3 HORAS 38 MINUTOS

Afuera, miles de argentinos escuchamos muy atentos la clase magistral de alta política que nos regaló la Presidenta. Sin desperdicios, los dos centenares de minutos que duró el discurso fueron más interesantes, con más ritmo, suspenso y dramatismo que el bodrio de Hollywood por el que Daniel Day Lewis se ganó un Oscar. Y gratis.

Cristina habló de historia, economía, educación, seguridad, salud, derecho, y de cada uno de los items de su gestión, con un fuerte sesgo democrático inclusivo. Hablo de futuro, y nos convocó a todos para construirlo.

No faltó el humor y la ternura, y se dio el lujo de conmover a los Ricardos: logró arrancarle una sonrisa a Ricardito Alfónsín, un esbozo de sonrisa a Ricardo Gil Lavedra, y hasta un mohín nervioso al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Adentro algunos legisladores se quedaron dormidos, o no entendieron nada, o trabajaron lisonjeramente para congraciarse con sus patrones. Lo cierto es que este 1 de marzo de 2013, Buenos Aires se vistió de celeste y blanco, y la patria confirmó que tenemos una estadista de lujo. Cristina Fernández inauguró en el Congreso de la Nación el 131º período de sesiones ordinarias (en su 6ª presentación ante la Asamblea Legislativa). Allí, la Presidenta hizo un balance de su gestión y anunció el envío de proyectos de ley para democratizar la Justicia...


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Pero lo más importante es que movió el avispero. Joaquín Morales Solá, una de las voces más reaccionarias del establishment, desde La Nación gimotea acerca de La ausencia de la República.

«Fue un discurso presidencial infinito, dicho en un acto en el que no faltó nada de los grandes fastos populistas...»

Toda la nota es un gran alegato en defensa de uno de los tres poderes del Estado, el más antidemocrático:

«El corazón de la reforma judicial que planteó (Cristina), más allá de las palabras y de su atractivo cotillón para algunos sectores políticos, está dirigida a acabar con la independencia del Poder Judicial, el único que no ha sido totalmente colonizado por el kirchnerismo...»

¿Por qué el escriba defiende tanto a la familia judicial? Recordemos: el diario La Nación desde hace diez años cuenta con la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.

«Acorraló (Cristina) de paso a la Corte con un asunto en el que ésta carece de defensa política: el pago de impuestos a las ganancias, del que los jueces están eximidos... Los colocó a esos jueces supremos en la necesidad política de revisar una vieja acordada de la Corte menemista, que decidió no aplicar las disposiciones de una ley que los obliga a pagar ese impuesto...»

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La cretividad de la derecha reaccionaria no tiene límites. Para los justificadores de la impunidad resulta que se trata de La política de la Venganza. Veamos como defiende Carlos Pagni, la exención de los jueces en el pago de impuestos...

«La "democratización de la Justicia" es un síntoma de que Cristina Kirchner tiene una falsa idea de sí misma. Si el Gobierno obtiene algunos triunfos en el Poder Judicial es por su capacidad de presión corporativa, no por su prestigio institucional ante el electorado. Ésta es la razón por la cual la Presidenta podría conseguir algunos gestos de obediencia si los jueces quedan sometidos al impuesto a las ganancias. La idea es aceptable. Siempre que se olvide que es una forma de someter a los magistrados al control de la AFIP en un país en el cual esa agencia tiene una larga tradición facciosa. ¿Qué efecto puede ejercer en un juzgado que, junto con un expediente complicado, llegue una inspección integral? El defecto de las ofertas kirchneristas no siempre está en su contextura teórica, sino en las prácticas que habilitan...»


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Dime por qué te opones a la democratización de la justicia y te diré porqué cada día Cristina se aleja más de la mediocridad general de los políticos opositores, porqué aumenta el amor y la confianza popular a su Presidenta.

Estén de acuerdo o no con ella, lo maravilloso de Cristina es que los obliga a pensar, a accionar, les activa las dormidas neuronas opositoras que tendrán que reflexionar y tomar posición respecto de todos los temas importantes de la vida política social y económica de la Argentina. Ellos sufren, no pueden descansar ni hacer la plancha, no pueden dormir tranquilos, no pueden disfrutar sus privilegios sin pensar que un día, una sorpresa, les tire por la borda el statu quo que supieron disfrutar. Además, saben que no pueden gobernar. Se sienten impotentes, no tienen ideas propias que superen cada una de las propuestas oficiales, sólo se oponen, sólo denostan. Sólo estulticia. El pueblo, la sociedad, la ciudadanía, no come vidrio.

El kirchnerismo es el hecho maldito del país neoliberal de principios de siglo XXI.

Daniel
Mancuso

DISCURSO DE LA PRESIDENTA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER AL INAUGURAR EL 131° PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO







Muy buenos días a todos y a todas. Señores gobernadores; señores miembros del cuerpo diplomático; organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos; señoras y señores legisladores y legisladoras; pueblo de mi Patria; mis queridos jóvenes como siempre, muchas gracias a todos realmente: una vez más, en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 8°, vengo a dar cuenta del estado de la Nación y asimismo a dar apertura a este nuevo año legislativo, el 131° período ordinario de este Parlamento Argentino, maravilloso Parlamento Argentino. Y también a proponer, tal cual lo indica el inciso, las cuestiones que de acuerdo a mi pensamiento, a lo que queremos hacer como acción de gobierno, poner a consideración eventualmente normativas a este Parlamento.

Este no es un año cualquiera, esta no es una sesión o un período de sesiones cualquiera, este 131 período de sesiones ordinarias legislativas coincide con dos aniversarios muy fuertes, para mí como militante política, para mi generación y creo que para todos los argentinos. Este año se van a cumplir 30 años de la recuperación democrática de la República Argentina; 30 años que los argentinos recuperamos el derecho a la vida, que nos había sido arrebatado por el terrorismo de Estado; 30 años en que hemos recuperado la libertad; 30 años en que hemos recuperado a la soberanía popular como única fuente legítima del poder público en la República Argentina.

También en unos días más, apenas unos meses, el 25 Mayo de este año vamos a cumplir 10 años desde el momento en que un hombre se sentó en este mismo lugar, con bastante menos votos que esta Presidenta por cierto pero con una voluntad, una capacidad y una convicción en el futuro basado precisamente en su memoria que no reconocía límites. Y daba comienzo también entonces ese 25 de Mayo un proyecto político abarca activo a toda la Nación donde ya íbamos a la lucha por la igualdad, íbamos a la lucha por un mayor desarrollo económico, social y cultural, por las terribles frustraciones que habíamos vivido los argentinos aún en períodos democráticos. Yo quiero saludar a todas las fuerzas políticas de origen democrático de nuestro país por estos 30 años y por estos 10 años en que los argentinos hemos recuperado tantos derechos y tantas conquistas sociales... (ver discurso completo)



(...)




Ustedes saben lo que yo pienso en materia de derechos humanos y de garantías. No soy precisamente una de las defensoras de la mano dura, pero me parece que la Justicia debería merituar un poco –no quiero interferir en otro poder– más razonablemente el tema de cómo se manejan las excarcelaciones. Es horrible privar a alguien de la libertad, pero más horrible es que alguien que no ha tenido una conducta social adecuada, por dejarlo en libertad, mate, asalte o produzca un daño a un tercero. Creo que tenemos que cuidar las libertades de todos.

Además, la historia y la vida enseñan que hoy se ha agravado la situación por efecto de la droga, del narcotráfico y otros temas. Pero quiero que cada uno tome la responsabilidad que le corresponde en materia de lucha contra la delincuencia. No diciendo: no tenemos responsabilidad el gobierno nacional, no, diciendo que claramente en cada provincia la seguridad corresponde al gobierno de esa provincia; ni siquiera a los intendentes. A veces veo que pasa un hecho delictivo –y lo veo en el Gran Buenos Aires– y van a reclamarle al intendente. Vi hace unos meses a una chica intendenta a la que prácticamente querían linchar. ¿Pero qué puede hacer la intendenta si no maneja policía, no tiene jueces ni nada?

Hay una manipulación mediática y un hacer la plancha de otros y meter la cabeza como el avestruz para que no se den cuenta que también es bastante injusto; es bastante injusto. Más allá de la protección mediática con la que se cuente, nos gustaría que la misma protección que le dan a ellos los medios, se la dieran ellos a los ciudadanos, como les marca la Constitución.

Pero esto me lleva al último tema del día de hoy, que es el de la Justicia. Y veo a las Madres y a las Abuelas, después de tantos años, treinta y pico finalmente, en los juicios que se llevan adelante. Hemos hecho un gran adelanto en materia de derechos humanos. Lo ratifico: somos un país modelo. Estamos trabajando en materia también de reformas de códigos. Estamos adaptando la reunificación del Código Civil y Comercial, y una comisión también trabaja en la reforma del Código Penal. Tenemos que trabajar en las reformas de los códigos de procedimiento.

Pero creo que debemos también abordar el tema de la Justicia. Y fundamentalmente de hechos que se han sucedido a través de los yerros de la Justicia, como Consejo de la Magistratura.

El tema de lograr una representación legítima, una Justicia legítima, una democratización de la Justicia. Yo sé que actué como un gran disparador, un gran catalizador para el debate. Es un debate que nos debemos los argentinos, porque el Poder Ejecutivo... Hay tres poderes del Estado. Néstor hizo una revolución dentro del Poder Ejecutivo. Por primera vez, el presidente es el presidente, es el que toma las decisiones que le corresponden por la Constitución en la Casa Rosada. Rescató para la política la decisión de las cuestiones de Estado.

Creo que también nosotros hemos dado, a partir de la reforma política de las PASO ?las internas vinculantes, obligatorias y abiertas? y el manejo equitativo y gratuito de la publicidad para todos los partidos, un gran cambio. Más allá de que por allí la oposición no me lo reconozca demasiado, saben lo que significaba hacer frente a una campaña mediática cuando no se tenían fondos y había que pagar los espacios publicitarios. Hoy no hay partido político en la República Argentina que no cuente con un espacio publicitario en radio y televisión gratuito para poder expresar sus ideas.

Esto ha significado una reforma importante, porque ha dejado de condicionar a los partidos políticos a tener que obtener grandes sumas de dinero para hacer frente a una elección, por el tema de la publicidad.

También el hecho de que las internas sean vinculantes y obligatorias en cada uno de los partidos ?para que la ciudadanía se involucre en la vida de los partidos políticos? ha contribuido a una mayor y mejor participación ciudadana.

Y contra todos los pronósticos, inclusive de amigos, no voy a decir quién, pero tengo un amigo gobernador ?que no es el Pato? que me decía "La verdad es que yo no te confiaba mucho con esto de las PASO; no va votar nadie; va a ser una porquería...". ¿Ustedes vieron la cantidad de gente que fue a votar, con la alegría que la gente va a votar? A la gente le gusta votar. Porque cómo no nos va a gustar votar, si estamos decidiendo quiénes nos van a representar en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente.

O sea, realmente logramos una reforma política importante: llevar la interna de los partidos hacia afuera, por afuera de las burocracias político-partidarias, y de esta manera permitir el ingreso de la ciudadanía.

Lo cierto es que esto no ha sucedido, obviamente por múltiples razones, en el tercer poder, el Poder Judicial. Les voy a contar una anécdota: ¿ustedes se acuerdan del Bicentenario? ¿Se acuerdan de unas carretas que significaban el golpe de Estado; de que

se incendiaba la Constitución y se quemaba la urna y el sillón presidencial también? Originalmente habían pensado que la balanza de la Justicia también se incendiaba; y yo dije "No", porque la Justicia nunca se modificó. Acá se echaron gobernadores, se encarcelaron gobernadores y presidentes y se cerró este Parlamento, pero la Justicia nunca fue tocada. Así que dije "La Justicia no la incendien; que incendien el Parlamento y que incendien el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares".

Pero ¿cómo hacerlo? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente de este Parlamento, durante el mes de marzo.

La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. Todos saben que yo fui constituyente y no estaba de acuerdo con el Consejo de la Magistratura, porque sostenía –quienes fueron mis compañeros constituyentes lo deben saber– que iba a derivar en un criterio corporativo, porque los profesionales, por propia definición –las profesiones vienen desde la Edad Media– son corporativos; lo son los médicos, lo son los abogados, lo son los jueces.

Es más, recuerdo que cuando discutimos la última reforma del Consejo de la Magistratura, un senador de la oposición –que integraba el Consejo de la Magistratura– me dijo: “Pero los jueces nunca votan contra los jueces”. Está grabado en versión taquigráfica; y él integraba el Consejo de la Magistratura por la oposición.

¿Cuál es la propuesta? He leído atentamente y no se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la Justicia era una excusa, ¡que se olviden! Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose que es parte de uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución. Y que el gobierno está para el Poder Ejecutivo y, obviamente, para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución.

Bueno, democratización. Leyendo atentamente, creo que el Consejo puede estar integrado por más gente del ámbito académico. En realidad, debería poder estar integrado por ciudadanos, porque ¿qué título es más importante que el de ciudadano? ¿Un abogado es más importante que un ciudadano que no es abogado? El mejor título que puede tener una democracia es ser ciudadano, pero evidentemente hay una limitante constitucional que establece que el Tribunal debe estar integrado por abogados y por representantes –por nosotros, por ustedes; un representante del Ejecutivo también–, de los senadores y de los diputados.

O sea, ustedes sí son elegidos por el voto popular; ustedes sí tienen representación legítima; a cada uno de ustedes los eligen en sus provincias. No así a los abogados, que se eligen entre ellos; no así a los jueces, que se eligen entre ellos; no así a los académicos y científicos que siempre son abogados y juristas, cuando en realidad la Constitución dice “Académicos y científicos”, con lo cual puede ser un médico, puede ser un contador, puede ser un economista, puede ser un ingeniero, puede ser un psicólogo, que además estaría muy bien porque le daría una perspectiva mucho más amplia profesionalmente a ese Consejo de la Magistratura.

Pero la propuesta, y los ejes del proyecto de ley, es que vamos a enviar va a hacer que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, que sean elegidos directamente por el pueblo. ¡Representación popular en la totalidad de los integrantes! ¡Absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos!

Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores y diputados. No es que van a elegir a los jueces que ejercen. Ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección y de exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, de los consejeros. Si no, mañana ya veo que La Nación y Clarín titulan “Todos los jueces van a ir a elecciones”. No estoy de acuerdo. ¿Se imaginan lo que haría alguien para ser elegido? ¡Votarse a juez sería un disparate total! Pero el órgano representativo que determina en la selección de los magistrados, en el juzgamiento de los magistrados, integrado por abogados, por jueces, esos jueces tienen que ser votados por sus conciudadanos; esos abogados tienen que ser votados por sus conciudadanos; esos académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos. Y está en absoluta regla con lo que establece la Constitución, artículo 114: “El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. Quiere decir que el constituyente delegó en el Poder Legislativo la forma y el número de esos consejeros que tienen que ser jueces, que tienen que ser abogados, que tienen que ser académicos y científicos. Tienen que tener proporcionalidad de representaciones, pero no dice que tienen que ser todos académicos o científicos ni cuántos tienen que ser sino que, al contrario, hay que darle a ese órgano una representación popular en la que la sociedad se vea reflejada y representada.

Por allí la creación de un tribunal constitucional exigiría una reforma constitucional. Pero creo, también, que a nosotros nos ha dado un excelente resultado la creación de la Cámara de Casación Penal porque aligera las causas que suben a la Corte. En las Cortes de todo el mundo no pueden subir 10 mil o 12 mil causas. En Estados Unidos creo que suben 80 o 100 causas al año, como una exorbitancia.

Por eso creemos necesario –y también enviaremos una ley al respecto– crear la Cámara de Casación en lo Civil y Comercial, otra Cámara de Casación en lo Contencioso y Administrativo, otra Cámara de Casación Previsional y Laboral, de modo tal que en las cuatro ramas fundamentales tengamos una tercera instancia que aligere de esta manera y pueda darle mayor transparencia a todo el sistema judicial.

También queremos democratizar el acceso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente acceda quien es “conocido de” o “pariente de”. Todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que se establezcan está en condiciones. Si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones, deberá establecerse el sistema de sorteo público, como hemos hecho con el PROCREAR, transparente, porque ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio. Debe ser un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo. Eso también es democratizar el Poder Judicial.

También queremos conocer, porque muchas veces no sabemos cuáles son las causas. Salen fallos, y no sabemos por qué algunos fallos o algunas cuestiones están años por allí en la Corte y otras salen más rápido. Creemos que también debe haber un acceso y una información en todo lo que hace a que todo el mundo sepa cuáles son las causas, como nosotros. Bueno, “nosotros”; no puedo olvidar mi condición de legisladora.

Asuntos Entrados: cuando nos reparten el librito de Asuntos Entrados, todo legislador, todo senador, todo diputado, sabe qué entró a la Cámara todas las semanas. Está el título, el número de expediente, el extracto. Nos ha tocado decir: “Yo quiero saber qué es esto”; otro legislador, también. Bueno, en la Justicia no sabemos qué causas están en la Corte, en los distintos tribunales. Y tenemos que establecer un sistema no solamente de transparencia para saber cuánto tiempo están esas causas. Porque una de las cuestiones fundamentales es el tema de que algunas causas salen enseguida, otras no salen nunca. Entonces creo que hay que transparentar en un sistema.

Hoy en informática, ya no tenemos que ir a leer el diario ni nada, simplemente con un sistema de software conocer: a ver, ese juzgado, ¿cuántos expedientes tiene?, ¿cuántos ingresaron?, ¿desde cuándo ingresaron? Esto es para todo el Poder. Y debe poder acceder a esto cualquier ciudadano. ¡Si a nosotros nos cuentan las costillas a todos! ¡Si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron , cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces?

Estoy cansada. He sido legisladora. Bueno, yo hablaba mucho, ¿no?, y presentaba proyectos, no había problema; pero por ahí mataban a uno porque nunca había hablado, porque venía tarde. Bueno, a todos nos cuentan las costillas. A los políticos nos cuentan a todos las costillas, y está bien. Está bien porque estamos en el poder público, pero el poder público son los tres poderes y los tres tenemos que tener la misma transparencia.

Por eso con respecto a la cuestión –sé que han presentado proyectos o un diputado de mi bancada lo ha hecho– del impuesto a las ganancias, yo quiero decirles algo, quiero ser lo más seria posible. Yo odio la demagogia y el aplauso fácil; nunca lo busqué. Siempre he querido, en todo caso, tener la razón. Lucho mucho por tener la razón; por tener razón, por dar el debate, por ganar el debate, pero no ganar el debate porque tengo manos sino ganar el debate porque tengo razón.

En realidad, la ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada: es la 24.631. Este es el expediente. Estoy yo acá. Miren qué redondo que es el mundo y en la Argentina es más redondo que en ninguna parte. Es un proyecto que viene a modificar una ley de Cavallo; un decreto donde se eximía a los miembros del Poder Judicial en un inciso p), a los miembros del Poder Legislativo en el inciso q), y en el r), a los jubilados de ambos poderes, del pago a las ganancias. Se presenta un proyecto de ley derogando. Esta es una reforma tributaria amplia. Eso era una parte pequeña, no era el proyecto. Era una reforma que, por supuesto, por ser reforma tributaria, tuvo origen aquí, en la Cámara de Diputados. Y entre los firmantes estaban derogando el impuesto a las ganancias para los jueces, para los legisladores y para las jubilaciones de ambos poderes el entonces presidente Matzkin, de nuestro partido; López Arias; estaba Juan Carlos Maqueda, actual miembro de la Corte y entonces diputado; y otros más. Yo era senadora.

Eso llega al Senado. En el Senado lo reformamos. Vuelve aquí, lo vuelven a aprobar y queda convertido en esta ley, la 24.631. Esta ley mereció una acordada por parte de la Corte que presidía el doctor Nazareno. Por aquí tengo la acordada, pero ahora no la encuentro, con tantos papeles. ¡No, no, no! No silben a nadie, por favor. La acordada 20 del año 2000. De 1996. Gracias Diana, siempre tan atenta a la Justicia. Y luego hubo casos –entre ellos, el caso Gabisso, también firmado por Nazareno–, donde vuelve a reiterar el no pago, con lo cual no hay forma, si no se reforma la acordada por parte de la Corte.

¡Ojo! Quiero que quede claro que esta es una decisión de un poder que no es ni el Ejecutivo ni el Legislativo. El Poder Legislativo ya tomó una decisión en 1996, la votamos muchos de los que estamos acá, y tuvo una acordada de la Corte, del doctor Nazareno. Es más, tengo aquí la versión taquigráfica de un miembro de la Corte, de la doctora Argibay, cuando fue a la Comisión de Acuerdos que, en ese momento, presidía el senador Yoma. Se le pregunta a la doctora exactamente sobre esto, porque era un tema que siempre nos daba mucha rabia a los legisladores –ustedes se acuerdan, las legisladoras lo hemos charlado muchísimas veces–, pero es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Quiero decir que no es un tema de impacto fiscal, porque hay quienes hacían cálculos de que con eso y no sé con cuántas cosas más... Es un tema que hay que discutirlo y lo debe discutir el Poder Judicial. Se le pregunta a la doctora Argibay –pregunta consabida que se les hizo a casi todos– cuál era su opinión respecto de la Acordada 1/2000 que exime a los jueces del pago del Impuesto a las Ganancias y la doctora contesta “Yo siempre dije que había que pagar”. Bien; si hubiera dicho otra cosa, seguramente, no hubiera tenido acuerdo, porque no dábamos acuerdo a aquellos que sostenían que no tenían que pagar. Que me lo nieguen los propios senadores de la oposición. Esto lo hemos discutido con ellos, y están totalmente de acuerdo con nosotros en eso. Es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, ¿no Sanz?

Cuando se trata el caso Gutiérrez, Oscar Eduardo c/ ANSES, en la Corte ,el voto de la doctora Argibay, que es con respecto a este tema, dice que es inadmisible también la pretensión de la recurrente relativa a la extensión del principio de intangibilidad a los jueces en situación de retiro, toda vez que este aspecto ha sido objeto de amplia consideración por la Corte en el Caso Gaibisso. Con lo cual, hace remisión –como decimos los abogados– al Caso Gaibisso, que es el Caso Nazareno, que es también la ratificación de las otras acordadas de Nazareno.

Con lo cual, esta es una decisión que deberá tomar oportunamente el Poder Judicial, que lo discutirá en todos sus estamentos, pero sinceramente, no es una cosa que pueda hacer el Poder Legislativo porque técnicamente ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional y, en materia de interpretación constitucional y de leyes, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación; con lo cual, la única que puede modificar su propia jurisprudencia o su propia acordada es la Corte. Pueden aprobar veinte leyes y hacer veinte discursos pero esto seguirá así. Esto quiero aclararlo para evitar malentendidos y que nadie se sienta presionado sino que el Poder tome las decisiones que entienda que debe tomar. Quería aclarar esto porque creo que también son reformas.

Además de este Registro de Causas y Publicidad –así se llama–, vamos a enviar dos leyes más que son muy importantes: una referida a medias cautelares.

La medida cautelar se ha transformado en una verdadera distorsión del Derecho, en una fuente de injusticia, de inequidad y de negación de administración de justicia. Porque con la medida cautelar, detienen la administración de justicia – es decir “tenés razón”, “no tenés razón”, “sos inocente”, “sos culpable”, “te lo doy”, “no te lo doy”– veinte años, porque no se discute la cuestión de fondo, se discute una cuestión absolutamente formal.

¿Qué son las medidas cautelares? Históricamente, las medidas cautelares han tenido la idea de garantizar el ejercicio de un derecho para que cuando a una persona le dé la razón la Justicia, la otra persona no se haya insolventado, no se haya desprendido del bien, o cuando haya un riesgo en una obra ambiental o alguna cuestión de ese tipo.

Las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo, porque nunca puede “insolventarse”; no puede ser declarado en quiebra. Si el juicio es de estricto contenido patrimonialista, no corresponde jamás una medida cautelar contra el Estado, porque el Estado tiene el dinero suficiente para pagar. Es más, habría que exigir inclusive una contracautela.

Vimos en la cautelar y en los episodios de Gendarmería y Prefectura Naval Argentina un negocio formidable, del cual hay denuncias ya del Ministerio de Seguridad contra los estudios jurídicos, donde hay jueces subrogantes que dictan la cautelar –miles de ellas– y, luego, se declaran incompetentes. Había una en Corrientes, otra en Río Gallegos, etcétera. De hecho, fue un juez subrogante el que nos dictó la medida cautelar contra las antenas de la TDA e inmediatamente después se declaró incompetente. Esta es la fórmula. Lo sabe el doctor Ricardo Gil Lavedra, que es un excelente abogado. Es la fórmula perfecta: cautelar, me declaro incompetente, me voy, quedó trabada la cautelar y “fuiste” –como decían los Visconti–: treinta años de juicio. Y como cambian los gobiernos y ellos siempre siguen en el mismo lugar, no pasa nada.

Esto debe tener también una reglamentación, no una eliminación. Porque supongamos que el Estado decide hacer una represa, o… no, no voy a hablar del Metrobús. Digamos una represa en algún lugar con impacto ambiental. Ahí sí cabe contra el Estado una medida cautelar. Porque si hay impacto ambiental, es irreparable. Pero si es de contenido estrictamente patrimonial... ¡Vamos! Entonces, especulan con que los gobiernos cambian. Bueno, muchos especularon con que yo no iba a estar en 2011 y por eso utilizaron las cautelares. Pero ¿qué le vamos a hacer? Acá estamos.

Lo cierto es que creo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico procesal argentino. Por eso también creo que hay que hacer una reforma al Código Procesal. También creo que hay que establecer una ley de responsabilidad del Estado. Si vamos a sancionar un Código Civil y Comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado. Es sencillo, porque las relaciones que rigen el Código Civil y Comercial son fundamentalmente entre privados, o cuando el Estado actúa no como persona del derecho público sino como persona del derecho privado.

¿Qué pasa? Cuando se sancionaron el Código de Comercio y el Código Civil en nuestro país, el Estado era inexistente. Era todo entre particulares. Entonces estaban el Código Civil y el Código Comercial. El derecho administrativo es una rama que recién comienza a surgir a mediados del siglo pasado, con grandes administrativistas como Bielsa, Gordillo, etcétera. Pero en realidad no hay un desarrollo y nosotros necesitamos una ley de responsabilidad del Estado. Porque el Estado no puede ser tratado igual que una empresa particular, o que un particular, o que una cuestión entre civiles. Necesita otro tratamiento, no privilegiado pero tampoco castigado por ser el Estado. Porque de repente, observo que cuando todo estaba en manos de los privados, nadie hacía juicio a nadie. Una vez que pasó al Estado, todo se convirtió en litigioso, ya que siempre saben que alguien del Estado no va a apelar. Además el Estado tiene 28 millones de estamentos, desde el presidente hasta el último abogado que hace pasillo en Tribunales. Hay una industria del juicio, y todos sabemos los nombres de los abogados y de los estudios, lo que hacen y cómo lo hacen. Entonces, es hora de tomar también en esto el toro por las astas.

Finalmente, también vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público en cuanto a las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado, sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Porque realmente es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas.

Entonces también aquí hay una acordada. Porque aquí, en este mismo Parlamento, se sancionó allá por los años 90 una de esas leyes que se sancionan para no ser cumplidas, como digo yo. Se llama “Ley de Ética Pública”. Todas esas leyes tienen unos nombres muy rimbombantes. Y para que esa ley funcionara con declaraciones juradas obligatorias, era necesario crear una Comisión Nacional de la Ética. Entonces había que convocar a muchos éticos y éticas para conformar esa comisión. Ahora, ¿quién tiene el centímetro de la ética en la República Argentina para conformar la Comisión Nacional de la Ética y decir que los que están en esta comisión son éticos? Ergo, la comisión nunca se constituyó, jamás. Estoy hablando de más de veinte años. Muchos diputados y senadores se deben acordar.

La Corte de Nazareno sacó la acordada 1/2000, en la cual se establece declarar inaplicables en el ámbito del Poder Judicial los artículos 2°, 6°, inciso e), de la facultad atribuida a la Comisión Nacional de Ética Pública para solicitar la información reservada. No se constituyó la comisión, misterio del cuarto amarillo. Salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país. Con lo cual creo que con esto también debemos terminar y se debe poder tener acceso mediante Internet a la declaración jurada de todos los integrantes de todos los poderes del Estado.

Les cuento que esta fue una idea muy buena, producto de una correspondencia epistolar que mantuvimos con alguien respecto de que, en realidad, tenían que presentarla todos. Creo que esto es necesario e imprescindible. Si yo voy a un juzgado y ese señor va a decidir sobre mi patrimonio y sobre mi verdad, quiero saber, tengo derecho como tienen derecho de saber sobre mi declaración jurada, sobre la suya, sobre la tuya y sobre todos los que decidimos algo.

También tendríamos que tener, por ahí, más con lo que está pasando en el mundo, el acceso a otro tipo de informaciones del sector privado, pero eso es más complicado porque es el sector privado. El sector público está solventado por los impuestos ciudadanos y, por lo tanto, tiene otras obligaciones que el sector privado no tiene. Pero ojo, todo es del sector público, porque los sueldos del sector público los “garpan” todos los ciudadanos, todos los poderes , todos. Perdón por el término “garpar” que no suena bien en una presidenta. Pido disculpas por el término “garpar” que es totalmente inapropiado, inadecuado para una presidenta y más en una asamblea legislativa.

Con esto quiero decir que sé que muchos legisladores han hecho públicas sus declaraciones juradas, quiero aclararlo; pero hay otros que no. Hay de todo, como en botica y como todo en la viña del Señor, pero en la justicia es imposible acceder a la declaración jurada de nadie, de nadie, repito.

Finalmente, porque me he extendido mucho, quiero terminar esta sesión. Me falta mucho, tendría que haber hablado de otros temas también, de otras áreas. Pero quiero terminar con unas palabras de Néstor, en este mismo lugar hace siete años, cuando le tocó inaugurar una asamblea legislativa como ésta. Año 2006, sitúense, el año anterior habíamos pagado al Fondo, estábamos haciendo el primer canje, la Argentina todavía estaba dada vuelta. Bueno, lo que era. Quiero recordar las palabras de él: “Es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos, de a poco, superando con esfuerzo lo que constituyó la peor crisis de nuestra historia. Vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario de la Argentina. Venimos del infierno, intentando todavía salir de él, por eso debemos actuar con memoria. Deberemos repasar los hechos que marcan con tanta contundencia, a veces, cuánto hemos avanzado; otras veces, cuánto nos falta recorrer y, otras tantas, cuánto cuesta reconstruir lo que ha sido destruido. La propia naturaleza de los problemas que hoy enfrentamos nos marca que el rumbo ha sido el correcto y nos marca, también, que el esfuerzo debe ser continuado.

Nuestras crisis recurrentes han obstaculizado la permanencia de las políticas correctas y han impedido que se continúe un mismo rumbo. No queremos volver al pasado. Queremos con memoria, verdad y justicia construir las bases de un sólido futuro. Como consecuencia de las inadecuadas y, en ocasiones, irresponsables políticas económicas del pasado, la Argentina perdió hace décadas su lugar entre las naciones prósperas, y es todavía un país notoriamente empobrecido y particularmente injusto. Todavía no hemos salido del infierno.

Consolidar esta nueva situación es el punto de partida para comenzar a revertir esta historia y para volver a instalar la noción de progreso y cohesión social en nuestra Patria.”

Esto lo dijo hace siete años. En estos siete años hemos subido muchos peldaños. Yo creo que hemos salido del infierno. Y quiero decirles que en nombre de él, de los que ya no están, de todos ustedes y de los 40 millones de argentinos, me voy a jugar la vida en no volver a descender en esa escalera al infierno de todos los argentinos, porque nos merecemos vivir en una patria mejor, en un país mejor.

Él luchó y se fue por eso. Y todos debemos, los 40 millones de argentinos, hacer un inmenso esfuerzo por no volver nunca más a ese lugar horrible del que él nos sacó. ¡Muchas gracias!