¿Quién es el Juez Federal Conrado Bergesio? ¿Por qué pidió el juicio político de su colega Roberto Marquevich? ¿Por qué negó a Abuelas de Plaza de Mayo el derecho a controlar el peritaje genético a los jóvenes adoptados por Ernestina Herrera de Noble? ¿Por qué no ordenó los análisis comparativos de ADN a los hijos adoptivos de la señora de Noble, demostrando una y otra vez su falta de voluntad para hacer avanzar la causa, demorando los pasos procesales de una manera llamativamente funcional a la estrategia de la defensa de la señora Clarín?
De acuerdo con información suministrada por organismos de derechos humanos, la sanción en el Senado de la ley que autoriza la recolección de ADN por métodos no invasivos impactará positivamente –a corto o mediano plazo– en el desarrollo de alrededor de 60 procesos relacionados con la restitución de la identidad a hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura.
Mientras tanto, el viernes próximo, el genocida Jorge Rafael Videla deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Conrado Bergesio, en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación de dos hijos de desaparecidos por parte de la directora del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Ahora, la indagatoria a Videla será el primer paso procesal en casi dos meses, después del infructuoso careo realizado a principios de octubre entre el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y el periodista José Ignacio López, autor de El hombre de Clarín, una biografía autorizada del propio Magnetto, para esclarecer la posible participación de este último en la adopción de los niños –hoy jóvenes adultos– inscriptos irregularmente como Marcela y Felipe Noble Herrera.
La citación al dictador se debe al testimonio del ex dueño de La Razón, José Pirillo, quien declaró que Héctor Magnetto le relató que, en 1976, él mismo le había conseguido los dos niños a Ernestina Herrera de Noble por intermedio de Videla. Por esta razón, en el proceso también está previsto realizar un careo entre el hombre fuerte de Clarín y Pirillo, aunque todavía no se le ha fijado fecha debido a que el ex propietario de La Razón (diario que hoy pertenece al Grupo Clarín) se encuentra en el exterior.
Todos los casos, un caso: Contra lo que podía hacer suponer la fuerte campaña en contra de los medios más concentrados de la Argentina y las virulentas críticas de algunos dirigentes de la oposición, la ley de ADN fue aprobada en la Cámara alta por una aplastante mayoría de 58 votos contra uno.
A la hora de votar, ningún senador tuvo en cuenta las dos falacias que ensuciaron el debate público:
1) que se trataba de una herramienta compulsiva que afectaba los derechos de las víctimas
2) que era una ley diseñada para atacar al Grupo Clarín, como se cansó de repetir una diputada electa con vocación por las profecías apocalípticas.
Sí es cierto que, al brindar una nueva herramienta para devolver la identidad a todos los hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura, la ley golpea bajo la línea de flotación la estrategia de los defensores de Ernestina Herrera de Noble, que se oponen a que el material genético de los niños inscriptos irregularmente como Felipe y Marcela sea comparado en el Banco Nacional de Datos Genéticos con el de 30 grupos de familiares de víctimas del terrorismo de Estado entre los que podrían encontrarse sus familias biológicas.
Los abogados de la directora de Clarín se oponen a brindar muestras de sangre de Felipe y Marcela para compararlas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pretenden, en cambio, realizar análisis comparativos de ADN en un centro privado, limitándolos a sólo dos familias (Lanoscou-Miranda y García-Gualdero) con las que están casi seguros de que los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble no tienen ningún parentesco. Entonces, con los resultados negativos de esos únicos dos casos en la mano, intentarían cerrar la causa.
La ley desbarata esta estrategia y obliga al juez a ordenar la obtención de manera no invasiva (extrayéndolo de peines, cepillos de dientes o ropas) de material genético de los dos jóvenes, para compararlo con 12 grupos familiares en el caso de Marcela y con otros 18 en el caso de Felipe.
Una medida solicitada desde hace años por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Sin embargo, la aplicación de la ley podría demorarse. “El procedimiento debería realizarse cuanto antes, pero el juez Conrado Bergesio ha mostrado una y otra vez su falta de voluntad para hacer avanzar la causa, demorando los pasos procesales de una manera llamativamente funcional a la estrategia de la defensa. No nos extrañaría que ahora tomara alguna otra medida dilatoria, incluso que llegara a declarar la inconstitucionalidad de la ley”, dijeron, preocupados, cerca de la querella.
La desconfianza no carece de fundamentos. El juez Conrado Bergesio se hizo cargo de la causa luego de que el anterior juez, Roberto Marquevich –que había ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble por los delitos de “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento falso” durante la inscripción de los dos niños como sus hijos–, fuera suspendido por el Consejo de la Magistratura. Desde entonces, el proceso avanzó poco y nada.
En la práctica, el juez Conrado Bergesio contaba con herramientas para ordenar los análisis comparativos de ADN aún antes de que se aprobara la ley. Es una medida que otros magistrados ya han ordenado en nueve casos de hijos de desaparecidos. El más notorio fue el de Evelyn Vázquez, una niña apropiada que se negaba a someterse al examen de ADN para proteger a sus apropiadores. En octubre de 2003, la Corte Suprema de Justicia –con su anterior composición– se pronunció en contra de la extracción obligatoria de sangre para realizar los análisis comparativos. El tribunal fundó su resolución en el “derecho a la intimidad” de la joven. La medida fue apelada por Abuelas de Plaza de Mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En 2007, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid ordenó la obtención de material genético mediante el allanamiento del domicilio de la joven y su comparación permitió descubrir que era hija de Rubén Bauer y Susana Pegoraro, y que había sido apropiada ilegalmente por el marino Policarpo Vázquez y su mujer.
El caso más reciente data de hace apenas dos meses, cuando la Corte Suprema ordenó la recolección, mediante un allanamiento de domicilio, de material biológico para realizar pruebas de histocompatibilidad de los jóvenes inscriptos como Emiliano y Guillermo Prieto, también hijos de desaparecidos. “Con estos antecedentes, Bergesio debería haber tomado la medida hace tiempo, sin embargo no hizo absolutamente nada”, señalaron fuentes cercanas a la querella.
Una ley contra la trampa. Posiciones como la del juez de la causa Noble son, por sí mismas, prueba de la necesidad de la ley de ADN para esclarecer los casos de apropiación de hijos de desaparecidos, devolver su identidad a las víctimas y castigar a los culpables.
“La sanción de la ley, además de ser el resultado de un compromiso del Estado argentino con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, destaca la existencia de un problema: los jueces ya tenían las armas para disponer los estudios de ADN, pero en muchos casos no lo hacían, lo que pone de manifiesto que algunos miembros del Poder Judicial no eran receptivos al criterio de restitución de los nietos a sus familias biológicas”, dijo Rodolfo Yanzón, abogado de la Asociación Liga de los Derechos del Hombre.“Creemos que el impacto será muy bueno, porque va a unificar el criterio de los jueces y otorgará más previsibilidad a las resoluciones. Permitirá optimizar los tiempos judiciales y avanzar más rápidamente en las causas”, coincidió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
audio de Alan Iud en Radio Nacional
Para lograr una mejor aplicación de la norma, el Ministerio de Justicia de la Nación está capacitando a un grupo de integrantes de las fuerzas de seguridad para participar en los allanamientos. Además, las Abuelas de Plaza de Mayo le han pedido al ministerio público que los fiscales participen de los procedimientos. “Hasta ahora, en algunos participaban jueces, secretarios o funcionarios del Banco de Datos Genéticos. Pedimos que, por lo menos en los casos donde ninguno de éstos participe, lo hagan los fiscales. De ese modo la medida será más eficaz e incuestionable”, dijo Alan Iud.
Mientras se esperan los resultados de la declaración indagatoria del genocida Videla en la causa de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, la ley contra la que el multimedio más poderoso de la Argentina desató una de sus campañas más feroces y persistentes ya es un hecho. Los resultados de su aplicación –la restitución de su verdadera identidad a decenas de hijos de desaparecidos y el castigo de los responsables– serán la prueba de su enorme dimensión histórica.
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BERGESIO PIDIO JUICIO POLITICO PARA MARQUEVICH
Por mantener preso a Videla
EX JUEZ ROBERTO MARQUEVICH
El juicio político de Marquevich había sido solicitado por el fiscal ante la Cámara Federal de San Martín, Pablo Quiroga, y la investigación fue asumida por el juez Conrado Bergesio. Quiroga había denunciado la posible existencia del delito de prevaricato –dictar una resolución contraria a la ley– cuando Marquevich le había denegado al dictador Jorge Rafael Videla la posibilidad de cumplir en su casa el arresto por la prisión preventiva que le había dictado al considerarlo presuntamente responsable de cinco casos de sustracción de menores. En aquella ocasión el juez había sostenido que el beneficio previsto para las personas mayores de 70 años sólo puede ser aplicado a los condenados y no a los procesados, como es el caso de Videla.
La sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó aquella medida y Videla pudo ser trasladado a su domicilio. El juez Conrado Bergesio tiene un “grado de sospecha” suficiente como para citar a declaración indagatoria a Marquevich, para lo cual pidió su juicio político, única vía que le quitaría los fueros de los que goza por su condición de magistrado. Contrariamente a la interpretación de Marquevich, Bergesio considera que “el artículo 11 de la ley en cuestión dispone que es aplicable a los procesados”.
JUEZ FEDERAL CONRADO BERGESIOTal como lo sostuvo el fiscal Quiroga en su presentación, Bergesio destacó que en esta misma causa Marquevich le concedió el arresto domiciliario a María del Carmen Eduartes. Un colaborador muy cercano al juez acusado argumentó ante Página/12 que “lo hizo en esa oportunidad como un acto humanitario porque Eduartes es cuadripléjica, mientras que Videla está sanísimo”. “Esto tiene como única intencionalidad hacer ruido, porque es imposible que prospere el juicio político por esa cuestión”, aseguró la fuente, al tiempo que vinculó a Bergesio con el grupo de magistrados que integró el tribunal que juzgaba a presuntos subversivos durante la dictadura.
Roberto Marquevich y Conrado Bergesio son los dos jueces federales del departamento de San Isidro que ya se han enfrentado en el pasado. El segundo investigaba las agresiones sufridas por el fiscal Pablo Lanusse en la causa sobre la “mafia del oro”, y recibió pruebas aportadas por Domingo Cavallo que podrían llegar a vincular el hecho con los ataques atribuidos al empresario Alfredo Yabrán. Este se presentó ante Marquevich con su abogado Pablo Argibay Molina, logró apartar de la causa a Bergesio y que su colega anulara todas las pruebas aportadas por Cavallo. Esta medida fue rectificada posteriormente por la Cámara Federal de San Martín.
El Juez Conrado Bergesio negó a Abuelas de Plaza de Mayo el derecho a controlar el peritaje genético a los jóvenes adoptados por Ernestina Herrera de Noble... Repudiable decisión del Juez Bergesio
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