La Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad rechazar un recurso de queja presentado por los socios privados de Papel Prensa y dejó firme, hasta que se resuelva el problema de fondo, la resolución de la Secretaría de Comercio que exige que la empresa le venda insumos al mismo precio a todos los medios gráficos (y no, como ocurrió durante años, cuando los accionistas privados compraban a precio preferencial).
El máximo tribunal se limitó a aplicar su “reiterada doctrina según la cual, en principio, la Corte sólo interviene en causas en las que exista sentencia definitiva, es decir aquellas que ponen fin al pleito o impiden su ulterior reparación”, informaron fuentes judiciales.
Las condiciones y precios de venta del papel producido por la empresa mixta es uno de los debates que generan más choques hacia el interior de la firma. Por un lado, los representantes públicos insisten en aplicar la decisión de garantizar el acceso de forma igualitaria a todos los medios gráficos.
Del otro lado, los socios mayoritaros de la empresa, Clarín y La Nación, sostienen que el diario de Ernestina Herrera de Noble tiene beneficios por ser el cliente que más compra.
Guillermo Moreno firmó el 6 de enero del año pasado la Resolución 1/2010, que establece que “para determinar el precio igualitario deberá tomarse como base aquel precio que hubiera pagado en las operaciones habituales de compraventa el principal cliente de la vendedora”. La orden fue apelada por la empresa pero, luego de idas y vueltas, hoy está vigente. Clarín y La Nación intentaron que intervenga la Corte Suprema, pero ayer los jueces cerraron esa posibilidad.
1
La presidenta Cristina Fernández defendió en numerosas ocasiones la resolución de Moreno. Y en agosto del año pasado envió al Congreso un proyecto de ley que todavía no fue tratado en el recinto. De hecho, la misma presidenta se manifestó en varias ocasiones al respecto, pero la iniciativa no pudo llegar al recinto y aguarda ser tratada en la Comisión de Comercio que preside la kirchnerista Juliana Di Tullio.
De ser aprobada la norma, declararía de interés público la producción, comercialización y distribución del insumo básico para los diarios. Y crearía una Comisión Bicameral permanente y un Consejo Consultivo Federal, integrado por las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país, para evaluar y diagramar un nuevo marco regulatorio. “Los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín y La Nación) producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del mercado interno”, dice el proyecto. Y denuncia un sobrecosto del 40% en las ventas para los pequeños diarios del interior del país.
2
Hace un año, se hizo la presentación oficial del informe Papel Prensa la verdad. El gobierno nacional denunció ante la justicia las irregularidades detectadas en la compra de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura militar. Lo hizo a través del Decreto 1210 publicado en el Boletín Oficial.
La presidenta Cristina Fernández instruyó formalmente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que ambos realicen las presentaciones ante la justicia.
Junto a ese mandato instaló la denuncia de apropiación ilegal de Papel Prensa en el Congreso con el envío de un Proyecto de Ley para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel de diario.
Boletin Oficial 31-08-10 - Primera Seccion
El máximo tribunal se limitó a aplicar su “reiterada doctrina según la cual, en principio, la Corte sólo interviene en causas en las que exista sentencia definitiva, es decir aquellas que ponen fin al pleito o impiden su ulterior reparación”, informaron fuentes judiciales.
Las condiciones y precios de venta del papel producido por la empresa mixta es uno de los debates que generan más choques hacia el interior de la firma. Por un lado, los representantes públicos insisten en aplicar la decisión de garantizar el acceso de forma igualitaria a todos los medios gráficos.
Del otro lado, los socios mayoritaros de la empresa, Clarín y La Nación, sostienen que el diario de Ernestina Herrera de Noble tiene beneficios por ser el cliente que más compra.
Guillermo Moreno firmó el 6 de enero del año pasado la Resolución 1/2010, que establece que “para determinar el precio igualitario deberá tomarse como base aquel precio que hubiera pagado en las operaciones habituales de compraventa el principal cliente de la vendedora”. La orden fue apelada por la empresa pero, luego de idas y vueltas, hoy está vigente. Clarín y La Nación intentaron que intervenga la Corte Suprema, pero ayer los jueces cerraron esa posibilidad.
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La presidenta Cristina Fernández defendió en numerosas ocasiones la resolución de Moreno. Y en agosto del año pasado envió al Congreso un proyecto de ley que todavía no fue tratado en el recinto. De hecho, la misma presidenta se manifestó en varias ocasiones al respecto, pero la iniciativa no pudo llegar al recinto y aguarda ser tratada en la Comisión de Comercio que preside la kirchnerista Juliana Di Tullio.
De ser aprobada la norma, declararía de interés público la producción, comercialización y distribución del insumo básico para los diarios. Y crearía una Comisión Bicameral permanente y un Consejo Consultivo Federal, integrado por las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país, para evaluar y diagramar un nuevo marco regulatorio. “Los accionistas privados de Papel Prensa (Clarín y La Nación) producen para su propio abastecimiento y no para la sostenida demanda del mercado interno”, dice el proyecto. Y denuncia un sobrecosto del 40% en las ventas para los pequeños diarios del interior del país.
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Hace un año, se hizo la presentación oficial del informe Papel Prensa la verdad. El gobierno nacional denunció ante la justicia las irregularidades detectadas en la compra de acciones de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura militar. Lo hizo a través del Decreto 1210 publicado en el Boletín Oficial.
La presidenta Cristina Fernández instruyó formalmente al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha; y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, para que ambos realicen las presentaciones ante la justicia.
Junto a ese mandato instaló la denuncia de apropiación ilegal de Papel Prensa en el Congreso con el envío de un Proyecto de Ley para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel de diario.
Boletin Oficial 31-08-10 - Primera Seccion
Daniel Mancuso
1 comentario:
Le pegaron tanto a Zaffaroni pero no lograron su objetivo. PAPEL PARA TODOS. =)
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