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jueves, 11 de febrero de 2010

EL PARTIDO JUDICIAL, MONETA Y DESPUÉS



Palos porque bogas, palos porque no bogas. Si se firma un DNU, los opositores pegan el grito y dicen que el Congreso debe expedirse. Los DNU son legales y constitucionales ¿Sabías? Claro, lo que pasa que la tele y los políticos chantas te confunden.

Ahora, los opositores tilingos, aliados a los monopolios y la canalla judicial, no dejan que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual siga su curso de democratización de la palabra y las ideas.

La ley 26.522 fue votada en el Congreso Nacional. En Diputados y en Senadores.

La Cámara de Diputados dio media sanción por amplia mayoría a la ley de Servicios Audiovisuales, por 147 votos a favor con 3 abstenciones y 3 en contra.

El Senado aprobó en general por amplia mayoría (44 votos a favor y 24 en contra) la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Quedó atrás la Ley de Radiodifusión 22.285 de la Dictadura.

En diálogo con Radio 10, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, explicó que "desde el 10 de diciembre está en plena vigencia" la nueva normativa, pero que "su aplicación fue suspendida por un recurso de amparo". Además, adelantó que el Gobierno está apelando la medida cautelar y dijo que confía en que se revierta.

  • "La ley está en plena vigencia pero estamos apelando una medida cautelar de una jueza de Mendoza que suspendió la aplicación de la norma... Confiamos en las razones jurídicas que tiene la ley de la democracia... Por un recurso de amparo la ley está suspendida en su aplicación; presentamos un recurso y esperamos que la sala II de la Cámara de Mendoza se expida".
  • "Argentina está en los umbrales de emisión de televisión digital... Este año, en el corto plazo, cualquiera va a poder recibir las primeras señales experimentales de ese formato... El proceso de la TV digital es imposible de demorar, va a generar muchos beneficios, va a permitir múltiples canales de televisión. Estamos en los umbrales de que empiece a masificarse".
  • "Es un aspecto de la democratización muy importante; por la televisión abierta se van a poder recibir múltiples señales ...se trata de la nueva tecnología que es aportada por la democracia".

Mariotto se refirió a la medida cautelar dictada por la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, quien suspendió la aplicación de la ley luego de que el diputado nacional Enrique Thomas (Peronismo Federal) cuestionó -vía judicial- la validez del tratamiento legislativo de la Ley de Medios.

Además, la ley 26.522, sancionada el 10 de octubre último, recibió otros cuestionamientos en los tribunales de Salta, Buenos Aires y San Juan. Esto demuestra la avanzada reaccionaria de la oposición que judicializa la política, y así deslegitima una ley votada por amplia mayoria en ambas cámaras del Congreso Nacional. Es un grave atentado a la democracia que un juez trave la aplicación de una ley votada legítimamente y no permita avanzar en la construcción de ciudadanía. Otra vez, la dictadura se hace presente en uno de sus cuadros judiciales, que por miles todavía, habitan los pasillos del los Tribunales.



La diputada radical Silvana Giudici salió al cruce de las declaraciones de Gabriel Mariotto para aclarar que en realidad "no es la ley de Medios de la democracia", como sostiene el funcionario, sino "la ley de Medios de Néstor Kirchner para controlar a la prensa". Toda una definición ideológica: Giudici se alínea abiertamente en defensa de los intereses de los monopolios mediáticos. Clarín la premia cada tanto con algún reportaje y minutos de pantalla en TN.

En duros términos la legisladora, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión, sostuvo que "Mariotto dice que esta ley es de la democracia cuando la primer decisión que tomo en el nuevo Comfer, fue otorgarse plenos poderes a él mismo creando un organismo intervenido y sin órganos de control".

Mariotto había dicho que "la suspensión de la Ley favorece a los medios del grupo monopólico, que no quieren bajo ningún aspecto que haya una ley de la democracia".


A pesar de fallos judiciales contrarios La Ley de Medios va tomando cuerpo. El proceso de reconversión del mapa de medios audiovisuales en Argentina se activó en octubre de 2009 con la sanción de la nueva ley. Desde entonces, diversos pasos progresivos se están generando en los tiempos previstos.


Ahora Clarín juega en la Justicia.

Avanza a paso firme la aplicación de la Ley de Medios. Ya fue puesta en marcha la conformación de la nueva Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

A partir de los próximos meses comenzará a revelarse el verdadero mapa de la radiodifusión en la Argentina. La última pelea será lograr la reglamentación de la norma y terminar de aprobar la estructura del nuevo organismo.

Todos los servicios de radiodifusión tienen tiempo hasta el 15 de marzo para informar sobre la situación de sus señales. Así lo establecen las primeras resoluciones emitidas a principios de enero por la Autoridad de Aplicación sobre relevamiento de licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, el ordenamiento de los servicios de televisión de baja potencia y la reglamentación del registro de señales previsto por la ley 26.522.

PRIMERAS RESOLUCIONES. Las cuatro primeras normativas llevan la firma del titular la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto.

La 1/2009 convoca a los “prestadores de las personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, con o sin fines de lucro que se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora sin autorización".

La siguiente resolución, la número 2/2009, dispone "el relevamiento obligatorio de las licencias, autorizaciones, permisos precarios y provisorios, y emisores reconocidas que se encuentren vigentes, correspondientes a servicios de radiodifusión sonora (AM y FM) y televisión abierta en todo el ámbito de la República Argentina".

“Cada persona física o jurídica o autorizado a operar un servicio de radiodifusión tiene que presentar la información de cuales son los servicios que está operando y están en funcionamiento, con vistas a resolver una de las cuestiones que plantea la ley que es la creación de un registro público de licencias y de autorizaciones”, explicó el coordinador de la Autoridad de Aplicación, Luis Lázzaro, a Buenos Aires Económico.

Con esta información se conformará el Registro Público de Licencias y Autorizaciones que permitirá "identificar al licenciatario o autorizado, sus socios, integrantes de los órganos de administración y fiscalización, parámetros técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que resulten de interés para asegurar la transparencia".

En cuanto a la resolución 3/2009, se expresa la necesidad de "regularizar la operatividad de los servicios de televisión de baja potencia, toda vez que su prestación integra el círculo de intereses que puja por un espacio relevante en la radiodifusión argentina, en tanto se dirigen a comunidades, con elementos de identidad compartidos y necesidades comunicacionales específicas".

Por último, la última resolución se refiere al Registro de Señales, en el que deberán inscribirse "los responsables de la producción y emisión de señales que se difundan en el territorio de la República Argentina".

El ex coordinador del Comfer informó que “la creación de un registro de emisoras operativas que no tienen autorización sirve para conocer cual es el nivel de ocupación del espectro radioeléctrico, y determinar si hay lugar o no disponible con vistas a normalizar esta situación y a las reservas que establece la ley”.

La nueva Ley de Radiodifusión cambió las reglas de juego sobre todo en beneficios de los medios alternativos, y además abrió la participación de los pueblos originarios en el esquema de comunicación.

“Ahora con este registro tienen la posibilidad de presentar su situación. Las entidades que a partir de ahora con la nueva ley van a querer operar una estación de radio o televisión y para eso hay que tener la previsión de la reserva del espectro”, detalló uno de los creadores de la norma.

Las nuevas autoridades. Un paso más para la puesta en marcha de la ley fue la designación de Claudio Alberto Schifer en el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El abogado especializado en temas de comunicación, que desde el 2004 se desempeñaba como asesor de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, fue propuesto por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual en representación del oficialismo.

Otra resolución - publicada el 15 de enero con el número 66/2010 en el Boletín Oficial - oficializó el nombramiento de María Beatriz Lenz como integrante del directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, encabezado por el cineasta Tristán Bauer. Lenz asumió su banca como diputada nacional por el oficialismo en el 2008, en el lugar que dejó vacante Mercedes Marcó del Pont cuando se hizo cargo de la titularidad del Banco de la Nación Argentina.

Antes se aprobó la designación de Gabriel Mariotto en la presidencia del directorio de la Autoridad Federal. Un decreto firmando por la presidente Cristina Fernández de Kirchner y el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, designó además al pampeano, Manuel Baladrón, al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y a Eduardo Seminara como integrantes del directorio. Los dos últimos fueron nombrados en representanción del Consejo Federal.

El órgano de aplicación contará con 7 miembros, y para que se complete la conformación de la autoridad aún resta que la oposición proponga a sus dos representantes.

La discusión por la conformación de la Bicameral continuará en febrero. La oposición desconoce a la Bicameral, tras un fallo de la Justicia de Mendoza que ordena la suspensión de la ley.

Fallo sin notificar. Sectores opuestos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual buscan frenar la aplicación de la norma a través de la Justicia.

Hasta ahora no hay una decisión judicial que suspenda su aplicación. Hubo tres fallos referidos a algunos artículos de la norma, y uno sólo que apunta suspenderla en forma completa.

El gobierno aún no recibió la notificación oficial de este último, y se estima que la jueza de Mendoza Olga Pura de Arrabal enviará la cédula judicial en febrero tras la feria de verano.

El 10 de octubre pasado, el Senado aprobó y convirtió en ley, tras casi 20 horas de debate, el proyecto oficial sobre Servicios de Comunicación Audiovisual. Tras su sanción, la norma sufrió cuatro fallos judiciales dictados en Buenos Aires, Salta, Mendoza y San Juan.

El gobierno cree que los fallos están afectando el derecho de la libertad de expresión de los ciudadanos. El primero contra la ley fue dictado por el juez federal Edmundo Carbone, de Capital, que suspendió el plazo de un año para que los grupos monopólicos vendan las empresas que exceden los parámetros impuestos por la nueva normativa.

En Salta, el juez federal Miguel Medina suspendió varios artículos.

Luego la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal falló contra la aplicación de toda la ley, tras evaluar que el Congreso habría cometido serias irregularidades reglamentarias para la sanción.

El último caso fue en San Juan por parte del juez Leopoldo Rago Gallo, que hizo lugar a un amparo presentado por un grupo empresario de los medios.

Cierto es que durante el primer semestre de 2010 la ley continuará aplicándose y los cambios comenzarán a vislumbrarse, aunque los primeros no sean notorios, sí esenciales para avanzar.





Volvió Menem, perdón, Moneta.


Raúl Juan Pedro Moneta fue uno de los hombres que acumuló más poder en los medios durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Desde sus entidades financieras en Mendoza, se relacionó con el Citibank y Telefónica de España para controlar radios y canales de televisión nacionales y regionales.

Llegó a discutirle el escenario al poderoso Grupo Clarín, cuando el multimedios se enfrentó a cara de perro con el menemismo.

Denunciado e investigado por lavado de dinero y por la caída de los bancos República y Mendoza, bajó su perfil, luego del alejamiento del riojano de la Casa Rosada. Sin embargo, sus lazos con la Justicia le han permitido frenar varios procesos en su contra y le han costado el cargo a varios magistrados que osaron indagarlo, como el juez federal Luis Leiva.
..


Ahora, el Gobierno denunció ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el nuevo Comfer) al Grupo Moneta-Garfunkel por una operación de compra de estaciones de radio que "excede los límites establecidos por la ley de radiodifusión", un tema que también será derivado al Congreso.

La presentación en la Autoridad Federal que conduce Gabriel Mariotto estuvo a cargo del subsecretario General de la Presidencia, el radical Gustavo López, tras conocer "la adquisición que hizo el grupo de un paquete accionario que incluye más radios de las que la ley permite".

Gustavo López (ex interventor del Comfer durante el Gobierno de la Alianza) explicó que ya mantuvo contactos con la diputada nacional Silvia Vázquez (del Partido de la Concertación - FORJA y presidenta de la Comisión de Comunicaciones) para que también denuncie el caso ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, creada por la nueva ley.
  • "No se trata de cuestiones personales con quien compra o vende. Simplemente me llama la atención que concreten esta operación a sabiendas de que la ley no lo permite. me resulta preocupante".
  • "La oposición debe participar en el debate legislativo -teniendo en cuenta que aún no designaron sus representantes en el nuevo Comfer- y aprovechar la oportunidad de controlar que la Autoridad de Aplicación cumpla con lo suyo".
  • "Se trata de un caso testigo porque esta operación no sólo no cumple con las reglas de la actual ley de radiodifusión sino que tampoco respeta la de los militares, por lo que no hay entonces posibilidad de controversia, como si con aquellos grupos que aducen derechos adquiridos".
Agregó López: "La ley anterior permitía tener por grupo en cada ciudad una radio AM y una FM. La nueva ley permite un poco más: una de AM y dos de FM" y por eso al comprar 4 radios de sintonía FM y una AM (a la que se le debe sumar la AM propiedad de Moneta), el grupo Moneta-Garfunkel viola las reglamentaciones nacionales.

Según trascendió, la sociedad que integran los empresarios Raúl Moneta y Matías Garfunkel Madanes compró las 3 FM que el grupo mexicano CIE tenía en el país: se trata de Rock & Pop, Metro y Blue 100.7, a las que se suman otras emisoras como las AM Splendid y Belgrano, y la FM San Isidro Labrador.


Palos porque bogas, palos porque no bogas. No es facil hacer política y gestionar cuando enfrente tenés, ya no políticos opositores, sino dirigentes irresponsables y mediocres que priorizan apetencias electoralistas a la ética y la dignidad de llevar adelante decisiones que beneficien al conjunto de las población.

La oposición lastima a la democracia, en cada declaración, en cada acción destituyente, en cada mezquindad que cometen a diario. Oponerse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hacerle el juego a los monopolios, desprestigiar a la política y confundir a la ciudadanía es poner en peligro la paz social y el futuro de todos...


Daniel Mancuso


2 comentarios:

Anónimo dijo...

es el regreso de los muertos vivos... todos los crápulas del menemato retornan en la restauración conservadora que azuza la oposición.
saludos.
Pablo.

Mery dijo...

como siempre Dani info completísima, estoy pensando que deberíamos reflotar los mensajes de las audiencias el otro día los estaba leyendo y hoy sancionada y promulgada la ley tienen plena vigencia, con las trabas ridículas que les están poniendo...
saludos cro!!

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