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sábado, 17 de septiembre de 2011

CAVALLO y los 17.000 MILLONES











Hace rato que esperábamos esta noticia: que se investigue a Domingo Felipe CAVALLO y otros civiles que fungieron como articuladores de la más grande estafa conómico financiera de la historia argentina.

El fiscal Federico Delgado, presentó un dictamen que fue aceptado por el juez federal Martínez de Giorgi, para investigar el proceso de estatización de la deuda, que sobrevino a la guerra de las Islas Malvinas y el tramo final de la dictadura genocida, cuando hubo funcionarios que subordinaron el interés público, al que debían defender, a los privados, que debían controlar.

    “Las empresas del sector privado se beneficiaron progresivamente con los regímenes de seguros de cambio instaurados por el Banco Central de la República Argentina y que derivaron en la puesta en marcha de la estatización de la deuda externa privada mediante la comunicación A 251 del Banco Central del mes de septiembre de 1982”.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Delgado, quien en su dictamen recordó que la estatización se dispuso en septiembre de 1982, y significó, aproximadamente, el monto equivalente a 17.000 millones de dólares del total de 43.000 millones de dólares que totalizaba la deuda externa declarada en 1983.


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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi remitió un oficio a la Procuración General del Tesoro, a cargo de Angelina Abbona, para que se pronuncie sobre si es pertinente el inicio de las acciones de reparación contra quienes decidieron y ejecutaron la estatización de la deuda externa privada.

¿Por qué el juez Martínez de Giorgi dio intervención a la PGT?

    1. Porque "La Procuración del Tesoro es la asesoría jurídica de más alto rango de la Presidenta de la Nación y de los funcionarios de la Administración Pública Nacional. Como tal, asesora a la presidenta y a dichos funcionarios por medio de dictámenes, representa al Estado Nacional en juicio dadas ciertas condiciones, como también en procesos arbitrales de carácter internacional, audita y registra los juicios en los que el Estado Nacional es parte, instruye sumarios a los funcionarios de las dos más altas categorías de la Administración que tengan funciones ejecutivas y capacita a los abogados del Estado y a los aspirantes a serlo".

    2. Para que la Procuración evalúe “si los hechos justifican el inicio de las acciones de reparación contra los funcionarios públicos que implementaron estas políticas públicas y las empresas que se beneficiaron a costa de ellas”, entre ellos Domingo Cavallo y su sucesor Julio González del Solar.

    3. Porque hay una posibilidad de prescripción de la acción penal.


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La estatización de la deuda externa privada argentina se produjo en 1982, cuando la dictadura cívico militar agonizaba. En ese entonces, el presidente del Banco Central, y las autoridades económicas del régimen, decidieron transferir a las arcas públicas unos 17 mil millones de dólares de pasivos de empresas privadas, contraídos de manera presuntamente espuria.

La remisión a la Procuración del Tesoro apunta a que “eventualmente promueva las acciones por daños y perjuicios correspondientes”. En otras palabras: que quienes permitieron que la deuda trepara exponencialmente a unos 43 mil millones de dólares en 1982 respondan con sus patrimonios por esa enorme deuda que dejaron a las generaciones futuras de argentinos.

El juez federal Martínez de Giorgi ─quien continúa una causa en la que su antecesor, el hoy camarista Jorge Ballestero, desnudó la ilegitimidad de la deuda─ aceptó el pedido del fiscal Delgado, y envió a la procuradora Angelina Abbona los antecedentes del caso, para que “evalúe si los hechos justifican el inicio de acciones de reparación en representación del Estado Nacional por daños y perjuicios contra las empresas involucradas y funcionarios públicos que implementaron las políticas en cuestión”.


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El dictamen del fiscal Federico Delgado analiza la vergonzante historia económica argentina entre 1976 y 1983. Parte de la base de que no será fácil recuperar el dinero, ni que paguen por lo que hicieron los responsables de esa transferencia de deuda que aún sigue impactando en la vida de cada argentino: “Es que la investigación contiene una significancia y un simbolismo que trascienden los intereses particulares a los que estamos acostumbrados a tratar en el ámbito penal”, explicó.

El dictamen investiga que “en septiembre de 1982 se puso en marcha la estatización de la deuda privada mediante la comunicación A 251 del Banco Central de la República Argentina transformando 17.000 millones de dólares en deuda pública”.

El trabajo detectó 8.562 deudores que licuaron sus pasivos en los bolsillos del Estado, en tres segmentos, según el monto de la deuda...

    1. El primer grupo comprende 19 compañías y representa el 37 % del total, unos 6400 millones de dólares;

    2. El segundo grupo abarca 495 empresas, con endeudamiento por 7500 millones, el 43% del total;

    3. El tercer grupo implica 8.048 compañías con un monto de deuda por 3.250 millones de dólares.


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Según el fiscal Federico Delgado “Las empresas privadas se endeudaron sabiendo que el Estado argentino saldría a respaldarlas y se haría cargo, de alguna manera, de los millonarios montos de sus deudas. Y así se hizo mediante la estatización de la deuda privada”.

El dictamen detectó 5 modalidades de endeudamiento fraudulento, mediante ingeniería financiera:

    1. “El Estado y la empresa compartieron el total de la deuda”;

    2. “Autopréstamos”, mediante los cuales las empresas “para obtener o renovar un préstamo en el exterior debían realizar un depósito a plazo fijo en el mismo banco acreedor” y esa deuda luego le quedaba al Estado;

    3. “Préstamos relacionados a proyectos de inversión no efectuados, también garantizados por los seguros de cambio”;

    4. “Aportes de capital disfrazados como préstamos financieros garantizados por los seguros de cambio” (modalidad que escogieron las petroleras)

    5. “Sobrefacturación y abultamiento de deuda”.


“A criterio de la fiscalía, los hechos que conforman la plataforma fáctica darían origen a esta acción (de reparación), por cuanto causaron y siguen causando daño”.


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Daniel Mancuso

1 comentario:

marcelo ricardo moreno dijo...

¿Clarín con cuánto se anotó en la estatización de la deuda?

aguantan

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