fue rastrillado en numerosas oportunidades. Y no lo pudieron encontrar los mismos gendarmes, que serían supuestamente los más interesados en hacerlo justamente para desalentar las sospechas que recaían sobre ellos. Es un lugar transitado además por los mapuches, que lo usan para aprovisionarse de agua. Y nadie vio nada en 90 días. No se trata de forzar ni una coma, no se trata de una puja entre partidos políticos y mucho menos de ver quién tiene la razón, pero en todo el proceso que se inicia con la represión a los mapuches del Pu lof en Resistencia Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado y el hallazgo de su cuerpo sin vida 90 días después, se produjeron infinidad de situaciones, desde presiones al juez, trabas a las medidas de prueba en Gendarmería, mentiras infinitas en los medios, muchas de ellas como trascendidos semioficiales que ocuparon la tapa de los diarios Clarín y La Nación y la defensa corporativa del gobierno, en este caso de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, opuesta a cualquier posible investigación a las fuerzas de seguridad.
No hay ningún motivo para pedir disculpas. La campañita en las redes, en las que aparecía firmando mensajitos algún director de cine famoso que no vale la pena mencionar porque las redes también suelen ser muy engañosas, no se diferencia en nada de la mecánica de las campañas del oficialismo que convierten a las víctimas, en este caso la familia de Santiago Maldonado, en victimarios, y a uno de los pocos que decían la verdad, en este caso Página 12, en los mentirosos. El diario nunca dijo que Santiago Maldonado estaba vivo y paseando por el país, nunca dijo que se lo había visto en Entre Ríos, o que era correo de una guerrilla mapuche entrenada por kurdos, iraníes y etarras, financiada por un banco de Londres. Nunca dijo que los servicios de inteligencia lo habían detectado en Chile, o que lo habían visto haciendo dedo en el sur, o que había muerto varias semanas antes en un ataque a un puestero de la estancia de Benetton que se había defendido a cuchilladas.
Resulta que Página 12 es el que tiene que pedir disculpas, cuando fue uno de los pocos medios que no respaldó ninguna de esas mentiras que hacían circular los servicios de inteligencia. Tampoco es cuestión de pedir disculpas a nadie, porque cada quien es responsable de lo que publica. Pero siempre quedará la pregunta de cuál era el propósito para que los servicios de inteligencia hicieran difundir entre sus periodistas una sarta de mentiras tan burdas y que esos periodistas las reprodujeran sin la más mínima vergüenza. Uno se pregunta porqué dijeron tantas mentiras si tenían la consciencia limpia.
Cuando Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por efectivos policiales en el 2002, en el marco de una represión violenta ordenada por el gobierno de ese momento contra una protesta social, las reacciones fueron similares y trataron de hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento entre piqueteros. Hasta se habló de células de Sendero Luminoso. Y hubiera quedado así si un fotógrafo no recogía las imágenes del crimen y si Página 12 no las publicaba en su tapa. Hay comportamientos que son modélicos, los gobiernos represivos tienden a reaccionar de esa forma, de la misma forma en que reaccionó el gobierno de Mauricio Macri en el caso de Santiago Maldonado.
Las víctimas fueron Santiago Maldonado y su familia. Pero por obra y gracia de esa campaña, pasó de ser el pibe solidario con la lucha de sus amigos mapuches, a ser un terrorista de la rama argentina de la ¿RAM? que había atacado a un peón puestero.
La familia fue maltratada desde el principio, incluso cuando se tenían algunas expectativas por la actuación del juez Guido Otranto, a pesar de que había sido el mismo que había autorizado la represión en Cushamen. Las presiones del gobierno sobre el juez fueron tan fuertes y hasta públicas, que obligaron a su reemplazo por otro magistrado. Nadie que tenga la conciencia limpia necesita presionar al juez y menos con un despliegue tan evidente que arriesgaba un costo político. Funcionarios de alto nivel del ministerio de Seguridad llegaron a la zona para controlar las investigaciones, a los movimientos de los organismos de derechos humanos, de los mapuches, de la familia, del nuevo juez y de la fiscal.
Otro mecanismo típico de los gobiernos represivos es la defensa corporativa de las fuerzas encargadas de la represión como ocurrió con las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Es un comportamiento opuesto al de los gobiernos democráticos que entienden que las instituciones públicas no pueden tener una reacción corporativa ante la justicia, porque están al servicio de la sociedad. Se les cede el monopolio del uso de la fuerza, pero en contrapartida deben estar sometidas en forma permanente al control de la sociedad. La actitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue cerrada, corporativa y obstaculizó cualquier procedimiento de la investigación que afectara a la Gendarmería. Y no lo hubiera podido hacer si no habría contado con todo el respaldo de Mauricio Macri. Esa reacción, también modélica, es más explicable, porque busca proyectar un mensaje claramente disciplinador hacia la sociedad.
El resultado de la autopsia que se hizo público oficialmente ayer no aclara ninguna de estas situaciones que motivaron gran parte de las tapas de Página 12. Por el contrario, podría decirse que las oscurece, porque pareciera que el gobierno hubiera enloquecido sin razón. Situaciones y actitudes que la autopsia no aclara y que reaniman la ronda de sospechas. Hay una responsabilidad que está en la esencia de un gobierno represivo: si hubiera optado por la negociación, por la resolución política y pacífica de las reivindicaciones de los mapuches, no se hubieran generado las condiciones que produjeron la muerte de Santiago Maldonado. Cada vez que se ordena un acto represivo y que al mismo tiempo se le inculca a las fuerzas represivas un sentimiento de impunidad, se está ante la posibilidad de víctimas fatales. Eso lo sabe cualquier político. El gobierno tomó una decisión en ese sentido y tiene una responsabilidad por esa decisión. Sin embargo oculta esa responsabilidad en la acusación a los organismos de derechos humanos, a los medios críticos y a la familia Maldonado. Hasta ahora, en la política le ha dado resultado dar vuelta las cosas, y hacer recaer la responsabilidad en la pesada herencia. En vez de asumir esa responsabilidad obliga a que la familia repita hasta el infinito que no tiene filiación política. El gobierno crea un escenario donde todos tienen que dar explicaciones y excusarse, menos el gobierno que es el principal responsable por la muerte de Santiago Maldonado.
► La Verdad Forzada
Ya está, se ahogó, dicen y seguirán diciendo quienes creen que el resultado de la autopsia cierra el “Caso Maldonado”.
Los mismos que salen, una vez más, a cruzar a la familia e insisten en dejar de hablar de “desaparición forzada”, omiten preguntarse qué hubiera pasado si Gendarmería se limitaba a cumplir la orden judicial de liberar la ruta 40.
La respuesta es: Santiago estaría vivo.
Pero el “pecado” del Brujo fue solidarizarse con el pueblo mapuche, para quien el Gobierno tiene un plan sistemático de persecución política, judicial, represiva y mediática.
¿Quién, sino, ordenó que la Gendarmería viole todos los protocolos e ingrese ilegalmente al Pu Lof?
¿Quién, sino el Ministerio de Seguridad, le tomó las primeras declaraciones a los gendarmes y contó con material fílmico y fotográfico que primero negó tener y luego tardó semanas en presentar -y de manera incompleta- a la Justicia?
¿Quién, sino Patricia Bullrich, negó la responsabilidad de Gendarmería cuando ya sabía que esa fuerza había ingresado ilegalmente y que varios de los gendarmes habían disparado y tirado piedras?
¿Quién, sino el Estado argentino, no sólo no hizo esfuerzos por encontrar a una persona desaparecida sino que hasta “plantó” en la causa y en los medios que Santiago no había estado ese día o que había muerto antes del 1 de agosto?
La pericia determinó que Santiago murió ahogado, y eso pareciera terminar con todas esas preguntas que nunca se hicieron los periodistas que “más conocen” la causa:
¿Por qué no dejaron ingresar a los organismos de Derechos Humanos que se acercaron al lugar cuando todavía se llevaba adelante el operativo?
¿Por qué se mintió respecto a la cantidad de vehículos que ingresaron al territorio?
¿Por qué hay tantas contradicciones entre los testimonios de los gendarmes?
¿Por qué faltan en el expediente videos y fotos que sacó la Gendarmería, justo en la zona donde se lo vio a Santiago por última vez?
¿Por qué el comandante Juan Pablo Escola negó lo que después se comprobó: gendarmes en la orilla del río?
¿Por qué el destrato del juez Guido Otranto con la familia Maldonado, la comunidad y otros testigos?
¿Por qué se tardó tanto en separar a la Gendarmería, que permaneció durante varios días apostada a metros de la Lof?
¿Por qué demoraron semanas en hacerse las pericias a los celulares?
¿Por qué nunca se peritó el teléfono de Pablo Noceti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que pasó “a saludar” y que el día anterior se había reunido con funcionarios y jefes de fuerzas provinciales y federales?
¿Por qué se tardó tanto en allanar los destacamentos y antes de hacerlo se le avisó a Gendarmería?
¿Por qué se hicieron rastrillajes sin dejar participar a las partes, de manera violenta y hasta dejando horas precintados a los propios testigos de la causa?
¿Por qué Gonzalo Cané, del Ministerio de Seguridad, introdujo en la causa la hipótesis del puestero, operó para que no se aparte a Gendarmería y hasta participó en uno de los rastrillajes?
¿Por qué el Gobierno negó la ayuda de organismos internacionales y desoyó sus recomendaciones?
Porque hay un plan. Un plan que no se detuvo con la desaparición forzada de Santiago. Un plan que va a continuar y que está orquestado por multinacionales, la Sociedad Rural y gobiernos y empresas con intereses mineros, sojeros, hidroeléctricos.
Hay un plan extractivista dispuesto a extraer las vidas que sean necesarias en pos de su negocio.
Y todo aquél que se ponga en su camino, será considerado terrorista. Así ocurrió con Santiago. Así ocurre con las comunidades mapuche. Así ocurrirá con tantas y tantos. Con todos los que no estemos dispuestos a bajar la cabeza y aceptar la verdad que nos quieren vender. La realidad forzada que se empeñan en instalar a base de mentiras y represión.
► Represión violenta a mapuches en Bariloche: detuvieron a 5 menores de edad
Jueves 23 de noviembre 2017. A las 5:30 de la mañana, un importante operativo comandado por Policía Federal ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, ubicado a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. La orden fue dictada por el juez Gustavo Villanueva y del operativo participan, además de Policía Federal, miembros de Gendarmería Nacional y Prefectura.
El violento operativo contó con la participación de efectivos de Gendarmería y Prefectura y se realizó en el Lof Lafken Winkul Mapu, ubicado a orillas del lago Mascardi. Hubo heridos y mujeres y niños detenidos, según denunciaron desde la comunidad. Abogados de derechos humanos pidieron la "liberación inmediata" de cinco menores, de 1, 2, 3 y 10 años.
"Habiendo tomado conocimiento de la detención de los niños cuya lista presento mas abajo, los cuales se encuentran alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche en carácter de incomunicados toda vez que les es impedido a familiares directos contacto con ellos, y siendo que en este mismo momento continúan privados de su libertad, es que venimos a solicitarles gestionen con urgencia la restitución inmediata a sus padres o familiares cesando la retención ilegal de la que están siendo objeto", reclamaron los organismos de derechos humanos.
La represión se produjo luego de una orden dictada por el juez Gustavo Villanueva. “Entró la Policía Federal para hacer una caza de mapuches. Estábamos asentándonos en la recuperación de territorios, en los cuales hay mucho interés capitalista”, contó Peñi Pinito, integrante de la comunidad mapuche.
El operativo fue desplegado las 5:30 de la mañana a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche. Además de la Federal, participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura. Pinito explicó que “no tomamos territorios privados” y que reclaman “lo que es nuestro, la tierra para poder sembrar y tener nuestros animales”.
"Habiendo tomado conocimiento de la detención de los niños cuya lista presento mas abajo, los cuales se encuentran alojados en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche en carácter de incomunicados toda vez que les es impedido a familiares directos contacto con ellos, y siendo que en este mismo momento continúan privados de su libertad, es que venimos a solicitarles gestionen con urgencia la restitución inmediata a sus padres o familiares cesando la retención ilegal de la que están siendo objeto", reclamaron los organismos de derechos humanos.
La represión se produjo luego de una orden dictada por el juez Gustavo Villanueva. “Entró la Policía Federal para hacer una caza de mapuches. Estábamos asentándonos en la recuperación de territorios, en los cuales hay mucho interés capitalista”, contó Peñi Pinito, integrante de la comunidad mapuche.
El operativo fue desplegado las 5:30 de la mañana a orillas del lago Mascardi, a 30 kilómetros al sur de Bariloche. Además de la Federal, participaron efectivos de Gendarmería y Prefectura. Pinito explicó que “no tomamos territorios privados” y que reclaman “lo que es nuestro, la tierra para poder sembrar y tener nuestros animales”.
► Bariloche Militarizada, cientos de policias federales, carros hidrantes, helicópteros, todo para detener a 4 mujeres y 8 niños y secuestrar un osito de peluche (arma Mortal si las hay...) nunca vi algo así en esta Ciudad. (Sonny Martínez)
► Rafael Nahuel, asesinado
Rafael Nahuel, un joven de 22 años, recibió un disparo de bala de plomo. Fue en el marco de un reclamo de la comunidad mapuche por un territorio junto al Lago Mascardi, de donde habían sido violentamente desalojados el jueves 23-11. Otros dos indígenas fueron heridos.
El día en que comenzó el velatorio de Santiago Maldonado, el joven hallado muerto en el río Chubut 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería a los mapuches en Chubut, un integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu murió cerca de Bariloche. Rafael Nahuel fue baleado el sábado 25 por fuerzas de seguridad federales, dependientes del ministerio que conduce Patricia Bullrich, que lo perseguían en una zona de donde habían sido desalojados el jueves pasado. Ese día, varios miembros de esa comunidad huyeron del desalojo y la represión desatada en un predio lindero al Lago Mascardi. La víctima es Rafael Nahuel, de 27 años, quien falleció antes de llegar al Hospital Ramón Carrillo, de esa ciudad, adonde fueron trasladados también dos integrantes de esa comunidad, una mujer llamada Johana Colhuan y un hombre, ambos heridos con balas de plomo.
► Susana Yappert periodista a cargo del área de Comunicación Institucional de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, señaló en diálogo con Radio AM750 que las fuerzas de seguridad están generando acciones para crear la idea de un enemigo interno. En relación al asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel durante un operativo en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, cerca de Bariloche, la funcionaria afirmó que "los medios hegemónicos no cuentan lo que sucede. Necesitamos hacer como hace 40 años, saltar el cerco de la censura para poder contar lo que esta pasando".
Antes, durante y después del operativo en que murió Rafael Nahuel, en la periferia de la ciudad los retenes de las fuerzas de seguridad se intensificaron. Varios agentes cortaron la ruta 40 (llamada Juan Marcos Herman, en homenaje al único desaparecido en Bariloche durante la última dictadura) y dejaron incomunicados los accesos desde Bariloche hasta la zona del Parque Nahuel Huapi donde el jueves ocurrió la represión. Todo la Represión fue concretada a solo dos días de que, a través del decreto 950/2017, el Poder Ejecutivo promulgara la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades.
► PODER ASESINO...
Objetivamente...
¿Tiene aspecto de terrorista el pibe de la foto?
El poder corporativo que controla el gobierno en Argentina insiste en instalar la idea de una región acechada por grupos violentos.
"Resistencia Ancestral Mapuche", indígenas radicalizados que buscan subvertir el orden en la zona.
Las fuerzas de seguridad están llamadas a despejar territorio en Neuquén y Río Negro.
Están autorizadas a matar.
Terratenientes e inversores preparados para el saqueo gasífero y petrolero así lo exigen.
Rafael Nahuel, 22 años, tuvo una corta vida de sufrimientos y esperanzas.
Su última esperanza se alimentaba en la justa, sencilla y elemental causa del pueblo mapuche. Contar con un pedazo de tierra para vivir con dignidad.
Ayer lo mató la Prefectura de un tiro por la espalda. Fue en Villa Mascardi, a menos de 500 kilómetros de Vaca Muerta.
► Otro pibe solidario
A la una y media de la mañana del recién comenzado domingo, María Nahuel llegó a la humilde casa de la familia de Rafael, en el barrio Nahuel Hue. Llevaba la peor noticia: el joven asesinado por la Prefectura durante la represión en la comunidad en Villa Mascardi era Rafael Nahuel.
Los padres de Rafael y su hermano menor de sólo 12 años enmudecieron y se abrazaron. A las dos de la mañana los recibió el Juez Gustavo Villanueva, pero no los dejó ver el cuerpo.
Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de su familia, sí. Su tía, María Nahuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves. Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro.
“Vivía en una casa y una familia muy vulnerada, muchos problemas”, coinciden en contextualizar todos los referentes de organizaciones que compartieron actividades y proyectos con Rafael Nahuel.
Flaco, hermano del medio, laburador, Rafael participaba del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería, luego del almuerzo y el fulbito diario. Este año había comenzado a participar de esa actividad, y con la misma organización conoció el distante Cerro Catedral, bajo el programa Esquí Social.
Rafael Nahuel “hacía changas con todo lo que había aprendido”, cuenta Alejandro Palmas, referente de Al Margen.Fue Alejandro el que a las 22,30 horas del sábado llevó a su vivienda en el Alto de Bariloche a la familia de Rafael, luego de varias horas en la puerta del Hospital. Les compró unas empanadas y los acompañó hasta que a la 1,30 María Nahuel llegó con la noticia.
“Es un pibe re de barrio, changueaba como podía para ayudar a la familia”, recuerda Alejandro mezclando los tiempos presente y pasado. ¿Por qué estaba en la comunidad?: “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro.
Hincha fanático de Boca, jugaba al fútbol en cuanto potrerito había en los barrios del Alto. Mientras caminaba por esas calles de tierra, levantaba todos los fierros que encontraba, para hacer algún chulengo o parrilla. “Era muy buen soldador”, explica Fernando Fernández Herrero, referente del San José Obrero, una fundación que trabaja en la integración de los chicos de la zona.
En 2011 Rafael se acercó a la experiencia popular denominada Alto Construcciones –que luego derivó en el San José Obrero–, un espacio para el aprendizaje de oficio, la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche. Con sólo 15 años, Rafael participaba de un grupo de la capilla del Nahuelo Hue, y desde allí llegó al proyecto Alto Construcciones. “Rápidamente aprendió el oficio de herrero, le ponía muchas ganas al taller”. Tantas que, sin llegar a ser un capacitador, se convirtió en un líder del grupo.
Fernández Herrero le dice Rafita. “Era muy flaquito Rafita”, dice. “Era el típico pibe de familia muy golpeada que anda por la calle solo y que se las arregla como puede. Muy buen pibe”, dice, y suma a Rafael a la larga lista de jóvenes, pobres y del Alto que murieron en los últimos años. En distintas circunstancias murieron, pero siempre son jóvenes, pobres y del Alto.
Rafa siempre andaba con su mejor amigo, otro pibe de su edad, otra historia del Alto de Bariloche. Murió hace aproximadamente un año, como tantos jóvenes del Alto. Un año después a Rafael lo mató la Prefectura. Los pobres siguen poniendo los muertos de la grieta social.
Los padres de Rafael y su hermano menor de sólo 12 años enmudecieron y se abrazaron. A las dos de la mañana los recibió el Juez Gustavo Villanueva, pero no los dejó ver el cuerpo.
Rafael no era militante mapuche. La rama paterna de su familia, sí. Su tía, María Nahuel fue una de las detenidas durante el desalojo del pasado jueves. Hasta la comunidad Lafken Winkul Mapu había ido Rafael para acompañar a familiares y amigos. En una casilla de palos y nylon lo sorprendió el avance represivo de la Prefectura. Lo mataron de un tiro.
“Vivía en una casa y una familia muy vulnerada, muchos problemas”, coinciden en contextualizar todos los referentes de organizaciones que compartieron actividades y proyectos con Rafael Nahuel.
Flaco, hermano del medio, laburador, Rafael participaba del proyecto Semillero del Colectivo Al Margen, donde aprendía el oficio de carpintería, luego del almuerzo y el fulbito diario. Este año había comenzado a participar de esa actividad, y con la misma organización conoció el distante Cerro Catedral, bajo el programa Esquí Social.
Rafael Nahuel “hacía changas con todo lo que había aprendido”, cuenta Alejandro Palmas, referente de Al Margen.Fue Alejandro el que a las 22,30 horas del sábado llevó a su vivienda en el Alto de Bariloche a la familia de Rafael, luego de varias horas en la puerta del Hospital. Les compró unas empanadas y los acompañó hasta que a la 1,30 María Nahuel llegó con la noticia.
“Es un pibe re de barrio, changueaba como podía para ayudar a la familia”, recuerda Alejandro mezclando los tiempos presente y pasado. ¿Por qué estaba en la comunidad?: “Iba a ir un rato al campo, le dijo a la familia, a acompañar a algunos familiares y amigos. No era militante mapuche, pero tenía clara la lucha territorial que se estaba dando. Cada tanto participaba de algunas ceremonias”, rememora Alejandro.
Hincha fanático de Boca, jugaba al fútbol en cuanto potrerito había en los barrios del Alto. Mientras caminaba por esas calles de tierra, levantaba todos los fierros que encontraba, para hacer algún chulengo o parrilla. “Era muy buen soldador”, explica Fernando Fernández Herrero, referente del San José Obrero, una fundación que trabaja en la integración de los chicos de la zona.
En 2011 Rafael se acercó a la experiencia popular denominada Alto Construcciones –que luego derivó en el San José Obrero–, un espacio para el aprendizaje de oficio, la contención y la búsqueda de una salida laboral para los jóvenes de los barrios más vulnerados de Bariloche. Con sólo 15 años, Rafael participaba de un grupo de la capilla del Nahuelo Hue, y desde allí llegó al proyecto Alto Construcciones. “Rápidamente aprendió el oficio de herrero, le ponía muchas ganas al taller”. Tantas que, sin llegar a ser un capacitador, se convirtió en un líder del grupo.
Fernández Herrero le dice Rafita. “Era muy flaquito Rafita”, dice. “Era el típico pibe de familia muy golpeada que anda por la calle solo y que se las arregla como puede. Muy buen pibe”, dice, y suma a Rafael a la larga lista de jóvenes, pobres y del Alto que murieron en los últimos años. En distintas circunstancias murieron, pero siempre son jóvenes, pobres y del Alto.
Rafa siempre andaba con su mejor amigo, otro pibe de su edad, otra historia del Alto de Bariloche. Murió hace aproximadamente un año, como tantos jóvenes del Alto. Un año después a Rafael lo mató la Prefectura. Los pobres siguen poniendo los muertos de la grieta social.
Daniel
Mancuso
Mancuso
No hay comentarios:
Publicar un comentario