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lunes, 27 de septiembre de 2010

JUEZ HARISGARAT de MAGNETTO



Lo que está sucediento con la Ley de Medios es un escándalo. Si alguien dice que en este país no hay Justicia, podríamos llegar a darle la razón. Otra vez, un juez traba el normal desarrollo de la democracia al impedir la pluralidad de voces y beneficiar a un grupo empresarial.


1
La ley 26.522 fue votada el año pasado en el Congreso Nacional y está vigente. Sin embargo, pese a ser votada en la Cámara de Diputados por: 147 votos a favor (con 3 abstenciones y 3 en contra), ; y por 44 certezas contra 24 falacias en la Cámara de Senadores, no podemos disfrutar de los derechos conquistados.

El monopolio Clarín y sus satélites desinformativos se resisten a obedecer las leyes y la Constitución nacional. Con ayuda de jueces adictos subordinados a los caprichos corporativos, insisten en detener la aplicación de la nueva ley 26.522 de la democracia.




2
El periodista Mario Wainfeld nos cuenta la increible historia de cinismo judicial. En su análisis dominical de Página 12 nos habla sobre los Dolores de parto...

  • La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual azuza la hipocondria pleitista de la patronal. Quizá el cronista se equivoque al fustigar su escasa versación, acaso leyeron el Martín Fierro: saben hacerse amigos del juez.

    Adolfo HARISGARAT, conjuez federal de Dolores acogió, con tanto beneplácito como ligereza, un amparo promovido por un empresario local, dueño de una señal de cable. El demandante alegó que la empresa Cablevisión le hizo saber que la señal de cable local El Garage, de su propiedad, sería retirada de la grilla del multimedios, por orden gubernamental.

    Esa directiva no existe pero desde el derecho romano rige un proverbio (en latín, como cuadra) de minimis non curat praetor. Esto es, el juzgador no repara en cuestiones mínimas, en detalles. En este caso, el “detalle” es que se litigó contra una norma virtual, apenas contra una amenaza de la empresa oligopólica. Pero la sentencia condena al Estado.

    Su Señoría no es minimalista, para nada: ni para escudriñar los hechos ni para extender las consecuencias de su sentencia. Hizo lugar, como rayo, al reclamo sin “limitarse” al caso que le fue sometido. El empresario de Dolores, que instaba a los tribunales por un virtual conflicto con la grilla local, obtuvo como por arte de magia una sentencia de alcance nacional. El nuevo orden en la grilla de los canales quedó suspendido para todo el país que, aunque el conjuez Harisgarat lo soslaye, abarca muchas otras ciudades que Dolores, incluso 23 provincias amén de la de Buenos Aires.

    El fallo, por decirlo en términos técnicos, oscila entre ser una vergüenza y una canallada. El sentenciante exorbita a niveles absurdos su competencia. Sin que medie prueba del agravio, sin que haya acto jurídico estatal, sin que se explique por qué un litigante queda investido de legitimación para representar a todos los empresarios de su rubro.

    La “sentencia fácil”, un vicio recurrente en la jurisprudencia actual, desafía a la Corte Suprema de Justicia que tiene pendiente la decisión sobre una medida cautelar referida a la ley de medios. Cunde la versión, fundada en filtraciones de la cumbre del alto tribunal: la Corte desestimará el recurso, alegando motivos procesales y desestimando la gravedad institucional en juego. Al hacerlo incentivará la irresponsabilidad de los tribunales inferiores como el que mencionamos, prestos a verticalizarse con cualquier reclamo corporativo e irresponsables al abusar de su jurisdicción. Ignorar la realidad subyacente sería una grave defección de la Corte, dicen que está en puerta.

    Pasado mañana habrá una movilización oponiéndose a esa tropelía. Como es cotidiano, ciudadanos marcharán ante un poder del Estado para hacerle conocer sus derechos y, claro, darle noción del peso del número. Derecho de peticionar, se le llama. La narrativa dominante lo denomina “ataque”, salvo que se ejercite para cuestionar al oficialismo.

3
Ante la perspectiva de que en pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelva sobre la medida cautelar surgida del recurso de amparo interpuesto por el Grupo Clarín al Art.161 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Coalición por una Radiodifusión Democrática reafirma: que todos los sectores involucrados en la comunicación deben ajustarse a derecho y en los plazos previstos en la ley.

No es posible que los monopolios que aún conservan posiciones dominantes y más
licencias que las permitidas por la ley, resistan su cumplimiento para preservar sus privilegios ilegítimamemente conformados incluso por sobre los límites de concentración que les daba generosamente la ley de la dictadura empeorada por decreto de necesidad de urgencia durante el neoliberalismo de los 90.

La cantidad de licencias previstas por la Ley 26.522 y la consecuente devolución de las usufructuadas durante décadas, son requisitos indispensables, para distribuir la palabra y garantizar la pluralidad comunicacional.

Esta garantía se hará efectiva con la participación popular, rasgo distintivo de todo el proceso que se llevó a cabo desde la elaboración de los 21 puntos, en el año 2004, hasta la sanción de la Ley 26.522, en el año 2009.

Es por ello que convocamos a las organizaciones populares y al conjunto de la
sociedad a manifestarse una vez más, para legitimar la Ley.


LA LEY DE MEDIOS ES PARA TODOS
PARA LOS MONOPOLIOS TAMBIEN
MARTES 28 DE SETIEMBRE DE 2010 A LAS 17 HS
TODOS FRENTE A TRIBUNALES


La Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
http://www.lacorameco.com.ar


A.R.B.I.A
Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de Argentina
http://www.arbia.org.ar


Movimiento Peronista Bloguero
http://mpb1945.blogspot.com/









Mientras Clarín maneje la Justicia y la oposición legislativa a su antojo, la sombra de la Ley de Radiodifusión 22.285 (de la Dictadura cívico militar del 76) sigue tapándonos las posibilidades de una comunicación democrática. Demos gracias a los jueces canallas como Adolfo HARISGARAT.



Daniel Mancuso



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