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sábado, 8 de octubre de 2011

BARACK OBAMA, LA NUEVA INQUISICIÓN







Mientras la Argentina está dando ejemplo a escala planetaria con los juicios a los genocidas de la última dictadura cívico militar, por los delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país; los Estados Unidos atropellan los derechos humanos y las leyes, hasta su propia Constitución, asesinando sin juicio previo al ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki. Otra muestra del desprecio que los poderosos yanquis sienten por las leyes, la convivencia democrática y la vida humana.

No sólo promueven guerras y matanzas, como en la Masacre Hiroshima Genocidio Nagasaki, en Irak, Afganistan, y últimamente en Libia, sino que dentro de sus propias fronteras y en cualquier lugar del planeta, la violencia imperialista anticipa y promueve en su cine colonizador y reaccionario ─en la película "Minority Report" (Steven Spielberg, 2002), la policía sabe qué crímenes se van a cometer antes de que sucedan; o las torturas necesaria en la serie 24 y Jack Bauer, por el canal FOX, instalan que nadie está seguro de los terroristas acechando por doquier y la única salida es combatirlos a como dé lugar─ las acciones que llevarán a la práctica.


1
“Yo no lo hice. Siento mucho su pérdida. Pero no maté a su padre, hermano o hijo”. dijo Troy Davis antes ser ejecutado el 21 de septiembre de 2011, en una prisión de Georgia, en los Estados Unidos.

Troy Davis tenía 43 años y era, hasta hace unos años, la esperanza de una familia negra y pobre. Un universitario de futuro prometedor, que a los 23 años fue a dar a la cárcel acusado de matar al policía Mark Mc Phail, en 1989.

Desde un inicio la condena a Troy Davis estuvo enmarcada por un rechazo público sin precedentes, dado lo irregular del proceso que lo condenó. Troy fue encontrado culpable, peses a que el arma asesina nunca apareció, no se estableció el motivo del crimen y siete de los nueve testigos presenciales que lo acusaron, se desdijeron durante el proceso.

Amnistía Internacional aseguró que el fallo que condenó a Troy “fue una catastrófe para el sistema de justicia”. La entidad hizo una campaña pidiendo la anulación de la pena, a la que se sumaron, entre otros, el gobierno de Francia, el ex presidente Jimmy Carter, el Papa Benedicto XVI y entidades abolicionistas que juntaron más de 600 mil firmas respaldando el pedido de clemencia.

ASESINATO LEGAL = PENA DE MUERTE




2
Ciudadanos estadounidenses fueron asesinados sin juicio previo. Barack Obama lo relató emocionado junto a sus funcionarios. El gobierno de la primera potencia miltar del mundo violó la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos:

    «No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation».

    Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.


3
OBAMA CON LICENCIA PARA MATAR




4
En 2009, se realizó una Investigación del Panel de Juristas Eminentes sobre Terrorismo, Lucha Antiterrorista y Derechos Humanos, bajo mandato de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), con sede en Ginebra.

Los ocho jueces y abogados del panel fueron: Arthur Chaskalson (Sudáfrica), Georges Abi-Saab (Egipto), Robert K. Goldman (EE UU), Hina Jilani (Pakistán), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Mary Robinson (Irlanda), Stefan Trechsel (Suiza) y E. Raúl Zaffaroni (Argentina).

Varias entidades -entre ellas, el Ministerio suizo de Exteriores-, apoyaron financieramente la realización del informe, resultado de 16 audiencias en más de 40 países.

En dicha investigación de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), presentada en Ginebra y en Londres, el informe de 200 páginas señalaba que siete años depués del 11-S era momento de revocar leyes y políticas abusivas...

    ─ swissinfo: ¿¿Estas prácticas que conocíamos en el Cono Sur en décadas pasadas se están reproduciendo a escala mundial?

    ─ E.R.Z.: Bueno, creo que sí. La evidencia, la tenemos. La característica de estas prácticas es que el sistema penal se diversifica en tres. La seguridad nacional da como resultado un sistema penal formal que más o menos sigue funcionando para la delincuencia común. Un sistema penal paralelo de detenciones sin intervención del poder judicial, -ahora sería Guantánamo; en nuestros países siempre fue el estado de sitio, el estado de emergencia, detenciones a disposición del poder ejecutivo sin puesta a disposición de los jueces. Y el tercer sistema penal que crea esta diversificación, que es el más terrible, es el subterráneo: desapariciones forzadas, secuestros, torturas, etc.; sí: los 30 mil desaparecidos de la Argentina... A nivel internacional, en este momento con gran alarma vemos las 'extraordinary renditions' (rendiciones extraordinarias) y vemos los centros de detención clandestina o ilícita que han existido en Polonia y en Rumania del 2002 al 2007, que están denunciados en el informe del senador (suizo) Dick Marty...


Es muy claro el análisis del juez Eugenio Raúl Zaffaroni cuando dice: «Se está planetarizando lo que era la vieja ideología de la segurdad nacional... esto lleva a romper el concepto mismo de Derecho, es decir, a un delincuente se lo combate con la ley, si alguien se degrada al mismo nivel pierde la autoridad ética para imponer la pena, si para combatir el terrorismo se convierten en , pierden la autoridad ética para combatirlo. (...) Estados Unidos no ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, incluso no ha ratificado la convención americana de derechos humanos, el pacto de San José de Costa Rica no está ratificado por EE.UU...».



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