Hay un problema de fondo que necesita solución urgente. Cada día mueren niños por causas evitables. La sociedad en su conjunto está implicada en esto. Eduardo Pavlovsky, Florencia Arietto, Sandra Russo, Eduardo Aliverti, intentan develar los pormenores de un secreto a voces: esta sociedad injusta genera el hambre, el abandono, la delincuencia, y la connivencia con esa delincuencia que pone en vilo a los millones de argentinos que poblamos esta tierra. Sólo que algunos son cómplices de la tragedia y se rasgan las vestiduras pidiendo mano dura. La lógica del poder es cruel y despiadada. la hipocrecía también.
>1< El psicoanalista y director de teatro Eduardo Pavlovsky advierte que el hambre y la desnutrición infantil son violaciones a los derechos humanos equiparables a las atrocidades de la dictadura. Y que allí está el germen de la formación de la delincuencia infantil y sus consecuencias actuales.
Existía una cultura de la complicidad civil durante la dictadura. Hoy también existe una cultura de la complicidad civil en relación con el problema del hambre y la desnutrición infantil en la democracia. Es un abordaje social cultural. Como dice Giardinelli en Página 12: "Nuestro presente sociocultural configurado por entre 10 y 15 millones de compatriotas carentes de esperanzas, muchos de ellos en estado de animalidad. Eso no se debe a un cataclismo ni es un flagelo natural, sino que es resultado de políticas que aquí se aplicaron y es urgente revertir, pero en serio y definitivamente, lo que implica exigir a las autoridades urgentes medidas reparadoras".
El intendente Gustavo Posse dijo que el crimen del ingeniero Barrenechea está relacionado con el retiro de efectivos de Gendarmería en la villa La Cava. Alguien le contestó: "El triste suceso está relacionado con la ausencia de educación, de salud, de trabajo, de buena alimentación, de los derechos fundamentales del hombre: ausencia de igualdad, ausencia de oportunidades, ausencia de políticas que tiendan a preservar la dignidad humana, en ese asentamiento y en otros muchos puntos de la República".
Dicen que los pibes de La Matanza son reclutados por organizaciones para cometer robos en otros puntos suburbanos. Los pibes se "entrenan" porque el reclutador les paga 500 pesos por cometer asaltos, robos o asesinatos que sufren todos los días principalmente las casas de la zona norte. Dicen que los preparan drogándolos antes de llevarlos al lugar indicado.
La lógica de un pibe de La Matanza no es la lógica de un pibe de Capital o San Isidro. Son dos o tres generaciones donde los valores se han transformado en la cultura villera sobre el hacinamiento, la promiscuidad, la falta de higiene, agua potable y de la carencia de recursos humanos para vivir con dignidad. La desigualdad social hoy es más amplia que nunca y también influye en este tipo de producción de subjetividades.
En la provincia de Buenos Aires, entre los 15 y los 20 años los jóvenes piensan que dentro de cinco años van a estar muertos o excluidos (encuesta del Ministerio de Desarrollo Social). No pueden pensar ni imaginar el futuro. Y no poder imaginar un futuro o un proyecto los convierte en un ser de otra cultura, formada por otros valores, por otros ideales, además de ser jóvenes que han convivido con tres generaciones sin trabajo.
Había que ver el desconcierto de Chiche Gelblung con dos jóvenes de La Cava que llevó a su audición televisiva. Chiche le preguntó a uno de ellos por una camisa Nike que llevaba puesta. El joven le contestó: "¿No te gusta que la tenga yo, no?". Y agregó: "Esta ropa es sólo para tipos como vos, cuánto ganás aquí, decímelo, vos debés tener mucha guita y te podés comprar muchas cosas". Y se inició un diálogo imposible, suscitado por el joven adolescente de La Cava y un Chiche desconcertado y desconocido que parecía someterse a un interrogatorio. Nunca lo vi tan incómodo en una entrevista, porque evidentemente es un periodista muy inteligente, pero acá se enfrentaban dos culturas diferentes.
Miles de familias están volviendo a los comedores comunitarios. En la red de banco de alimentos la demanda es un 15 por ciento mayor que en el 2007. En el partido de La Matanza la suma de las camas públicas de los hospitales es de 0,4 cada 1000 matanceros, una proporción bajísima. La Organización Mundial de la Salud establece una relación que debe ser 6,3 cada 1000 habitantes.
Es imposible no condenar los crímenes, los robos a que son sometidas las víctimas de la delincuencia y que abarcan las tres clases sociales, familias destruidas, otras que viven en permanente estado de miedo y temor. Nos identificamos con su miedo y su dolor. No podría ser de otra manera. Pero no es disminuyendo la edad de la imputabilidad de los menores de 14 años; como solución final, esto es ingenuo.
Tenemos que recordar que los derechos humanos no pueden quedar sólo asociados en la subjetividad popular al problema de la dictadura y los desaparecidos.
No debe valer más la vida de un desaparecido que la de un niño que muere de hambre, ni de los 27 que mueren por día por causas evitables. La indignación debiera ser la misma, la del joven desaparecido por el crimen de la dictadura y la del niño que muere de hambre en nuestro país.
Los derechos humanos deben ser el desarrollo de los recursos humanos para toda la población argentina. El combate al subdesarrollo de los recursos humanos (alimentación, salud, educación a todos los niños) debe ser prioridad y urgencia para prevenir futuros conflictos sociales. Empezar de abajo asegurándole a la niñez la estabilidad de poder vivir sus propios derechos constitucionales y de poder pensar en un posible futuro con dignidad. Es sólo poder pensar. El que no come no piensa y su arma es la inmediatez.
No existen estructuras de demora, como habría dicho el doctor Fernando Ulloa. El hambre es un crimen en nuestro país, un crimen diario que potencia la delincuencia y el crimen organizado. Los ataques a las organizaciones como Pelota de Trapo –a través del rapto de uno de sus chicos, subiéndolos a coches donde son paseados amenazándolos por pertenecer a una organización que se ocupa del hambre y de la indigencia– son un buen ejemplo de la complicidad civil de un gran sector de la población argentina que se niega a identificarse con el otro sector argentino de la población que padece hambre e indigencia.
La falta de respuesta frente al hambre es el germen de la complicidad civil. Es de "mal gusto hablar de la desnutrición infantil". El hambre no es problema para un gran sector de la población. El que come tiene alimentación, educación y salud, sólo puede tener temor a ser saqueado, asesinado por la "animalidad" descripta por Giardinelli.
Desconocemos la subcultura de las zonas más carecientes, su lenguaje, sus valores, sus creencias y sus desesperanzas. Se nace allí en la villa y allí se forman sus valores, sus ideales, nada tienen que ver con los nuestros, que hemos podido alimentarnos, trabajar y estudiar. El programa de Chiche y los dos villeros de La Cava es la visualización práctica de las dos culturas enfrentadas.
El joven villero que sale a robar o matar por dinero, o por el dinero que le ofrecen, sólo siente que ése es su trabajo, no existen en esa subcultura nuestras categorías del bien y del mal, en esos chicos de 13, 14 o 15 años sin ninguna esperanza futura posible para una vida mejor.
Como dice la carta de Posse cuando afirma que el crimen del ingeniero Barrenechea estuvo relacionado con la ausencia de efectivos de Gendarmería en la villa, "en tanto no se solucione la ausencia del Estado en la villa, seguirán presentes la inseguridad, la desigualdad, la injusticia, el hambre, la mortalidad infantil, la deserción escolar, la pasta base y la prostitución infantil –y agrega–, la respuesta no debe buscarse en el Código Penal sino en la Constitución nacional".
Allí está el germen de la formación de la delincuencia infantil y sus tremendas consecuencias actuales.
Insisto, el bien y el mal tienen distintos valores y códigos. Son los hustler, del ghetto negro de Chicago, que la familia espera ávidamente para recibir dinero que viene de los robos, asesinatos y drogas. La ausencia de una política de Estado frente al retiro de fondos destinados a la ayuda social fue el origen del crimen juvenil. Los chicos de La Matanza y de La Cava son nuestros pequeños hustler.
No nos olvidemos que la pandilla juvenil más sangrienta en Latinoamérica, los maras, fue el origen de una mayor represión a los jóvenes en El Salvador. Hoy los maras han constituido un ejército temible de delincuentes infantiles que existen ya en Latinoamérica.
En la lenta recuperación de una justicia social donde los derechos devuelvan la dignidad a los muchos que la carecen, muchos de ellos ni saben que la carecen. Se ha perdido en esa subcultura de animalidad el derecho a tener derechos.
No más cárceles sino mejores instituciones que se ocupen de la infancia, devolviéndoles los derechos fundamentales de poder vivir y desarrollarse. No deben nacer condenados. La dignidad que fue devuelta a los indígenas de Evo Morales o a los cabecitas negras de Perón sólo consiste en ser personas y no vidas desperdiciadas, vidas no vividas, que merecen ser vividas.
>2< Para dar batalla...
« Mi nombre es Florencia Arietto, y soy una de las abogadas de Brian, el chico de 16 años QUE LA POLICIA ELIGIO PARA SER EL ASESINO DEL INGENIERO.
» A pesar de que el juez Ribeiro procesó a Brian, cosa que hemos visto por los medios pero que aún NO HEMOS SIDO NOTIFICADOS POR EL JUZGADO, no hay pruebas en la causa.
» La campaña mediática del poder es grande, pero la VERDAD ES HIJA DEL TIEMPO NO DE LA AUTORIDAD COMO DECIA KANT.
» Es por eso que pedimos ayuda. Sé por amigos que me lo han dicho, que han tildado de SUBVERSIVOS a los periodistas que nos dieron un espacio para contar nuestra verdad.
» Se comenta que hay una decisión política de mano dura velada, y no importa quién cae, nadie firmará la libertad de Brian aunque la causa se caiga toda. Y en esta batalla, que estamos perdiendo ante el estado policial, y pese que tengo 30 años y no he vivido la etapa de la dictadura en carne propia, me siento como los desaparecidos que, cuando pedían ayuda, les decían ALGO HABRÁS HECHO.
» Brian es villero, y por serlo ALGO HABRÁ HECHO PARA ESTAR PRESO. Necesitaban un asesino, al voleo y sin pruebas pidieron su detención, de hecho un testigo de "identidad" reservada tiró el nombre de él y un alias "el negro", que no es este Brian detenido, y un domicilio, que resultó no ser el domicilio de la casa de Brian, sino de Jonathan el otro detenido, o sea buscaban a un Jonathan con nombre Brian, pidieron la captura de Brian sólo por un testigo que tiró un nombre como tiró muchos más, y cuando vieron que eran del mismo barrio junto con Jonathan, se llevaron a los dos.
» La causa cerraba, pero salieron los maestros (qué linda palabra) a defender a Brian... el pibe que jugaba de 10 en la canchita del Güemes Juniors de Ciudad Evita y quería ser como Riquelme, y porque así lo dispuso la policía se convertía en EL ASESINO.
» Necesitamos que se difunda que están operando fuerte desde la fiscalía y la jefatura de policía para que esto no salga a la luz, necesitamos dar la pelea porque sino tendremos un estado policial encubierto y en vez de avanzar volveremos con otros matices a la época más oscura de nuestro país, porque como todos sabemos, EL MAL ABSOLUTO, toma distintas formas según lo necesite.
» Ayudemos a Brian, no permitamos que lo conviertan en un chacal. Por los miles de Brian.
» "EL TERROR SE BASA EN LA INCOMUNICACIÓN, DIFUNDA ESTA INFORMACIÓN, VUELVA A SENTIR LA SATISFACCIÓN MORAL DE UN ACTO DE LIBERTAD". Rodolfo Walsh. »
Florencia Arietto.
>3< El eje y la esquizofrenia
El eco sordo que dejaron las palabras de la jueza Carmen Argibay para explicar el fallo de la Corte sobre los chicos en conflicto con la ley penal.
La jueza Carmen Argibay habló fuerte la semana pasada. Su explicación sobre el fallo que evitó la libertad de sesenta chicos detenidos en institutos rasgó el telón del Truman Show. Bajo los efectos narcóticos del relato que tejen los medios y las declaraciones públicas de funcionarios del área de seguridad, e incluso bajo los efectos del otro relato, el alternativo, el que aborrece y denuncia las condiciones en las que están detenidos los chicos en conflicto con la ley penal, la medida de la Corte fue un baldazo de agua helada. Y Argibay, lejos de ponerles acondicionador a sus palabras, las erizó: habló de gatillo fácil, esbozó una vida real más allá del telón de la obra que representamos todo el tiempo como comunicadores o multiplicadores de un diagnóstico sobre seguridad.
“Esos chicos están marcados”, dijo.
“Si no vamos a cumplir los pactos internacionales sobre derechos civiles y derechos sociales, ¿para qué los firmamos?”, dijo.
“Si la policía protege a un pibe, el pibe sale a robar y no se hace rico, ¿para quién trabaja?”, dijo.
“El día que el pibe abre la boca, lo matan”, dijo.
Entonces lo que hay aquí es una jueza de la Corte Suprema de Justicia que no les pone acondicionador a sus palabras y que habla de una realidad que por un lado todos conocemos –¿o no? ¿O será que seguimos con el "algo habrán hecho" los pibes pobres? ¿O será que otra vez estamos en el limbo de no saber, de no sospechar, de lo ver lo que pasa acá enfrente?—, y por el otro negamos y encubrimos con vehemencia. “Es muy grave lo que dijo”, decía un analista de la televisión. “O sea que según la jueza hay gatillo fácil en la República Argentina”, decía otro, como si hubiera que anteponerle “república” a ese lugar en el que se tolera esta práctica: que la policía marca a los chicos con antecedentes, que los presiona para que salgan a robar para ella y les libera zonas para que operen, que los protege para que sigan actuando, y que si el chico quiere salirse de ese trato, lo matan.
La jueza Argibay corrió el eje del problema que tanto rédito les da a los grandes medios cuando lo abordan por otro lado. Cuando los crímenes que escandalizan en proporción al nivel socioeconómico de la víctima imponen el tema de la seguridad. Cuando los deudos de cualquier asesinado les regalan a las cámaras su desgarro, y las cámaras beben cada lágrima y ecualizan cada grito de dolor. Y entonces queda constituido un “nosotros” que somos los conductores del programa de televisión, sus espectadores, las víctimas de los asaltos, la policía, toda-la-gente-de-bien-que-quiere–vivir-en-paz y no puede porque están estos pibes, que son los nuevos malones que supimos conseguir.
Lo que está diciendo la jueza Argibay es que ese “nosotros” es falso, y que si lo aceptamos es porque somos esquizofrénicos. Porque está pasando lo que está pasando y no otra cosa, aunque lo diga la televisión. Porque es imposible que esos pibes salgan a la única escena que los espera y sobrevivan.
Y está diciendo que la policía extermina en silencio. Que hay un consentimiento, un equívoco social y discursivo que apaña a la policía, que la deja seguir exterminando en silencio. Tan brutal es lo que pasa, tan inenarrable es lo que se mantiene en silencio, que estamos cerca de hacer válida la pregunta que se hacían los españoles con los indios. Se preguntaban si tenían alma. Se preguntaban de qué orden eran esas criaturas tan distintas. ¿Los pibes pobres tienen alma? Si la respuesta es sí, lo lógico sería que pidamos justicia también para ellos, que hagamos marchas también para ellos, que nos duelan y nos arranquen sus muertes. Actuamos como si la respuesta fuera: no.
Sandra Russo
>4< El balance que faltará
Debe hacerse un esfuerzo bastante grande para encontrar noticias más desconectadas entre sí que el fallo de la Corte contrario a la liberación de menores y el despido de Romina Picolotti. Sin embargo, hay un conector. Simbólico, si se quiere. Pero conector al fin.
La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.
La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia?
Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada.
La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha.
¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.
En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.
Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura.
Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.
La democracia cumple un aniversario de esos redondos. 25. Habrá balances de cualquier tipo y factor, pero téngase la absoluta seguridad de que faltará uno: el de los medios de comunicación respecto de sí mismos.
La sentencia de los supremos provocó el entusiasmo de la derecha, en forma unánime, y la sorpresa unida a disgusto de los sectores progresistas. Aunque, bien mirado (no tanto por el fallo en sí, bien que también, sino a través de las declaraciones periodísticas de algunos de los miembros del tribunal), lo señalado por la Corte es que a los pibes debe dejárselos adentro porque afuera las condiciones sociales son, para ellos, mucho peores que la cárcel. Y nadie se animaría a desmentir que esas condiciones las creó la derecha y no la izquierda, precisamente. Desde ya, poco les importa eso a los núcleos reaccionarios, que se preocupan por las consecuencias de las cosas sólo una vez que las produjeron. Con otra expresión, tal vez algo simplista pero difícil de refutar, se diría que la Corte sentenció por derecha con argumentos de izquierda. Y por allí puede comenzar a observarse un aspecto del fallo sobre el que poco se ha dicho.
La extrañeza generada por el veredicto se origina en que estos jueces –y algunos de ellos muy en particular– tienen imagen y/o antecedentes de garantistas (palabra que en la atmósfera mediática quedó como la de mejor perfil para diferenciarse de los partidarios de la mano dura). ¿Qué pudo haberlos llevado a un fallo de esta naturaleza, que, al margen de sus implicancias políticas, aparece como marcadamente contradictorio? ¿Cómo puede ser que la Justicia deba consistir en dejar a los menores en situación infrahumana para protegerlos de la violencia?
Puede ser, en primer lugar, porque todos los poderes del Estado se lavan las manos respecto del escenario que reproduce el clima de marginación y delito. Estos pibes son intrínsecos al sistema de exclusión, y no hay dónde mandarlos. O los mata el encierro humillante o los mata la calle, bajo el gatillo fácil de la policía o de algún Rambo urbano. Es la forma en que el poder resuelve, o cree resolver, los efectos de su salvajismo, con el aval de una burguesía asustada que en definitiva escupe contra el viento y crecientemente atrincherada en esos ridículos medios de seguridad que demuestran, una y otra vez, no servir para nada.
La Corte, al fin y al cabo, dice que es impotente contra la ley de la selva y que son los demás quienes deben modificarla. Se comparta o no ese criterio, es imposible no preguntarse por la influencia ejercida en este fallo desde la prédica comunicacional cotidiana, incansable, virulenta, que se pretende simple espejo de lo que ocurre mientras alienta todos los valores de mierda capaces de asentar y multiplicar la injusticia social: la exuberancia de riqueza, el consumismo desaforado, la frivolidad analítica, la violencia como show bien pagado por el rating y, después, que alguien venga a salvarnos de todos los que quedan afuera para mirarla con la ñata contra el vidrio y sed de revancha.
¿Pudieron los jueces permanecer ajenos a esa fenomenología de pensamiento barato que, para el caso, se contenta con exigir la baja de la edad imputable, leyes más duras e instrumentos de represión incrementados? Herramientas fracasadas, todas, aquí y en el mundo entero. No importa. La gente quiere eso y los medios venden con eso. Y la derecha se asombra gratamente por el fallo de la Corte, porque dice que dejó de lado factores ideológicos y tomó nota de la realidad. Son los mismos que luego hablan de calidad institucional y promueven la necesidad de una Justicia independiente, desprendida de agentes emocionales condicionantes.
En el turno de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la prensa adjudicó su partida a dos motivos centrales: ser una de las viudas de Alberto Fernández e incurrir en graves irregularidades de gestión, presuntas corruptelas incluidas. El primer dato es formalmente correcto, y el segundo susceptible de comprobación. Y también es cierto que su nombramiento tuvo que ver, antes que nada, con un golpe efectista de los K, cuando adherir a la protesta de los vecinos de Gualeguaychú anclaba en el apoyo popular. Acabada esa corriente de simpatía, Picolotti siguió más bien por inercia. Pero su verdadero ingreso en desgracia, capacidad como funcionaria aparte, se registra cuando osa inmiscuirse en las probables andanzas contaminantes de Papel Prensa. La empresa tiene el virtual monopolio de la producción del papel para diarios y sus accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación. Hacia mediados de año, la Presidenta admitió que el embate periodístico contra la secretaria se debía a su afán de inspección a la planta de San Pedro, que descarga sus desperdicios en el río Baradero y que, de avanzar la causa judicial, podría ser obligada –tal como también admitió Cristina Fernández– a una inversión de 10 millones de dólares. En efecto, Picolotti fue despedazada por la sensible prensa independiente que tanto se preocupa por el bienestar general de la ciudadanía. Sólo que hasta hace unos meses parecía contar con el aval presidencial. Y ahora le soltaron la mano. Los motivos que hayan conducido a ello quizá se justifiquen. La casi unánime ignorancia mediática acerca del proceso por contaminación contra una de las compañías de los dos diarios más importantes del país... ya es un poquito más difícil.
Este miércoles se cumplen los 25 años del retorno democrático. Son los mismos años que lleva la imposibilidad –la decisión política, es decir– de sancionar una ley de radio y televisión que reemplace a la vigente, que data de 1980. Junto con la ley de entidades financieras, impulsada por Martínez de Hoz en 1977 y que también subsiste, su continuación es, en lo institucional, la herencia más bochornosa de la dictadura.
Desde 1983, algunos contenidos fueron derogados pero entre ellos se cuentan también los que, durante el menemato, permitieron la concentración de medios, más tarde de multimedios y ahora de megacorporaciones, con un grado de impudicia que prácticamente no reconoce antecedentes mundiales. Que este instrumento vergonzoso cumpla sus bodas de plata, junto con el retorno del estado de derecho, acerca una justa idea del tamaño fenomenal que tuvieron las presiones de los grandes grupos mediáticos para impedir su sustitución. No es que no se supo. No se pudo porque no se quiso dotar al espectro radiotelevisivo de un andamiaje legal que promoviese su democratización. Como no se cansaba de reiterarlo Nicolás Casullo, los medios son hoy el gran partido de la derecha y continuará siendo así. A menos que, para lo que a esta altura sería una sorpresa mayúscula, el Gobierno se decida a descongelar el proyecto de una nueva ley –ya terminado en sus objetivos centrales– y lo lance al Congreso en un año electoral.
La democracia cumple un aniversario de esos redondos. 25. Habrá balances de cualquier tipo y factor, pero téngase la absoluta seguridad de que faltará uno: el de los medios de comunicación respecto de sí mismos.
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