martes, 17 de marzo de 2009

LA LEY de MEDIOS, CLARIN y DESPUES




El gran diario argentino tiene miedo de perder sus privilegios. Su directora, desde 1969, es Ernestina Herrera de Noble. La mujer está acusada de tener 2 hijos adoptivos ilegalmente, los dos hijos que adoptó, Felipe y Marcela, son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

« En una dura resolución, que es casi una virtual condena, la Sociedad Interamericana de prensa (SIP) exhortó al Gobierno de Cristina Fernández "y a los referentes del partido oficialista de la Argentina" a que revisen sus conductas y "a cesar en esta escalada de hostigamiento a la prensa y a ratificar de este modo su compromiso con la plena vigencia de la libertad de expresión en el país" ».

Pero aclaremos: ¿Qué es la SIP? La Sociedad Interamericana de Prensa no tiene periodistas asociados, ni representa a periodistas. Es una corporación de empresas periodísticas del continente que lleva adelante la política comunicacional que determina el gran país del norte. Durante los últimos años sostuvo y difundió las políticas Neoliberales de los gobiernos títeres del FMI. Ahora la organización se opone a los gobiernos populares del continente. A la SIP la banca el departamento de defensa del gobierno norteamericano. La SIP lleva adelante las políticas que los yanquis diseñan para latinoamérica. No parece muy democrático, ¿No?

El gran diario argentino (al igual que Lilita Carrió haciendo denuncias falsas en New York) apela a la SIP, para reclamar "justicia" y que no le saquen sus privilegios empresariales. Porque de esto se trata: poder y dinero, monopolio y multimedio.

Cuando Eduardo Duhalde les pesificó la deuda, el grupo Clarín pasó a deber 3 veces menos: de 1500 millones de dólares a 1500 millones de pesos. Bien Clarín, ahí te gustó el gobierno, cuando hacías negocios a expensas del Estado y el pueblo argentinos.

La directora de Clarín, es una mujer hecha y derecha, ejemplo de legalidad y candor. El 17 de diciembre de 2002, Ernestina fue detenida por los delitos de supresión de estado civil, retención y ocultamiento de menores y falsificación de documento público, a través de una orden dictada por el entonces juez federal Roberto Marquevich, en base a una denuncia realizada por la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo.

La gran presión del Grupo Clarín hizo que el juez fuera inmediatamente destituído y que la empresaria quedara en libertad. Sin embargo, en la investigación se acreditaron numerosas irregularidades en la adopción de los niños. La causa penal prosigue, pero aún Felipe y Marcela no se analizaron en el Banco Nacional de Datos Genéticos, por lo cual sigue abierta la hipótesis de que sean hijos de desaparecidos.

El diario de Ernestina publica que: « La crítica resolución conocida ayer en Asunción, donde sesionó la Reunión de Medio Tiempo de la SIP, se refirió también a "iniciativas planteadas con espíritu de confrontación", en referencia a los eventuales cambios previstos en una nueva Ley de Radiodifusión ».


El fuerte lenguaje usado por la SIP en la redacción del capítulo referido a la Argentina refleja la puja que los grupos concentrados de información mantuvieron y mantienen con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Dichas corporaciones estaban acostumbradas a la libertad de mercado ofrecida desde los gobiernos cooptados por las finanzas internacionales y los organismos de crédito (FMI, Banco Mundial). La SIP, no defiende la libertad de expresión, defiende la libertad de empresa. Un Estado presente y con poder soberano es una molestia para los operadores de conciencias masificadas.

« La resolución de la SIP afirma en sus considerandos que la libertad de prensa en el país se ve "amenazada de modo creciente por el poder político, a través de hechos de intimidación y agresión dirigidos contra periodistas y medios de comunicación" ».

Sin embargo, nunca hubo más libertad de prensa que hoy día en la Argentina. Los medios de comunicación están en guerra con el gobierno nacional y descargan toda la artillería informativa a favor de un sector agroexportador poderoso que no quiere pagar retenciones sobre las exportaciones de granos que cobran en dólares y euros. La utilización de esos ingresos fiscales es parte de la política redistributiva del gobierno que los agromediáticos no van a tolerar. Los empresarios agrarios y los medios fogonean permanentemente a la población con mentiras y falacias, repiten y repiten consignas y frases hechas, cortas, contundentes y demonizadoras. Se ha llegado a caracterizar y comparar al gobierno con regímenes totalitarios (Hitler, Stalin). Los periodistas subordinados a las empresas periodísticas vendieron sus conciencias por 30 denarios y ametrallan con basura ideológica las mentes argentinas.

A la violencia verbal, los medios le sumaron en los últimos meses "ataques alimentados o tolerados por las autoridades de los organizaciones empresariales agrarias, y los partidos políticos de la oposición", entre los que se destacan el bloqueo de las rutas y la dificultad en la distribución de los alimentos a las principales ciudades.

Estas iniciativas parecen esgrimirse como mecanismos de presión que buscan intimidar y condicionar la tarea gubernamental, en lugar de promover "un debate abierto y transparente". La SIP es un organismo cómplice que combate a los gobiernos latinoamericanos que se oponen al Neoliberalismo, que llevó al mundo a la catástrofe actual.

La SIP recuerda que las empresas periodísticas seguirán, como en años anteriores, con esas desviaciones, pero que en lugar de corregirse, "se seguirán profundizando acciones distorsivas sobre el mercado de los medios, tales como la arbitrariedad en la asignación de importancia informativa, la cooptación indirecta de medios privados a través de empresas afines al poder financiero, o la manipulación informativa de noticias e imágenes que ya se observa en los medios masivos".

Agarrate catalina ...

Daniel Mancuso










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