Durante décadas nos engañaron, nos robaron, nos reprimieron. Con sus leyes y sus discursos construyeron el granero del mundo que engordaba sus cuentas bancarias al mismo tiempo que mataba de hambre a la peonada. O en las guerras fratricidas. Ya no. Han quedado en evidencia sus manipulaciones históricas, sus golpes de Estado, sus masacres. Ellos, los cipayos con olor francés, fueron sometidos por ingleses y yanquis, y en la orgía colonizada cantaron pleitesías al extranjero. Bravucones de tiempo completo se apoderaron de la patria, de la bandera, del ejército, de los sueños y gobernaron a su antojo. Los grupos de poder usufructuaron impunidades y negocios a costa del Estado nacional mientras millones de trabajadores sucumbían en ciénagas de pobrezas y desesperanzas. Ahora, ni sus libros, ni sus diarios, ni sus instituciones, ni sus artimañas e influencias alcanzan para interferir el proceso de democratización e inclusión en marcha desde 2003.
Aunque resulte sorprendente que un ladrón acuse de delincuente a quien lo descubre en sus actos ilícitos, estos estafadores de guante blanco pregonan libertades conculcadas, claman por justicias perdidas y ponen cara de yo no fui. Los infames traidores a la patria acusan a un gobierno democrático de «dictadura de los votos».
Las clases dominantes acostumbran a disfrutar el reino del revés. No toleran las leyes de un gobierno popular (ni las leyes ni el gobierno). Y si son descubiertas a plena luz del día piden auxilio porque se sienten violentadas. La hipocresía al palo.
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... Con el dictado del decreto 2552/2012, Cristina Fernández de Kirchner ha dado un paso que ni el propio Juan Domingo Perón se atrevió a dar al nacionalizar empresas privadas. Siempre lo hizo a través de la compra o de la expropiación por razones de utilidad pública, previa indemnización.
Pero la Presidenta pretende que el Estado se apropie de una propiedad privada empleando subterfugios administrativos, sin que exista una causa de utilidad pública y sin indemnizar a los dueños del predio de Palermo por el acto de apoderamiento. Se trata de un procedimiento primitivo y arcaico, utilizado durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que motivó que los constituyentes de 1853 lo prohibieran en forma expresa en un artículo del texto constitucional que se ha conservado tras las sucesivas reformas. El precepto que impide el proceder de la jefa del Estado se halla en el artículo 29 de nuestra Ley Fundamental y establece que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esa naturaleza -señala el mencionado artículo- llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria...
Pero la Presidenta pretende que el Estado se apropie de una propiedad privada empleando subterfugios administrativos, sin que exista una causa de utilidad pública y sin indemnizar a los dueños del predio de Palermo por el acto de apoderamiento. Se trata de un procedimiento primitivo y arcaico, utilizado durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, que motivó que los constituyentes de 1853 lo prohibieran en forma expresa en un artículo del texto constitucional que se ha conservado tras las sucesivas reformas. El precepto que impide el proceder de la jefa del Estado se halla en el artículo 29 de nuestra Ley Fundamental y establece que el Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esa naturaleza -señala el mencionado artículo- llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria...
Editorial del diario La Nación:
Deplorable intento de confiscación
Deplorable intento de confiscación
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La Comisión Directiva de La Rural, encabezada por su flamante titular, Luis Miguel Etchevehere, se reunió ayer apenas se enteró de la decisión del Gobierno de recuperar el predio de Palermo. La decisión oficial tomó por sorpresa a toda la cúpula de la entidad, que si bien sabía desde hace más de cinco meses que el Gobierno tenía pensado avanzar sobre el predio, nunca pensó que lo haría ayer.
Apenas Etchevehere se enteró de la noticia, llamó a toda la Comisión Directiva formada por su vicepresidente, Daniel Pelegrina; los secretarios Nicolás Pino y Pedro Reggi, y los dirigentes Horacio Lavalle, Juan José Grigera, entre otros. Pero transcendió que no todos pudieron concurrir ya que varios se encontraban trabajando en el campo...
Apenas Etchevehere se enteró de la noticia, llamó a toda la Comisión Directiva formada por su vicepresidente, Daniel Pelegrina; los secretarios Nicolás Pino y Pedro Reggi, y los dirigentes Horacio Lavalle, Juan José Grigera, entre otros. Pero transcendió que no todos pudieron concurrir ya que varios se encontraban trabajando en el campo...
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La Sociedad Rural Argentina rechaza enérgicamente los términos expresados hoy por el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina anunciando el decreto nº 2552/12 que dispone la nulidad de la compra del predio ferial de palermo realizada por la SRA, conforme a derecho, hace más de 20 años, que ocupa legitimamente desde el año 1875.
La medida anunciada por el poder ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto
La compra del predio fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente, y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado. La venta directa estuvo encuadrada en las disposiciones aplicables a propiedades históricamente ocupadas y utilizadas por instituciones existentes. La venta incluía obligaciones y restricciones significativas. La Sociedad Rural Argentina se comprometió legalmente a construir modernas y avanzadas instalaciones para ferias internacionales, las que están hoy a la vista. Ellas requirieron cuantiosas inversiones que superaron los 100 millones de dólares. Además, se obligó a conservar y a rehabilitar los pabellones históricos y a ceder una parte de la recaudación al gobierno nacional, que fue siempre cumplida. El precio de venta fue el correcto y se determinó bajo todas estas circunstancias.
El 80 % del precio ya fue pagado. El saldo remanente por el pago del predio fue informada por el jefe de Gabinete con cifras absolutamente inexactas. La Sociedad Rural Argentina no ha transgredido ninguna Ley y ha sostenido y crecido su actividad en el Predio en cantidad y calidad en beneficio del campo argentino, la ciudad y el país.
El decreto 2552/2012 constituye una aberración jurídica que deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación.
La Argentina está viviendo momentos en los que se intenta acallar aquellas voces que piensan diferente. Se utiliza para esto organismos estatales con el objetivo de amedrentar a periodistas, jueces y dirigentes sociales, gremiales y políticos.
Esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular. Esto se enmarca también en acciones como el cierre de las exportaciones de carne, la intervención al Mercado de Hacienda de Liniers, la suba de las retenciones a los granos, y la Resolución 125, para citar sólo algunas de las cuantiosas y agresivas medidas que se tomaron.
La Rural es un espacio donde se sella la alianza imborrable entre los ciudadanos de Buenos Aires y los hombres y las mujeres del campo argentino. Es parte del patrimonio cultural de los argentinos, un lugar abierto al público y una ventana de progreso de la Nación.
La medida anunciada por el poder ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto
La compra del predio fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente, y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado. La venta directa estuvo encuadrada en las disposiciones aplicables a propiedades históricamente ocupadas y utilizadas por instituciones existentes. La venta incluía obligaciones y restricciones significativas. La Sociedad Rural Argentina se comprometió legalmente a construir modernas y avanzadas instalaciones para ferias internacionales, las que están hoy a la vista. Ellas requirieron cuantiosas inversiones que superaron los 100 millones de dólares. Además, se obligó a conservar y a rehabilitar los pabellones históricos y a ceder una parte de la recaudación al gobierno nacional, que fue siempre cumplida. El precio de venta fue el correcto y se determinó bajo todas estas circunstancias.
El 80 % del precio ya fue pagado. El saldo remanente por el pago del predio fue informada por el jefe de Gabinete con cifras absolutamente inexactas. La Sociedad Rural Argentina no ha transgredido ninguna Ley y ha sostenido y crecido su actividad en el Predio en cantidad y calidad en beneficio del campo argentino, la ciudad y el país.
El decreto 2552/2012 constituye una aberración jurídica que deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación.
La Argentina está viviendo momentos en los que se intenta acallar aquellas voces que piensan diferente. Se utiliza para esto organismos estatales con el objetivo de amedrentar a periodistas, jueces y dirigentes sociales, gremiales y políticos.
Esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular. Esto se enmarca también en acciones como el cierre de las exportaciones de carne, la intervención al Mercado de Hacienda de Liniers, la suba de las retenciones a los granos, y la Resolución 125, para citar sólo algunas de las cuantiosas y agresivas medidas que se tomaron.
La Rural es un espacio donde se sella la alianza imborrable entre los ciudadanos de Buenos Aires y los hombres y las mujeres del campo argentino. Es parte del patrimonio cultural de los argentinos, un lugar abierto al público y una ventana de progreso de la Nación.
20/12/2012
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Son unos caraduras reaccionarios. Portadores de todas las miserias argentinas, los peores defectos, la viveza criolla, la crueldad y el escarnio, crecieron al amparo de su cinismo irrefrenable. Son los responsables del atraso y el estancamiento de una nación que tenía otro destino pero padeció la rapiña y los negociados de una clase oligárquica mediocre y mezquina.
Es increíble. Dicen «El 80 % del precio ya fue pagado». Quiere decir que desde 1991, hace 21 años, que le deben todavía al Estado nacional el 20% de lo pactado con Menem, que ya de por sí era una cifra irrisoria. Esa transacción es imposible, así que si la justicia existe, y la hacemos valer, YA NO HABRÁ OLOR A BOSTA EN PALERMO.
¡Quiero que me vendan el Obelisco a pagar en 150 años!
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2 comentarios:
"Debemos aclarar a la Sociedad Rural que la nulidad de la venta del predio de Palermo no es una venganza por la 125, ni por el 2001, ni por condicionar la democracia, ni por los 30000 desaparecidos, ni por los aplausos a Videla, ni por Martinez de Hoz, ni por Krieger Vasena, ni por Ongania, ni por los fusilamientos del 56, ni por los 18 años de proscripción, ni por los bombardeos y el golpe del 55, ni por el abrazo con Braden, ni por el fraude patriótico, ni por el pacto Roca - Runciman, ni por el golpe a Yrigoyen, ni por los fusilados en la Patagonia, ni por el genocidio indígena y el reparto de tierras y esclavos ... El único motivo es el CORRUPTO acto de apropiación de los bienes públicos con el delincuente de Cavallo."
Que se vayan a cagar cien veces.
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