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sábado, 25 de junio de 2011

EXTRACCIÓN DE SANGRE Y DESPUÉS




La historia de FELIPE y MARCELA es una saga de 10 años de Injusticia, y no sólo un cúmulo de expedientes, jueces y abogados colaborando con la impunidad de Ernestina.

Es la prolongación infame de la dictadura genocida corroyendo la base misma de la democracia, conviviendo con nosotros, y mintiéndonos en la cara desde el Grupo Clarín y sus acólito, dirigidos por Héctor Magnetto.

La historia es tan compleja, y el poder del multimedios tan enorme, que la mezcla de todos los componentes dan por resultado una dolorosa pesadilla donde sufrimos todos los argentinos de buena leche.

Al final, la semana pasada, Felipe y Marcela Noble Herrera accedieron a realizarse exámenes de ADN para cruzar con todas las familias del Banco Nacional de Datos Genéticos, voluntariamente, y así, quedó habilitada la jueza federal Sandra Arroyo Salgado a avanzar sin condicionamientos con las medidas de prueba que Abuelas de Plaza de Mayo y los abogados de las familias querellantes vienen planteando desde hace más de una década.

Esto significa que los pibes no era perseguidos ni presionados, como tergiversaron los medios hegemónicos, sino que ─en el mejor de los casos─ Felipe Y Marcela estaban mal aconsejados por los abogados de Clarín, no permitían que actuara la Justicia e impedían obtener las pruebas ─la sangre─ para esclarecer su verdadera identidad que viene siendo ocultada desde la dictadura.


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De esto se trata todo: saber la verdad.

En todos estos años que llevamos de democracia, Clarín mintió doblemente, o mejor, publicó mentiras al cuadrado: por un lado impidió por todos los medios –volteo un juez: Marquevich; tuvo otro que paró la causa por años: Bergesio; dieron muestras de sangre contaminada: los jóvenes; apelaron, ensuciaron, chicanearon: los abogados de Ernestina– que se obtuviera un medio de prueba, el tan mentado y necesario ADN. Por otra parte, se encargó de tergiversar las noticias, ocultando el propio accionar corporativo, mostrando la causa como una maniobra para perjudicar al Grupo Clarín y a su dueña.


2

Las muestras biológicas que este viernes 24 entregaron al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, deberán quedar almacenadas como parte del Archivo Nacional de Datos Genéticos, "con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro".

Así lo establece la Ley 26.548 sancionada el 18 de noviembre de 2009, y promulgada el 26 del mismo mes. Allí se establece Ambito funcional, Objeto, Funciones, Archivo Nacional de Datos Genéticos, y Reserva de la Información.

La preservación del material biológico de los Noble Herrera es un reclamo de los querellantes en la pesquisa para que pueda realizarse su cotejo con futuras muestras que familiares de víctimas de la represión ilegal de la última dictadura sigan aportando al Banco.

La ley del BNDG sostiene además que "en el Archivo se registrará la información genética de aquellas personas cuyas muestras hayan sido remitidas al Banco Nacional de Datos Genéticos a través de una causa judicial, así como aquella que se haya aportado a través de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad".


3

Recordemos que el 2 de junio, la Sala II de la Cámara Nacional de CASACIÓN Penal (jueces Guillermo YACOBUCCI, Luis García y Raúl Madueño) en un fallo sorprendente legitimó los trámites de adopción irregulares de los niños –que fueron incriptos como Marcela y Felipe, gestionados en pleno terrorismo de Estado– y limitaron el entrecruzamiento de ADN de los jóvenes a las familias cuyas hijas fueron secuestradas antes de las fechas en las que –según esos expedientes– comenzaron los trámites: 13 de mayo de 1976 en el caso de Marcela, 7 de julio del mismo año en el caso de Felipe.

Ante un pedido de aclaratoria, Madueño cambió de postura y dijo que el cruce debía hacerse con todo el BNDG. El viernes pasado, luego de que Abuelas, los abogados Pablo Llonto y Alcira Ríos, y el fiscal Raúl Plee presentaran un recurso extraordinario, los jóvenes se presentaron sorpresivamente ante la jueza de primera instancia, justo cuando se vencía el plazo para apelar y le notificaron su voluntad de someterse a una extracción de muestras de ADN.


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Ante el nuevo escenario, ya sin derechos encontrados entre las partes, la jueza Arroyo Salgado resolvió el miércoles 22, convocar para el viernes 24, a Marcela y Felipe al Hospital Durand para concretar el paso inicial del proceso de identificación. El mismo día notificó formalmente sobre las novedades a Casación. El mismo miércoles 22, el máximo tribunal penal del país suspendió el trámite de las apelaciones, lo que implica que no siguió adelante con los pasos habituales, como dar vista de los recursos extraordinarios a todas las partes antes de resolver.

“Casación está diciendo que ante el nuevo escenario no va a sacar ninguna resolución nueva. Le está diciendo a la jueza: ‘Resuélvalo usted’”, interpretó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

“Casación se había pronunciado fijando límites ante un conflicto entre las partes que ya no existe. Ahora no hay tensión que resolver porque hay acuerdo entre todos los involucrados. Lo más razonable es que la jueza saque una nueva resolución, sencilla, explicando que, desaparecido el conflicto de derechos, puede avanzar con las medidas que establece la ley. No estaría desautorizando a un tribunal superior sino resolviendo una situación de hecho distinta”.



5
Esto es sólo el comienzo. Pueden ser hijos de desaparecidos o no. Pueden seguir queriendo a Ernestina o no. Pero la lucha de Madres y Abuelas, la movilización popular, el nuevo tiempo que estamos viviendo, con nuevas voces discutiendo la hegemonía del relato unívoco de los multimedios, son datos de una nueva Argentina que no se detiene ante el poder de las corporaciones.

continuará...


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Daniel Mancuso

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